En México la soberanía parece haberse convertido en un concepto de geometría variable. Sirve para unas cosas sí y para otras no.

Cuando se trata de revisar el T-MEC, negociar aranceles o coordinar acciones migratorias con Washington, el gobierno presume cooperación estratégica. Pero cuando las autoridades estadounidenses ponen la mirada sobre algún gobernador de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado, entonces aparece de inmediato la palabra favorita del oficialismo: “injerencia extranjera”.El caso más avanzado es el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente, junto con otros nueve funcionarios, de haberse asociado con la facción de “Los Chapitos” para facilitar el tráfico de drogas a gran escala y recibir apoyo del Cártel de Sinaloa en procesos electorales. Se trata de un hecho sin precedentes: el primer gobernador mexicano en funciones imputado por una corte federal estadounidense por presuntos nexos con el narcotráfico y con una solicitud de extradición de por medio.

La reacción del oficialismo no fue exigir una investigación exhaustiva ni pedir explicaciones. Optó por el libreto de siempre: denunciar motivaciones políticas, hablar de conspiraciones y exigir “pruebas”, como si el expediente judicial fuera una invención y el verdadero problema fuera el idioma en que está redactado.Lejos de ser una excepción, Rocha se ha convertido en el rostro más visible de una lista que no deja de crecer.

Investigaciones periodísticas de Los Angeles Times y otros medios han revelado que al menos otros dos gobernadores de Morena, Alfonso Durazo en Sonora y Américo Villarreal en Tamaulipas, son objeto de indagatorias por parte de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales y redes de huachicol. Como parte de esas investigaciones, ambos habrían perdido sus visas y continuarían ingresando a territorio estadounidense mediante mecanismos especiales reservados para personas que colaboran o participan en procesos judiciales.No hablamos de personajes marginales.

Durazo fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de López Obrador y hoy preside el Consejo Nacional de Morena. Villarreal llegó al poder en Tamaulipas en medio de cuestionamientos sobre el financiamiento de su campaña y presuntos apoyos del crimen organizado.

Hoy ambos comparten una condición incómoda para el discurso oficial: son gobernadores de la llamada transformación que aparecen bajo la lupa de la justicia estadounidense mientras su partido responde cerrando filas y denunciando ataques contra el proyecto político.Los focos rojos no terminan ahí. Diversos reportes han documentado contratos otorgados por gobiernos estatales de Morena a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro por sus presuntos vínculos con la producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa.

También existen investigaciones que alcanzan a funcionarios y representantes del gobierno mexicano en Estados Unidos por posibles irregularidades financieras. Frente a cada nuevo señalamiento, la respuesta es prácticamente automática: negar, desacreditar, victimizarse y culpar a enemigos externos.La soberanía se ha convertido así en una especie de escudo de uso selectivo.

Se invoca para rechazar las investigaciones contra Rocha, Durazo o Villarreal, pero desaparece cuando conviene colaborar en tareas migratorias, de seguridad o comerciales. No se trata de celebrar que otro país haga el trabajo que corresponde a las instituciones mexicanas.

Se trata de preguntarnos por qué los expedientes más delicados sobre narcopolítica avanzan primero en tribunales extranjeros mientras aquí predominan el silencio, la cautela y la protección política.La verdadera amenaza a la soberanía mexicana no proviene de un documento judicial redactado en inglés. Proviene de la incapacidad —o de la falta de voluntad— para investigar a quienes ejercen el poder cuando pertenecen al partido gobernante.

Cuando la prioridad es proteger al compañero antes que esclarecer los hechos, la soberanía deja de ser un instrumento de defensa nacional y se convierte en una coartada para la impunidad.Si México quiere ser tomado en serio como un país soberano, la fórmula no es complicada: ningún gobernador bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado debería seguir controlando policías, fiscalías y presupuestos públicos mientras se esclarecen los hechos. Porque mientras los gobernadores señalados sigan despachando con normalidad y el gobierno federal los arrope con discursos de patria y dignidad, la única soberanía que continúa expandiéndose es la del crimen sobre la vida cotidiana de los mexicanos.