El Juzgado Penal de la Adolescencia de Lambaré, a través del Auto Interlocutorio Nro. 151, resolvió sustituir la prisión preventiva de dos adolescentes por medidas provisorias de arresto domiciliario. Ambos jóvenes estaban recluidos en el Centro Educativo Integral “La Esperanza” de Itauguá desde el pasado 19 de mayo, luego de intentar asaltar a una conductora de la plataforma Bolt.

El magistrado basó su decisión en el “interés superior del niño” y en la necesidad de que los procesados continúen con sus estudios escolares. Según la resolución, los menores cuentan con matriculación en un colegio de Villa Elisa y presentan informes de buena conducta emitidos por el centro de reclusión.

La defensa pública argumentó que los jóvenes provienen de entornos familiares estables y que el encierro debe ser la última opción. El juzgado otorgó permisos especiales para que asistan a clases por la mañana y por la tarde, bajo el compromiso de sus padres de velar por el cumplimiento de las reglas.

Este fallo cayó como un balde de agua fría para la víctima, Patricia Ayala. La mujer expresó sentirse desprotegida por el sistema de justicia. “Es un regalo, les premiaron prácticamente por lo que hicieron”, expresó la trabajadora, quien recordó que uno de los atacantes fue particularmente violento y la amenazó durante el asalto.

La víctima subrayó que los adolescentes viven cerca de su domicilio, lo que aumenta su sensación de inseguridad. Asimismo, cuestionó el argumento educativo “Dentro de la penitenciaría tienen un lugar para seguir estudiando si de verdad les interesa”.

Expresó asimismo que tiene a su papá en terapia intensiva, y ayudaba económicamente; no obstante, luego de lo sucedido, tiene miedo y no puede salir en las calles. “Es una lástima que no haya justicia en verdad” El asalto sucedió el 19 de mayo en las inmediaciones del Hospital de Lambaré. Según los antecedentes, los dos menores abordaron el vehículo y, a punta de lo que parecía una pistola 9 mm, exigieron a la mujer que descendiera.

Posteriormente, los delincuentes desistieron del robo cuando la conductora les avisó que el automóvil contaba con rastreo satelital (GPS). Poco después, agentes de la Comisaría 17 de San Isidro lograron capturar a los sospechosos y recuperaron la réplica de arma de fuego usada en el asalto.

El abogado de la víctima, Alberto Medina, se opuso a la liberación y expresó que los adolescentes no muestran un arrepentimiento genuino y que los padres ya demostraron incapacidad de control cuando sus hijos planificaron el asalto. La querella advirtió sobre el riesgo de represalias, dado que los imputados conocen perfectamente la fisonomía de la mujer y su herramienta de trabajo.

Como parte de las medidas, el juez impuso a los jóvenes la prohibición estricta de portar armas, consumir alcohol o drogas, y acercarse o molestar a la víctima por cualquier medio, bajo advertencia de revocarles el beneficio de inmediato.