La investigación por la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán, ocurrida el 2 de junio en Nanchital, pasó oficialmente al ámbito federal luego de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solicitara la carpeta el 10 de junio y la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmara su entrega dos días después. Con la atracción, la Fiscalía General de la República asume la conducción del caso, mientras la fiscal estatal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre asegura que su institución mantendrá diligencias paralelas y coordinación con la Federación.

La desaparición de Guzmán —registrada en video y difundida ampliamente en redes sociales— provocó un despliegue conjunto de fuerzas estatales y federales, aunque sin resultados públicos sobre su paradero. La fiscalía veracruzana sostiene que se han recuperado cámaras, tomado declaraciones y analizado el material audiovisual del momento del secuestro, pero no ha informado de personas identificadas, líneas fortalecidas ni hallazgos de búsqueda.

Organizaciones de periodistas y colectivos de la región señalan que la atracción federal confirma lo que el propio historial reciente del estado ya advertía y es que la capacidad local para investigar crímenes contra la prensa está rebasada, y la intervención de la FGR es menos un gesto de coordinación que un reconocimiento de esos límites.