La mujer aceptó los cargos por estafa y falsedad documental agravada luego de ser señalada por la Fiscalía de engañar a decenas de personas con supuestas subastas judiciales.Judith Elbertes Jay Cuervo aprovechaba su condición de abogada para acercarse a potenciales víctimas y ofrecerles la posibilidad de adquirir inmuebles y vehículos a bajo costo, supuestamente a través de remates judiciales.Fiscalía Una jueza impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Judith Elbertes Jay Cuervo, una abogada señalada de estafar a por lo menos 26 personas mediante un esquema de falsos remates judiciales en Pereira y Dosquebradas (Risaralda). Según la Fiscalía, habría obtenido más de COP 624 millones a través de diferentes maniobras de engaño.De acuerdo con la investigación, la mujer aprovechaba su condición de abogada para acercarse a potenciales víctimas y ofrecerles la posibilidad de adquirir inmuebles y vehículos a bajo costo, supuestamente a través de remates judiciales.

Para ello, aseguraba tener contactos en juzgados civiles de Risaralda y en algunas entidades bancarias de Quindío que facilitarían las operaciones.La Fiscalía indicó que, para dar apariencia de legalidad a las negociaciones, entregaba a los interesados documentos con sellos, actas de remate y formatos de consignación en cuentas de depósitos judiciales. Con este mecanismo, entre 2021 y 2024, habría recibido COP 624 millones de ciudadanos que confiaron en las ofertas.No obstante, una vez obtenía los recursos, presuntamente cortaba toda comunicación con las víctimas, dejaba de responder llamadas y se apropiaba del dinero.Asimismo, la Fiscalía indicó que recientemente Jay Cuervo había sido judicializada por hechos similares que habrían dejado al menos 15 víctimas por estafas en Rionegro (Antioquia) y Buga (Valle del Cauca).Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de Risaralda le imputó los delitos de estafa, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado, todas las conductas agravadas.

La mujer aceptó los cargos y deberá permanecer privada de la libertad en un establecimiento carcelario.Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.