La Ley Ricarte Soto, vigente desde 2015, se creó para cubrir enfermedades de alto costo mediante un fondo anual de $100 mil millones. Desde entonces ha ido ampliando gradualmente la lista de patologías cubiertas, ahora suman 27.

Eso sí, hoy tiene un gran pero: desde 2021 no se han incorporado nuevas enfermedades. En concreto, la situación afecta a 39 condiciones de salud que comenzaron formalmente su evaluación durante 2025 para ver si eran integradas a la cobertura que dispone la ley, pero su proceso quedó paralizado a fines del año pasado a la espera de un informe financiero solicitado a la Dirección de Presupuestos (Dipres).La inquietud de los pacientes que aguardan porque su patología sea incluida en las coberturas y la preocupación del mundo técnico y político por la paralización de esta política llegó hasta la Contraloría, luego que el presidente de la Comisión de Salud del Senado Juan Luis Castro (PS) presentara un requerimiento solicitando revisar la legalidad de la suspensión del proceso y determinar si existieron incumplimientos administrativos y establecer eventuales responsabilidades.Y obtuvo respuesta.

Asimismo, el organismo encabezado por Dorothy Pérez dio un ultimátum a la Dipres, reiterándole formalmente la solicitud de entrega de los antecedentes pendientes para continuar con la investigación y otorgándole un nuevo plazo para responder, exactamente cinco días hábiles desde este lunes. Consultados por La Tercera, desde el Ministerio de Hacienda precisaron que el plazo otorgado a la Dipres para responder vence el lunes.

Asimismo, aseguraron que los antecedentes requeridos serán remitidos dentro del período establecido.Y aunque la respuesta debe entregarla esta administración, este es un problema que se arrastra hace años. La indagatoria apunta a esclarecer las razones detrás de la paralización en la incorporación de nuevas patologías a la ley, proceso que, de acuerdo con la normativa vigente, debe materializarse periódicamente mediante la dictación de un nuevo decreto.

El último de ellos debía publicarse en 2023 para comenzar a regir en 2024. Eso sí, hasta ahora no ha visto la luz.El senador Castro espera que la Contraloría determine si existieron incumplimientos por parte de los organismos responsables.“La Ley Ricarte Soto fue creada para dar certezas a las familias frente a enfermedades de alto costo.

Lo que no puede ocurrir es que miles de pacientes queden atrapados indefinidamente entre trámites administrativos y falta de definiciones presupuestarias”, señala.En la actualidad, Contraloría confirmó que realizará tanto una revisión jurídica como una fiscalización sobre los hechos denunciados. La incertidumbre de los pacientesLa larga espera por la incorporación de nuevas patologías a la Ley Ricarte Soto ha encendido las alertas entre los pacientes y sus familias.

A través de distintas asociaciones, han impulsado intervenciones ante las autoridades, manifestado públicamente su preocupación y advertido sobre el impacto que esta paralización tiene en quienes aún esperan acceder a terapias de alto costo.Caroline Labbé especialista en políticas públicas, evaluación y que fue parte del Minsal en áreas vinculadas a la Ley Ricarte Soto, asegura que “la paralización del proceso de actualización de la Ley Ricarte Soto es una señal extremadamente preocupante, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también institucional y político”. La también académica de la U.

Diego Portales y del Desarrollo agrega que “las consecuencias para las personas pueden ser muy graves. En enfermedades oncológicas, inmunológicas, metabólicas, raras o poco frecuentes, los tiempos de decisión no son administrativos: son tiempos clínicos.

Una demora puede significar progresión de enfermedad, pérdida de oportunidad terapéutica, discapacidad evitable, mayor gasto futuro para el sistema y, en algunos casos, muerte prematura”. Cecilia Rodríguez, directora Somos Ciudadanía en Salud Fundación Me Muevo: “Estamos muy preocupados por la paralización en el proceso de actualización de la ley, y así lo hemos manifestado tanto al ministerio como en las acciones que hemos ido tomando junto al senador Castro.

Preocupa porque esta era la esperanza de muchas personas que necesitan acceder a terapias de alto costo. Si bien hoy hay una cantidad importante de pacientes que puede acceder a ellas y cuyas terapias no están en riesgo, nos inquieta que este proceso de actualizaciónConscientes del problema, las autoridades de Salud del Gobierno de Gabriel Boric tramitaron un proyecto de ley destinado a asegurar la sustentabilidad del fondo para diagnósticos y terapias de alto costo.

La iniciativa, que asimismo modifica la Ley Ricarte Soto, avanzó varias etapas en el Congreso y, en octubre, fue aprobada por unanimidad en general por la Comisión de Salud del Senado.Según las autoridades de Salud de ese momento, el proyecto permitiría incrementar en un 85% el presupuesto destinado a la Ley Ricarte Soto. En la actualidad, el aporte fiscal anual al fondo para medicamentos de alto costo asciende a $100 mil millones, cifra que aumentaría a $185 mil millones de aprobarse la iniciativa.

Con todo, desde marzo está paralizada su discusión.