La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, acudió este miércoles a la comisión de Hacienda del Senado para alertar a los senadores sobre los efectos que tendría una indicación parlamentaria que fue aprobada en la Cámara de Diputados en la megarreforma del gobierno.En particular, Tornel expresó su preocupación por esta norma que prohíbe el pago de intereses sobre intereses, también llamado anatocismo.Tornel explicó a los senadores que en la actualidad la ley permite pactar el pago de intereses sobre intereses, y estipula que los intereses no se pueden capitalizar en un periodo menor que 30 días. La referida ley también señala que cuando una operación entra en incumplimiento, la capitalización de intereses opera de manera automática.

La misma ley, establece una prohibición al anatocismo, pero solo para los intereses moratorios.“Tenemos esta preocupación por esta indicación específica que se incorporó”, expresó Tornel. “Esta indicación propuesta es similar a muchas otras iniciativas legales que han sido desestimadas o archivadas en el pasado, justamente debido a que se han considerado perjudiciales para el funcionamiento del mercado financiero”, agregó.La presidenta de la CMF sostuvoque “el anatocismo, que es el interés sobre interés, tiene todo un sentido económico y financiero que lo justifica. Es una remuneración justa que termina yendo a los ahorrantes, y termina incentivando el ahorro, que es en base a lo que funciona nuestro mercado financiero”.

Tornel comentó que si ese interés deja de ser cobrado a los deudores, también habría una “remuneración legítima que dejaría de pagarse a los ahorrantes del sistema, dentro de los cuales se encuentran todos los ciudadanos”. Por ejemplo, “a través de nuestros ahorros obligatorios previsionales, de las cuentas de ahorro, de las tenencias de depósito a plazo, de los aportes a fondos mutuos y fondos de inversión, etc.”, puntualizó.La presidenta de la CMF advirtió que “la indicación en comento, asimismo, podría impactar negativamente de manera relevante el funcionamiento de todo el mercado financiero, limitando la variedad de productos financieros disponibles para personas y para empresas.

Adicionalmente, podría incrementar el costo de los créditos y generar condiciones de otorgamiento de créditos más exigentes, produciendo exclusión financiera, sobre todo en los segmentos de la población que son más vulnerables".Remarcó que “en general, la prohibición del anatocismo impediría que se capitalicen los intereses cuando un crédito entra en incumplimiento, afectando la recuperación esperada de todos los tipos de productos financieros. Y en este contexto, la menor recuperación esperada aumenta la pérdida de la cartera, lo que necesariamente va a llevar a un incremento en el costo de todos los créditos, afectando tanto a quienes cumplen con sus compromisos como a quienes no cumplen”.Es más, fue enfática al señalar que “la prohibición absoluta del anatocismo es inédita en jurisdicciones comparables.

Las jurisdicciones que aplican alguna restricción en torno al anatocismo lo hacen de manera muy similar a lo que hoy día ya está incorporado en Chile”. Dado todo lo anterior, concluyó que “la indicación incorporada podría tener efectos que van justamente en sentido contrario a los objetivos del proyecto de ley en discusión”.Tornel enumeró una serie de impactos de la eventual eliminación del anatocismo.

En términos generales, expresó que “limita la variedad de productos financieros disponibles, tanto de crédito como de ahorro, y adicionalmente limita también las alternativas y posibilidades de reestructurar los créditos”. En particular, aseveró que es esperable un impacto negativo “respecto a los depósitos a plazo renovables”.

También expresó que tendría efectos en la repactación de créditos; al dar préstamos con periodos de gracia; habría efectos sobre líneas de crédito; y también sobre los créditos con cuotas variables.Adicionalmente, indicó que “es importante reconocer que la prohibición del anatocismo no se justifica desde una perspectiva de transparencia y protección al deudor, porque la regulación vigente hoy día del Sernac, es que existe la obligación de informar el Costo Anual Equivalente (CAE) en toda operación de crédito de dinero, lo que incorpora por construcción el efecto de capitalización de intereses. De esta manera, el deudor ya cuenta con información estandarizada y comparable sobre el costo efectivo total del crédito, y ese costo efectivo total se construye asumiendo anatocismo, que es el interés sobre interés y que es la base sobre la que funciona nuestro sistema financiero”.Crédito informal y TMCEn otro tema distinto, pero ligado de alguna manera al anterior, el senador y presidente de la comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI), consultó a Tornel la opinión de la CMF respecto de la Tasa Máxima Convencional (TMC) y los efectos que genera al excluir a personas del crédito formal.Tornel respondió que, “efectivamente, nosotros tenemos una preocupación por los créditos informales, por gente que hoy día está excluida del sistema financiero y que termina recurriendo a préstamos y créditos que les cobran mucho más que la TMC, o incluso caen en estafas porque hay muchas empresas que hacen fraude ofreciendo servicios de asesoría para créditos y son falsas, son un fraude, y las personas caen en este tipo de trampa, precisamente porque están necesitando financiamiento.

Entonces, es un tema que preocupa a la CMF”. Respecto del efecto específico de la TMC, Tornel agregó que como CMF están “estudiando el tema para tratar de medir los efectos de cuál está siendo el efecto de la TMC.

Hemos abierto una mesa, una convocatoria con el sector privado, para que nos levanten cuáles son los principales problemas que ven en Chile para el desarrollo de nuestro mercado de capitales, y efectivamente muchas de las propuestas y preocupaciones que nos llegaron, van en la línea de los efectos que produce la TMC en el acceso al crédito de los segmentos más vulnerables de la población”. Tornel enfatizó que están estudiando el tema, y expresó que esperan prontamente tener alguna estimación de cuál es el efecto, “y una recomendación al Ejecutivo al respecto”.