La jueza de Montoro (Córdoba) que investiga las circunstancias en que tuvo lugar el accidente ferroviario de Adamuz el pasado 18 de enero ha reorientado la instrucción y ahora apunta a posibles delitos de "homicidio y lesiones imprudentes" como objeto del procedimiento.Así lo expresa la magistrada Cristina Pastor en un auto del 10 de junio en el que rechaza la recusación de dos peritos que deben analizar los trenes siniestrados, una impugnación que había solicitado una de las víctimas personadas en la causa, que constataba la relación laboral que previamente habrían tenido, bien con Adif o con alguna empresa subcontratada por el gestor de la infraestructura.Pero la jueza considera que en este caso no concurre ninguna de las causas de recusación previstas en la ley, pues no se puede considerar que "la mera pertenencia al mismo grupo empresarial en obras de tal envergadura por sí sola acredite la existencia de un interés directo o indirecto que pudiera hacer dudar de la imparcialidad objetiva del perito en la presente causa, y a mayor abundamiento cuando las obras recaen en ámbito distinto al ferroviario".En esa línea, argumenta que el recurso de la víctima no ha destruido la "presunción de imparcialidad" de los peritos propuestos. "No consta acreditado que ninguno de los peritos recusados tenga vínculo laboral, estatutario, contractual o profesional directo con las partes personadas o con las entidades relacionadas o que puedan verse implicadas en la presente instrucción que pueda hacer concluir una situación de subordinación, interés, amistad o enemistad con aquellas o sus responsables que ponga en detrimento su imparcialidad objetiva", explica.Asimismo, la instructora especifica que los peritos recusados "no han participado en las obras de reforma y mantenimiento de la vía ferroviaria en la que tuvo lugar el accidente, ni tampoco en trabajos vinculados con las empresas de transporte ferroviario propietarias de los trenes siniestrados".