El Tribunal de Apelación conformado por los magistrados; Camilo Torres, Arnulfo Arias y Gustavo Amarilla, rechazó la recusación al juez Humberto Otazú planteada por Damián Galarza Dardano, uno de los acusados en el marco del presunto daño patrimonial de G. 1108 millones a la Municipalidad de Quyquyhó, ocurrido cuando el ahora diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) fungía de intendente. Lea más: Esteban Samaniego, el diputado con un historial de violencia, denuncias e impunidad El Tribunal asimismo instó al juez Otazú a arbitrar los mecanismos para sancionar los planteos que tienen como objetivo entorpecer o dilatar el desarrollo normal de un proceso.

Los magistrados tuvieron en cuenta la contestación de Humberto Otazú, quien indicó que la parte recusante fundamenta su pretensión en una supuesta pérdida de imparcialidad. El Tribunal indicó que el abogado defensor de Galarza tomó intervención al solo y único efecto de presentar la recusación y así suspender la audiencia del pasado 3 de junio.

Lea más: Intendentas averiadas pasan internas y van por la Junta Municipal Asimismo, el fiscal Silvio Corbeta respondió al Tribunal que todas las presentaciones y recursos presentados por los diversos acusados fueron realizados violando reiteradamente lo que dispone la acordada Nº 1.812 del 16 de julio de 2025, asimismo de violar lo dispuesto en el Art. 112 del Código Procesal Penal. El 11 de diciembre del 2023 el Ministerio Público imputó a 23 personas en el marco de la causa “Esteban Samaniego/lesión de confianza por un presunto daño patrimonial de G. 1.108 millones durante la administración del entonces intendente Esteban Samaniego (2011-2017).

En tanto que, el 12 de diciembre del 2024 el Ministerio Público acusó a la intendenta Patricia Corvalán y a otras trece personas, entre ellas a la madre del parlamentario Blanca Álvarez. Asimismo, están acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero Manuel Olazar y Andrés Alfredo Arrúa Brítez.

Este último es un empresario constructor, amigo del diputado Sanamiego que en la actualidad acapara las obras municipales durante la gestión de Patricia Corvalán. Asimismo, están acusados por administración en provecho propio y asociación criminal: Enrique Lovera Lezcano, Guido Vargas Gaete, Carlos Bareiro Bogarín, Ruth Medina Yegros (actual candidata a intendenta de Quyquyhó por el cartismo), Líder Ramírez Ramírez y Pedro Ettiene Villanueva.

Asimismo, por asociación criminal fueron acusados: Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú, y por administración en provecho propio, fueron acusados: Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez. El diputado, si bien está imputado, sigue sin ser acusado debido a que sus colegas parlamentarios lo blindan y no lo desafueran.

La gran mayoría de los acusados se turnan con diferentes chicanas para dilatar la audiencia preliminar y así evitar que la causa sea elevada a juicio oral desde hace año y medio.