Durante años, la industria tecnológica ha crecido a un ritmo difícil de seguir y, sobre todo, difícil de sostener. Por ejemplo, en el sector de la telefonía móvil, se ha establecido por norma que cada año tengamos una generación nueva de un modelo, incluso aunque sea prácticamente un clon del anterior.

Hemos acumulado cables, cargadores y accesorios en cajones para no usarlos jamás. Y es habitual que otros equipos a los que damos menos importancia, como un router, se sustituyan por defecto cada vez que nos movemos de operadora.Esta vorágine de despilfarro y, especialmente, de consumo insostenible ha hecho estragos con nuestros bolsillos y, tal vez, con la cuenta de beneficios de las empresas.

Por eso las grandes compañías tienen una hoja de ruta cada vez más marcada con respecto a la sostenibilidad. El último ejemplo de ello lo ha marcado Telefónica.La teleco asegura que en 2025 gestionó más de cuatro millones de dispositivos procedentes de clientes, operaciones y oficinas con criterios de reutilización y reciclaje.

Del total de equipos recogidos, el 75 % se reutilizó y el 25 % restante se recicló. Entre ellos figuran tres millones de routers y descodificadores, asimismo de equipamiento de red y teléfonos móviles recuperados.No es solo una cuestión económicaSegún los últimos datos publicados por Naciones Unidas, la generación mundial de residuos electrónicos está aumentando cinco veces más rápido que el reciclaje documentado de estos residuos.

En su informe más reciente sobre la materia (2024), estamos generando al año unas 62 millones de toneladas y se prevé que para 2030 la cifra sea de 82 millones de toneladas. Cerca de un millón de todas esas toneladas (935.000) proviene de España.

Eso equivale a 19,6 kilos por habitante.El problema, no obstante, no es solo la generación de residuos, sino cómo se procesan después. La basura electrónica se recicla de forma distinta a otros residuos porque mezcla materiales valiosos –metales, plásticos, vidrio– con componentes peligrosos, como aceites, gases refrigerantes, mercurio, baterías o retardantes de llama.El gran problema es que no toda esta basura entra en el circuito correcto.

En España, de los 935 millones de kilos de residuos electrónicos generados en 2022, se documentaron como recogidos y reciclados oficialmente 395,2 millones de kilos. A escala mundial, solo el 22,3 % de los residuos electrónicos generados en 2022 fue recogido y reciclado oficialmente de forma ecológica documentada.Reutilizar antes que reciclarLa parte más relevante del anuncio de Telefónica no está tanto en el reciclaje como en la reutilización.

Reciclar es necesario, pero suele llegar tarde: cuando un producto ya ha agotado su vida útil o no se ha podido reparar, recolocar o reaprovechar. La reutilización, en cambio, evita fabricar un dispositivo nuevo y reduce el consumo de materias primas, energía y emisiones asociadas.Según Telefónica, en el área de equipamiento de red se reutilizaron más de 780.000 unidades en 2025.

En móviles, la compañía afirma haber recogido cerca de 95 toneladas de terminales y haber reutilizado más de 357.000 dispositivos. También destaca que algunos equipos nuevos, como el router Movistar WiFi 7, incorporan criterios de eficiencia energética, un 70 % de materiales reciclados y embalajes con materiales reciclados certificados FSC.La empresa enmarca estas cifras dentro de su objetivo de alcanzar el ‘cero residuos’ en 2030.

La expresión, habitual ya en los planes de sostenibilidad de grandes compañías, exige cierta prudencia: el reto no está solo en gestionar mejor los residuos que ya existen, sino en diseñar desde el principio productos más duraderos, reparables y fáciles de recuperar. Esto último, asimismo, no responde solo a una cuestión de imagen corporativa.

La regulación europea empuja en esa dirección. La Directiva sobre el derecho a reparar entró en vigor en julio de 2024 y los Estados miembros tendrán que aplicarla desde julio de 2026, con el objetivo de facilitar que los consumidores reparen productos en lugar de sustituirlos antes de tiempo.

A ello se suma la obligación del cargador común USB-C, que busca reducir la fabricación y eliminación de cargadores innecesarios. El Consejo de la Unión Europea calcula que esta medida puede evitar casi 1.000 toneladas de residuos electrónicos al año.