El exmagistrado del Tribunal Superior de Apelaciones, Adrián Hernández, presentó un recurso de reconsideración contra el Acuerdo No.1837 del 8 de junio de 2026, en el cual el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió dejar “sin efecto” su nombramiento en ese cargo. El recurso fue presentado ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia este viernes 12 de junio por la abogada Jhoanna Massiel Sandoval y busca que se revoque la orden adoptada por el Pleno en contra de su cliente.

El Acuerdo No.1837 dejó sin efectos los nombramientos de Hernández y de Justo Vargas, quien también era magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones. Como magistrados, Hernández y Vargas concedieron una medida de casa por cárcel a Abraham Rico Pineda, el hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, que fue detenido en la operación Jericó, que desmanteló una red de tráfico de drogas.

El fallo fue adoptado el 2 de febrero de 2026 por los magistrados Hernández, Vargas y Frank Torres. El Tribunal Superior de Apelaciones tiene como función verificar o revisar las actuaciones o fallos de los jueces de garantías y de cumplimiento, que -a criterio de una de las partes- debe ser analizada por considerar que en primera instancia no fueron valorados algunos aspecto expuestos en la primera audiencia.

Su función principal es garantizar el debido proceso y atender recursos legales para revocar, modificar o confirmar los fallos emitidos en distintas instancias del Sistema Penal Acusatorio (SPA). Los recursos deben ser presentados oralmente y con los mismos argumentos que se expusieron antes el juez de garantías, ya que los magistrados no deben conocer previamente los casos para así mantener la objetividad al momento de dar un fallo.

La remoción del cargo de ambos juristas se dio en el marco de una serie de investigaciones administrativas a lo interno del Órgano Judicial relacionadas con la solicitud de asignación de audiencias, un proceso que en teoría debe ser aleatorio. La magistrada presidente de la Sala Penal, Maribel Cornejo, prohibió a los jueces y magistrados solicitar al personal administrativo de las oficinas judiciales que les asigne alguna audiencia en particular.

La directriz fue impartida a través de una circular que se hizo llegar a todas las oficinas judiciales y funcionarios del SPA. Hernández ingresó al Órgano Judicial en el año 2016.

En 2023 fue designado como magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones. El 3 de enero de 2025, tomó posesión como vicepresidente de ese tribunal, cargo que deseempeñó por un año.

Algunas de sus actuaciones al impartir justicia fueron cuestionadas. Tal fue el caso de la medidas cautelares de casa por cárcel y prohibición de acercarse al barrio de El Chorrillo, que otorgó a un grupo de jóvenes procesados por los delitos de tentativa de homicidio, robo y privación de libertad, luego de un balacera en junio de 2025.

Vargas también adquirió notoriedad porque fue él, actuando como juez de garantías, quien presidió una audiencia del caso El Gallero, el 7 de abril de 2018, en la que se restituyó en el cargo al entonces alcalde de la Villa de Los Santos Eudocio Pérez. Vargas le concedió, a cambio, una medida de impedimento de salida del país.

Con Vargas también sucede que su esposa está imputada en un proceso por presunto peculado relacionado con el manejo de fondos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización a la Junta Comunal de Belisario Porras. Vargas no ha sido notificado del acuerdo expedido por la Corte el pasado 8 de junio, porque se encuentra de vacaciones.

Se supone que debe retornar el próximo lunes.