Juan Fernando Cristo, exministro y autor de la norma, asegura que el mayor logro fue convertir a las víctimas en sujetos de derechos y reconoce que la gran deuda sigue siendo la reparación de un universo que ya supera los 10 millones de personas. También revela cómo nació la ley -que cumple 15 años-, las resistencias que enfrentó y su papel en el camino hacia el Acuerdo de Paz.

Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial.Laura SalomonSe cumplen 15 años de la entrada en vigor de la Ley de Víctimas, ¿cuál es el principal logro y cuál su principal deuda? El principal logro, sin lugar a dudas, es que cambió totalmente la visión de los colombianos sobre el conflicto y sobre las víctimas.

Antes de la ley, las víctimas eran casi inexistentes para la sociedad; eran parte del paisaje. En esos años era común ver en Bogotá y en otras ciudades a familias desplazadas en parques, semáforos y espacios públicos.

Había filas interminables en Acción Social -lo que hoy se conoce como el Departamento de Prosperidad Social- esperando ayudas básicas. Las víctimas no existían como sujetos de derechos.La ley les dio ciudadanía de primera categoría, reconocimiento, dignidad y mayoría de edad.

Les abrió el camino a las víctimas y también abrió el camino para el Acuerdo de Paz con las FARC. (El expresidente Juan Manuel) Santos decía que era la cuota inicial de ese acuerdo porque, por primera vez, el Estado reconoció a las víctimas, incluidas las víctimas del propio Estado. Ese es un logro irreversible.La principal limitación ha sido la capacidad del Estado para atender una dimensión de victimización sin comparación en el mundo.

Cuando estudiábamos experiencias como Chile, Argentina o Perú, hablábamos de cientos de miles de víctimas. En Colombia se hablaba inicialmente de cuatro o cinco millones y hoy hablamos de 10 millones.La principal falencia ha sido la falta de recursos suficientes para reparar a todas las víctimas.¿Sirvió pasar de la categoría de desplazado a la de víctima?Sirvió, claro.

Las víctimas se empoderaron y se organizaron. Surgieron las mesas de participación de víctimas en todo el país.

Antes las personas recibían ayudas como una especie de limosna del Estado: un mercado, una asistencia básica. Después de la ley comenzaron a decir: “Tengo derechos”.

Hoy las víctimas llegan con la ley en la mano y reclaman lo que el Estado les debe. Tener un instrumento legal para exigir derechos es un avance enorme.

Asimismo, el Estado colombiano ha realizado una reparación que no ha hecho ningún otro Estado del mundo. Entiendo la frustración de quienes sienten que no les ha llegado la indemnización, pero Colombia ha indemnizado a más de un millón y medio de víctimas.

Ningún país ha hecho algo parecido.¿Cómo surgió la idea de hacer una Ley de Víctimas? Es una historia muy particular.

A mi papá lo asesinaron el 8 de agosto de 1997. Llegué al Senado en 1998 y durante muchos años no me asumí como víctima.

Después entendí que era una víctima privilegiada porque ya tenía un proyecto de vida construido.Un día me buscó la periodista Diana Sofía Giraldo, quien tenía una fundación llamada Víctimas Visibles. Me invitó a desayunar y me expresó algo que nunca había escuchado: que yo llevaba años en estado de negación frente a mi condición de víctima.

Luego me expresó que me quería pedir una sola y era que le ayuda a realizar una audiencia pública para escuchar a las víctimas en el Congreso. Ya había pasado lo de Salvatore Mancuso allá y me decía que no habíamos escuchado a las víctimas.

Presenté la proposición pensando que sería un trámite sencillo, pero se convirtió en una gran discusión política. Se vinieron todos.

En ese momento seguía predominando la idea de que en Colombia no existía un conflicto armado, especialmente del expresidente Álvaro Uribe. Finalmente la audiencia fue aprobada.

El 24 de julio de 2007 hicimos la audiencia pública. Ese día nació la Ley de Víctimas.

Durante doce horas escuchamos testimonios de víctimas de paramilitares, guerrillas, agentes del Estado, víctimas del narcotráfico y de distintos hechos de violencia. Fue la primera vez que las víctimas tuvieron una visibilidad real en el Congreso y en los medios.A mí esa audiencia me cambió profundamente.

Al terminar pensé: está bien que las hayan escuchado, pero mañana regresarán a sus territorios y todo seguirá igual. Tenemos que hacer algo más.

Ahí inició el trabajo para construir una ley.Portada de El Espectador de julio de 2007.El Espectador¿Cómo fue la construcción de la Ley? Larga.

