SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.— La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de eliminar el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y niñas, niños y adolescentes con cáncer. A través de un pronunciamiento institucional, la entidad cuestionó la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada el pasado 26 de mayo, al considerar que la medida podría afectar el acceso efectivo a un derecho reconocido por distintas leyes nacionales.

Si bien la resolución mantiene vigente la obligación de las empresas de otorgar pasajes gratuitos a los grupos beneficiarios, ADPRA advirtió que la eliminación de las compensaciones económicas se implementó sin la creación de mecanismos adicionales de control, auditoría y sanción que garanticen el cumplimiento de la normativa. “La eliminación del régimen de compensaciones, sin herramientas adecuadas de seguimiento y control, genera condiciones materiales que pueden vaciar en la práctica el ejercicio de un derecho reconocido legal y constitucionalmente”, señalaron desde la asociación. La entidad remarcó que, en un contexto de ajuste y restricciones presupuestarias, la decisión podría traducirse en mayores obstáculos para acceder a los pasajes gratuitos, mediante la reducción de cupos, demoras en las reservas, trabas burocráticas o rechazos de solicitudes.

Asimismo, recordó que muchas personas con discapacidad dependen del transporte de media y larga distancia para acceder a tratamientos médicos, controles de salud y prestaciones esenciales, por lo que cualquier limitación en el acceso al sistema impacta directamente en el ejercicio de otros derechos fundamentales. ADPRA también remarcó que el Estado argentino tiene obligaciones constitucionales e internacionales en materia de accesibilidad e inclusión, citando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el principio de progresividad que rige los derechos económicos, sociales y culturales.

En ese marco, la organización exigió a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la implementación inmediata de un sistema de seguimiento y auditoría sobre la emisión de pasajes gratuitos, el fortalecimiento de las sanciones para las empresas incumplidoras y la garantía de acceso a los sistemas de reserva para los beneficiarios. Asimismo, reclamó que el Poder Ejecutivo informe en un plazo de 30 días cuáles serán las medidas concretas que adoptará para evitar que la eliminación de las compensaciones derive en una reducción efectiva del acceso al transporte gratuito.

Finalmente, la entidad remarcó que esta decisión se suma a otras medidas que, a su entender, vienen afectando al colectivo de personas con discapacidad, entre ellas el atraso arancelario para prestadores y el recorte de políticas públicas destinadas al sector.