Existe una tesis sobre por qué la Revolución Industrial nació en Inglaterra y no en Francia, Alemania o la India. La formuló el economista Robert Allen y básicamente plantea que todo fue cuestión de precios.

Como la mano de obra calificada inglesa era cara —la más cara del mundo conocido— y el carbón abundante y barato, a los empresarios les resultó rentable hacer lo que en cualquier otra latitud habría sido ruinoso: reemplazar hombres por máquinas. La spinning jenny, la máquina de vapor, el telar mecánico, entre otras innovaciones fabriles, no habrían sido producto del genio inglés, sino de los costos.

Pero esta afirmación es incompleta, ya que omite un factor relevante: junto al trabajador calificado, operaba otra fuerza laboral paralela, que las estadísticas de la época no registraron: mujeres y niños que, por necesidad, hacían funcionar las máquinas a cambio de salarios miserables.De este modo, gran parte del proceso industrial descansó sobre una informalidad nunca documentada.Tres siglos más tarde, Chile transita la era de la revolución digital y la historia vuelve a repetirse, salvo en un punto esencial: esta vez sí estamos contando a los invisibles.Las cifras son conocidas y, no obstante, no dejan de doler. Según el INE, la desocupación llegó al 9,1% en el trimestre febrero-abril de 2026, y entre las mujeres trepa al 10,5%.

La informalidad, en tanto, alcanza el 26,8%: más de dos millones y medio de chilenos que trabajan en la precariedad, sin seguridad social, sin sueldo mínimo, sin estabilidad de ingresos y sin protección alguna. Es el cuarto invisible de nuestra economía: una de cada cuatro personas ocupadas a las que el sistema no mira.Si la Inglaterra industrial pudo alegar ignorancia sobre quiénes operaban sus máquinas, nosotros ya no podemos: conocemos con precisión estadística a quién deja fuera el sistema y, aun así, lo toleramos.¿Por qué quedan fuera?

Porque el diseño regulatorio de nuestro mercado laboral responde a una idea de productividad que ya no existe, ajena a la vida concreta de las personas. Reforma luego de reforma —muchas concebidas al calor del aplauso fácil más que del dato técnico— han elevado el costo de contratar formalmente hasta volverlo, para demasiadas empresas, impagable.

El resultado es perverso y evidente: cuando la puerta de entrada al empleo formal se achica, la gente no deja de trabajar; trabaja por la ventana. Así florece un mercado laboral paralelo que coexiste con el formal y, en silencio, lo destruye.

A dicha informalidad, se sumará pronto una presión de otra naturaleza. La inteligencia artificial todavía no despliega en Chile el efecto disruptivo que ya se observa en economías avanzadas, pero la trayectoria es previsible: a medida que la automatización absorba tareas rutinarias, una fracción creciente de trabajadores formales será expulsada hacia el mismo mercado informal que hoy opera en paralelo.

A esta ecuación se suma un dato demográfico: En Chile nacen cada vez menos niños; la tasa global de fecundidad cayó en 2025 por debajo de un hijo por mujer —0,99, según el INE—, una de las más bajas del planeta.Hoy, un cuarto de los ocupados trabaja en la informalidad, sin cotizar. Y con una fecundidad bajo un hijo por mujer, cada vez habrá menos trabajadores activos para sostener a una población que envejece.

Un sistema así no resiste.El camino no va en proteger menos, sino en diseñar mejor. Si el tejido productivo cambió, el marco que lo regula no puede seguir anclado en la jornada fija y contrato uniforme del siglo pasado.

Necesitamos un mercado laboral que se adapte a las formas de vida modernas: contratos por hora con certeza jurídica, jornadas anualizadas que distribuyan las horas según la demanda real, bandas horarias y modalidades híbridas que permitan compatibilizar el trabajo con el cuidado y el estudio. Y, sobre todo, un sistema de formación continua y formación dual que reconcilie el aula con la empresa, de modo que la reconversión ante la inteligencia artificial sea una política pública deliberada y no una respuesta agónica frente a los cambios de la nueva era.Esta flexibilidad debe alcanzar, con especial urgencia, a las mujeres.

El sistema de sala cuna vigente —que obliga a financiarla solo a las empresas con veinte o más trabajadoras— opera como un impuesto encubierto a la contratación femenina. Universalizar ese derecho, con un financiamiento solidario, inteligente y con certeza jurídica para el empleador, no es un gesto de generosidad: es remover una de las barreras más silenciosas a la formalización de la mitad de la fuerza laboral.Cada trabajador que pasa de la informalidad al empleo formal empieza a cotizar: financia su salud, construye su pensión y deja de quedar a la intemperie cuando enferma, pierde su trabajo o envejece.

Cada empleo que se formaliza amplía la base que sostiene las pensiones, engrosa la recaudación sin subir un solo impuesto y libera a las personas para moverse hacia trabajos más productivos. Y donde hay más productividad, hay más inversión, más y mejores salarios, y un crecimiento que se sostiene en el tiempo.

Formalizar no es un costo que el país deba soportar; es la inversión más rentable que tenemos pendiente.La primera revolución industrial no logró dimensionar a sus trabajadores invisibles porque carecía de los instrumentos para medirlos; nosotros disponemos de las cifras y, aun así, mantenemos a un cuarto de la fuerza laboral fuera del sistema. Quienes creemos en la empresa como motor de progreso tenemos la responsabilidad de señalarlo: ninguna economía sostiene su crecimiento ni mejora su productividad mientras una proporción semejante de trabajadores permanece en la informalidad.

Modernizar el diseño del mercado laboral es una condición habilitante para que nuestra economía vuelva a crecer y un imperativo moral para que nuestra sociedad prospere. *La autora de la columna es abogada y directora de empresas.