La Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso aprobó este miércoles, por 18 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones, una proposición no de ley del PP relativa a la aprobación del reglamento de accesibilidad cognitiva.Durante su intervención en defensa de la iniciativa, la diputada Violante Tomás subrayó que la modificación de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobada en el año 2022, "supuso un paso decisivo a reconocer expresamente la accesibilidad cognitiva como un elemento esencial para el ejercicio de los derechos fundamentales".En esa línea, puntualizó cómo "durante años, miembros del Cermi como Plena inclusión, Down España, Confederación Aspace, Confederación Autismo España y Federación de Daño Cerebral Fedace han insistido en la necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de un marco claro que garantice que todas las personas, independientemente de sus capacidades cognitivas, puedan comprender el entorno en el que viven, los servicios a los que acceden y la información que reciben".A su juicio, la incorporación de la accesibilidad cognitiva al ordenamiento jurídico español la sitúa "al mismo nivel que otras dimensiones ya consolidadas de la accesibilidad universal, como la accesibilidad física o sensorial". "No obstante, este reconocimiento, siendo fundamental, no es suficiente por sí solo", prosiguió, recordando que la propia ley estableció la necesidad de un desarrollo reglamentario que concretara las condiciones básicas, los criterios técnicos y las obligaciones específicas que deben cumplir las administraciones públicas y los agentes implicados.No es un mero trámite"Ese desarrollo reglamentario no es un mero trámite administrativo, sino una pieza clave para garantizar la eficacia real de la ley", apostilló, para denunciar que el plazo "ha expirado sin que el Gobierno haya aprobado el reglamento correspondiente".Por ello, la proposición no de ley "exige algo tan básico como el cumplimiento de un mandato legal ya aprobado por este parlamento", como instar al Gobierno a aprobar "de manera urgente" el reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.El PSOE presentó una enmienda que, según la diputada Esther Rodríguez, aseveró que el Gobierno "ha trabajado en la elaboración de un texto sólido, completo y útil para las personas destinatarias de la norma", "porque no se trata únicamente de cumplir un calendario.

Se trata de aprobar un reglamento eficaz, aplicable y capaz de mejorar realmente la vida de miles de personas", agregó, para explicar que el texto se encuentra en la fase final de tramitación administrativa.Avanzar en accesibilidad cognitiva es hacer que el mundo sea más fácil de entender, algo fundamental para todas las personas con discapacidad"Se ha solicitado con carácter urgente el informe del Consejo de Estado con el objetivo de culminar el procedimiento y proceder a la aprobación a la mayor brevedad posible. Según las previsiones trasladas por el ministerio, la norma podrá quedar aprobada durante este verano de 2026", añadió, para subrayar que la enmienda de su grupo critica la "imagen de inacción y falta de compromiso" que, a su entender, traslada el texto y que "no se corresponde con la realidad de los trabajos desarrollados ni con el estado actual de la tramitación".Por EAJ PNV, Noelia Rentería recordó que "no estamos hablando de abrir un debate nuevo, sino de culminar un compromiso adquirido" y compartió la "importancia de que este reglamento vea la luz cuanto antes", pero "debe hacerse bien".Por Sumar, Rafael Cofiño reivindicó que "avanzar en accesibilidad cognitiva es hacer que el mundo sea más fácil de entender, lo cual resulta fundamental para todas las personas con discapacidad, especialmente para aquellas que señalan el texto con discapacidad intelectual, trastornos del espectro del autismo, deterioro cognitivo u otros tantos casos"."No cabe duda que es fundamental que se apruebe el reglamento de accesibilidad cognitiva", reconoció, para indicar que la iniciativa "pregunta por un procedimiento que en la actualidad está en marcha".

Habilitar asientos para acompañantes en RenfeEl Congreso también ha instado al Gobierno, por 18 votos a favor y 14 abstenciones, a habilitar asientos contiguos para acompañantes de personas con discapacidad usuarios de las plazas H, en todos los trenes de Renfe.Según precisó el diputado Bartolomé Madrid, la iniciativa “viene a señalar una carencia real que afecta a muchas personas con discapacidad y a sus acompañantes cuando utilizan el transporte ferroviario”.El PSOE presentó una enmienda que, según la diputada Noelia Cobo, reivindicó que la Estrategia española sobre discapacidad 2022-2030 sitúa el diseño y la accesibilidad universal como “uno de sus ejes centrales, con el objetivo explícito de que todos los entornos, bienes y servicios, incluido el transporte ferroviario, sean utilizables por todas las personas en condiciones de seguridad y autonomía”.“Y Renfe, en el marco de esta hoja de ruta que ya trazó el gobierno, cuenta con el Plan de accesibilidad 2020-2028, que estructura actuaciones concretas sobre trenes, estaciones y servicios de asistencia”Por último, recordó que en 2027 todos los trenes que dispongan de plaza H contarán ya con la opción de reservar un asiento contiguo para el acompañante. Una plaza que será la última en comercializarse y cuya selección será gratuita.La renovación de las tarjetas de movilidad, avalada por unanimidadPor último, la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso también aprobó, esta vez por unanimidad, una proposición no de ley del PP sobre los procedimientos de renovación de las tarjetas de movilidad por discapacidad.Durante la defensa de la iniciativa, el diputado Javier Celaya subrayó que se trata de “un problema burocrático que, pese a afectar a un número reducido de personas con discapacidad cada año, no deja de provocarles un impacto muy negativo en su día a día simplemente por descoordinación administrativa”.“Me refiero a una casuística muy particular que se da en aquellas personas que, teniendo reconocido un grado de discapacidad con movilidad reducida que les da derecho a disponer de una tarjeta de estacionamiento, por circunstancias de la vida se mudan de localidad y pasan a residir en una comunidad autónoma diferente de aquella que les reconoció dicha discapacidad con movilidad reducida”, explicó.A su juicio, de forma inmediata “no sufren ningún menoscabo”, puesto que las tarjetas de estacionamiento concedidas por las administraciones públicas competentes tienen validez en todo el territorio español, “sin perjuicio de su utilización en los Estados miembro de la Unión Europea”, si bien se preguntó “qué ocurre a la hora de su renovación”.