El Congreso ha aprobado la toma en consideración de la propuesta de reforma del reglamento para aumentar los supuestos en los que la Mesa puede acordar la suspensión temporal de diputados y establecer multas de hasta 2.000 euros a los que incurran en infracciones graves. Lo ha hecho con los votos a favor de todos los grupos menos PP y Vox, que han cargado contra la labor de Francina Armengol en esta legislatura y la han acusado de "dejación de funciones".

La reforma del reglamento, propuesta por el PSOE, venía motivada por un episodio protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez García, que el pasado 14 de abril terminó expulsado del pleno luego de subir a la tribuna, donde se sitúa la Presidencia del Congreso y la Mesa, y encararse con el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Sánchez García argumentó que subió a protestar porque un parlamentario de ERC le había llamado "nazi criminal" y "analfabeto" y no se le daba la palabra para denunciarlo, algo que ha repetido este jueves en el pleno.

Durante el debate de toma en consideración de la propuesta, la diputada del PP Marta González Vázquez ha lamentado que la Cámara Baja se haya convertido "en la Delegación del Gobierno en la Carrera de San Jerónimo" y que el reglamento haya pasado a ser "un texto cambiante moldeados por la necesidades" de un Ejecutivo "exhausto". Así, González Vázquez ha recordado que el reglamento ya dispone de un régimen reglamentario con mecanismos "que hasta ahora fueron suficientes para garantizar el respeto institucional".

"Con los anteriores 12 presidentes [del Congreso] nunca se consideró necesario reformar estos preceptos reglamentarios porque la autoridad presidencial actuaba como elemento disuasorio. En la presente legislatura esa figura moderadora ha perdido su efectividad.

Antes se producían intervenciones inmediatas ante insultos y expresiones impropias. Hoy se observa una preocupante dejación de funciones", ha criticado la diputada del PP.En Vox, el encargado de tomar la palabra en el debate ha sido el propio José María Sánchez García, que ha utilizado su intervención para explicar, según su versión, lo sucedido el pasado 14 de abril.

"Pedí la palabra tres veces porque un diputado de ERC llevaba un cuarto de hora llamándome criminal y asesino. Me la denegaron y eso motivó que subiese al estrado.

Ni amedrenté ni ejercí ninguna violencia sobre el vicepresidente y la letrada. Subí al estrado a denunciar que ese diputado seguía insultándome y que por eso debía ser llamado al orden", ha justificado, antes de criticar la "pulsión autoritaria del Gobierno".

El PSOE señala que su propuesta de reforma está adaptada al "deterioro progresivo de las formas parlamentarias" que, a su juicio, ha tenido lugar en los últimos años. Introduce dos cambios en los artículos 101 y 104 de la norma.

Por un lado, añade, en el artículo 101, una nueva causa de suspensión temporal para los diputados: "Cuando con su conducta, de obra o de palabra, ejerciera, en el recinto parlamentario, violencia o intimidación grave sobre la Presidencia o la Mesa, ya sea de la Cámara o de cualquier Comisión, o sobre el Cuerpo de Letrados o Ujieres que asiste a las mismas, en el transcurso de una sesión o fuera de ella". Por su parte, los socialistas también proponen modificar el artículo 104, que prevé la expulsión del hemiciclo de los miembros de la Cámara, en caso de reiteración de conductas inapropiadas durante el desarrollo de las sesiones, luego de tres llamadas al orden.

De salir adelante luego de su tramitación parlamentaria, asimismo de ser expulsados de la sesión si son llamados tres veces al orden, los diputados indisciplinados tendrán que pagar hasta 1.000 euros de multa, que ascenderían a 2.000 en caso de que mostrase resistencia a abandonar la Cámara."No es una reforma para perjudicar a nadie"Durante la defensa de su propuesta, la diputada socialista Rafaela Romero ha señalado que esta reforma "no está pensada para favorecer ni perjudicar a nadie, sino destinada a proteger una institución que pertenece a todos los ciudadanos" ante "determinadas conductas que pretenden sustituir el debate por la intimidación y la palabra por la agresividad". "Esta reforma no sanciona ideas ni discrepancias, sino conductas incompatibles con el respeto a esta Cámara.

La libertad parlamentaria no puede confundirse con la impunidad parlamentaria", ha aseverado durante su intervención, en la que, en cualquier caso, ha situado al PSOE en el bando de quienes no contribuyen a la polarización, al menos no como, dice, sí lo hacen las formaciones ultras. Por su parte, el diputado de Sumar Francisco Sierra también ha cargado contra esos "diputados ultramontanos que no paran de incumplir el reglamento" y ha defendido que esta reforma servirá para que "quien no sepa comportarse a la altura del honor que significa ser diputado" asuma "las consecuencias": "Que pague la multa y deje trabajar a quienes venimos a proponer soluciones para la ciudadanía".

Entretanto, el parlamentario de Junts Josep Maria Cervera Pinart ha pedido que el resultado que pueda salir de esta reforma "debe ser garantista con todo el mundo" y ha advertido de que "si se aplica de manera arbitraria puede ser una herramienta susceptible de limitar la libertad de expresión o la acción de minorías parlamentarias". Por ello, ha asegurado que la propuesta socialista "es un buen punto de partida, pero requiere de ajustes importantes", una idea que ha compartido el diputado del PNV Mikel Legarda, quien ha calificado las modificaciones de "adecuadas" sin perjuicio de que "en el periodo de enmiendas pudieran considerarse algunas otras o matizarse".

Por último, BNG y ERC, que han responsabilizado a la derecha de la crispación, han advertido de que durante la tramitación parlamentaria de la reforma "hay que ser muy cautelosos" pues una norma así puede volverse en contra de "las fuerzas de izquierdas" si en un futuro existe una mayoría conservadora en el Congreso y la derecha llega al Gobierno.