En los archivos de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) constan traslados de partida por $103.7 millones supuestamente aprobados el año pasado, pero el origen de las resoluciones que sustentan estos movimientos está en entredicho. Los traslados favorecen a cinco entidades: $61.6 millones solicitados para la propia AN; $26 millones para el Ministerio de la Presidencia; $12.9 millones para la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP); $2 millones para la Cancillería, y $1.2 millones para el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

La diputada independiente Janine Prado sostiene que esos traslados no constan en los listados remitidos en su mometo a los miembros de la Comisión de Presupuesto —de la que ella forma parte—. Por esa razón, el pasado 10 de junio, solicitó al presidente de esa comisión, Eduardo Vásquez, que le informe en qué fecha fueron aprobados y cuál fue el mecanismo utilizado (si acaso fue por insistencia o silencio administrativo).

También requirió copia de la resolución o acta de aprobación. “Es una situación grave, que venimos denunciando y de la cual hemos hecho cruce de información para poder tener mayor certeza y eso son algunos de los hallazgos”, explicó Prado. Agregó que existirían supuestas resoluciones en las que se aprobaron los referidos traslados, pero cuestiona su autenticidad, ya que sospecha que no fueron debidamente discutidos en las sesiones de la Comisión de Presupuesto.

Incluso señala que no encuentra que dichos traslados hayan sido incluidos alguna vez en el orden del día de la comisión para su correspondiente aprobación o rechazo. Para aportar mayor incertidumbre, la diputada pidió al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, que le confirmara si esos traslados habían sido finalmente incorporados al presupuesto general del Estado correspondiente a la vigencia fiscal de 2025.

Chapman respondió afirmativamente y aportó los cuadros con los desgloses correspondientes, en los que consta que, en efecto, esos traslados ingresaron al presupuesto del año pasado. Hay traslados especialmente llamativos.

Por ejemplo, está la solicitud que presentó el Ministerio de la Presidencia el 29 de mayo de 2025 para la compra de “equipos químicos antidisturbios utilizados para el control de multitudes” por $9.9 millones. No se especifican detalles, pero esos “equipos químicos” podrían ser para uso de la Unidad Policial Antidisturbios del Servicio de Protección Institucional (SPI).

Otro traslado dudoso es uno por $5.7 millones, también solicitado por la Presidencia de la República, pero al día siguiente (30 de mayo), para “vehículos blindados”. En total, hay traslados por $26 millones a favor de la Presidencia, que no se sabe cómo y cuándo fueron aprobados por la Comisión de Presupuesto, como observó la diputada Prado.

La Asamblea, que empezó 2025 con un presupuesto asignado de $98.7 millones, requirió traslados de partida por $61.6 millones. ¿Cuándo se avalaron estas solicitudes?

¿Dónde están las actas? Porque en el MEF aseguran que esas cantidades sí fueron registradas.

Siete de las ocho solicitudes guardan relación con pagos al personal (fijo y transitorio), ya sea en concepto de salarios, cuotas a la Caja de Seguro Social (CSS) o partidas del XIII mes. También hay un pedido de $17.6 millones en concepto de “saldo pendiente de los $35 millones solicitados mediante nota 2025 AN PRES de 18 de agosto de 2025”.

Se desconoce el contenido de la referida nota. El traslado a favor de la ATP es para inyectar poco más de $12.8 millones a Promtur.

De esa cantidad, $4 millones son para la campaña “Panamá, anfitrión del mundo”. La ATP también requirió $5 millones como parte de un convenio con Televisa-Univisión para celebrar los Premios Juventud 2025 en Panamá.

En la Comisión de Presupuesto sí reposan las actas que sustentan que ese traslado fue debidamente autorizado. La diputada Prado también busca información que acredite el debido trámite de $2 millones solicitados por la Cancillería para cubrir viáticos de las rotaciones del servicio exterior, y de $1.2 millones para el Mici, destinados a gastos de la Expo 2025 en Osaka, Japón, que se celebró de abril a octubre del año pasado.