SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.— El proyecto Vicuña, considerado uno de los mayores emprendimientos mineros del mundo y llamado a transformar el mapa exportador argentino, decidió importar desde China una ciudad modular completa para alojar a miles de trabajadores en plena cordillera sanjuanina. Desarrolado por las compañías Lundin Mining y BHP, Vicuña prevé una inversión estimada en US$18.000 millones y es uno de los proyectos más importantes que avanzan bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas de la gestión de Javier Milei para atraer capitales al país.

La adjudicación del campamento quedó en manos de un consorcio liderado por la firma estatal china PowerChina, que construirá un complejo habitacional capaz de albergar inicialmente a 2.500 personas y que, en una etapa posterior, podría ampliarse para recibir hasta 5.000 trabajadores. Los módulos llegarán prácticamente terminados desde Asia: dormitorios, oficinas, comedores, baños, sistemas eléctricos y buena parte del equipamiento ya instalado.

La decisión generó un fuerte malestar entre fabricantes nacionales y proveedores vinculados a la actividad minera. No tanto por el resultado de una licitación puntual, sino por lo que consideran una señal sobre el rumbo que podrían tomar las grandes inversiones que desembarquen en el país durante los próximos años.

La oferta ganadora fue de US$52 millones. Una empresa argentina había presentado una propuesta cercana a los US$70 millones.

La diferencia de US$18 millones fue suficiente para inclinar la balanza a favor del consorcio asiático, aunque desde el sector empresario remarcan que ese monto representa apenas una pequeña porción frente a la magnitud total de la inversión prevista para Vicuña. La Cámaras Empresarias cuestionaron que la fabricación local de un complejo de estas características podría haber movilizado alrededor de 500 puestos de trabajo directos.

Con los módulos llegando terminados desde el exterior, la participación argentina quedará reducida solamente a tareas de logística, transporte y montaje, con una demanda laboral considerablemente menor. RIGI La controversia también alcanzó al RIGI.

El régimen impulsado por la administración libertaria otorga importantes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura. No obstante, empresarios y proveedores cuestionan que no contemple exigencias significativas de integración nacional ni mecanismos que garanticen una mayor participación de firmas argentinas en los proyectos beneficiados.

Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, remarcó que empresas nacionales contaban con capacidad técnica para desarrollar el campamento en el país. En la misma línea se expresó la Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN), que advirtió que el caso podría transformarse en un antecedente para futuras contrataciones vinculadas a grandes emprendimientos extractivos.

La discusión afecta principalmente a las provincias mineras, las cuales vienen desarrollando programas para proveedores locales con el objetivo de ampliar el impacto económico de la minería más allá de las regalías y la recaudación fiscal. La premisa fue siempre la misma: que una mayor participación de empresas radicadas en la región permitiera un derrame económico en las provincias a través de la generación empleo directo e indirecto.