Revisamos experiencias de Chile, España y Perú. La primera versión de la ley la trabajé prácticamente solo.

Después hablé con Gustavo Petro, quien en ese momento estaba en la Comisión Primera. Él me expresó que una ley de víctimas sin restitución de tierras no tenía sentido.

Tenía razón. Funcionarios de Acción Social que conocían de cerca el problema del despojo nos ayudaron a construir el capítulo de restitución de tierras.

Entre ellos estaba Ricardo Sabogal, quien años después dirigiría la Unidad de Restitución de Tierras. También trabajamos con Naciones Unidas.Después realizamos alrededor de 30 audiencias públicas en todo el país, financiadas por Perú.

Se hacían en coliseos llenos de víctimas. Formalmente eran para recoger aportes a la ley, pero en la práctica eran espacios donde la gente podía hablar y ser escuchada.

La gente se desahogó. Ahí se sumó Guillermo Rivera desde la Cámara de Representantes y comenzamos a impulsar el proyecto en conjunto.

La ley avanzó durante el gobierno Uribe hasta que él decidió frenarla. Pasó varios debates, pero la llenaban de toda clase de obstáculos, eso eran “micos” de un lado y del otro.

Cuando llegó al último trámite en plenaria de Cámara, lo que hizo el Gobierno fue promover un texto alternativo que las víctimas jamás aceptarían. Era una ley chimbísima.

La estrategia era hacer imposible la conciliación. Logramos conformar una comisión de conciliación favorable a la ley y presentamos un informe acogiendo el texto del Senado.

Entonces apareció una carta del Ministerio de Hacienda diciendo que la ley era fiscalmente inviable. La conciliación obtuvo 94 votos en el Senado, pero finalmente la ley se hundió.Fotografía de archivo fechada el 23 de julio de 2025 de una niña víctima de desplazamiento sosteniendo una bolsa con pertenencias en Jamundí.

EFE/ Ernesto Guzmán/ARCHIVO Ernesto Guzmán Jr¿No obstante la volvió a presentar en 2010? Sí.

Persistimos. En 2010 llegó Santos y llegamos un acuerdo, decidió respaldar la ley.

Hubo ajustes, pero el texto esencial se mantuvo. En honor a la verdad, Santos ayudó mucho y finalmente logramos aprobarla.

Si la redactara hoy, ¿qué le faltó?La verdad, poco. Las modificaciones posteriores me parecen innecesarias.

El problema no es la ley; el problema es cómo hacer que el Estado funcione para implementarla. La principal dificultad está en el nivel territorial.

Muchos alcaldes y gobernadores se desentienden del tema. Nunca encontramos una fórmula efectiva para “obligarlos” a involucrarse seriamente en la atención a las víctimas.

Hay unos que lo hacen y otros nos. Por lo demás, la ley es muy integral.

Incorporó los estándares internacionales y los principios de reparación establecidos por Naciones Unidas.¿Ha servido? ¿Cuál es su balance?La ley ha ayudado muchísimo.

Se han indemnizado más de un millón y medio de víctimas. Se han restituido más de 700.000 hectáreas y hay cerca de otro millón en trámite.

No le cambiaría nada sustancial. Incluso el capítulo de restitución fue revolucionario porque invirtió la carga de la prueba en favor de las víctimas.

La Corte Constitucional lo avaló por tratarse de una medida de justicia transicional.La ley ha ayudado a muchísimas víctimas y ha hecho muchísimo con las víctimas Colombia, pero sí, siempre será insuficiente. Con 10 millones de víctimas, tú no vas a alcanzar nunca a repararlas, indemnizarlas, pero 1 millón y medio de víctimas indemnizadas es mucho más de lo que se ha hecho en muchos países del mundo.

Y ¿más allá de la indemnización, ha habido reparación?Sí, eso también lo creo. La propia ley es una medida de reparación porque representa el reconocimiento del Estado.

Asimismo, existen programas de educación, salud, proyectos productivos, atención psicosocial, memoria histórica y reparación simbólica. La gente suele concentrarse únicamente en la indemnización económica, pero la reparación, el tema de memoria, todo eso es mucho más amplio.¿Qué tanto preparó la ley el camino para el acuerdo con las FARC?

Todo. Santos decía que era la cuota inicial del Acuerdo de Paz.

Hubo una discusión enorme sobre el nombre de la ley. Algunos querían llamarla Ley de Víctimas del Terrorismo.

Nosotros queríamos Ley de Víctimas del Conflicto Armado. Finalmente quedó como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Años después entendí por qué Santos insistió en que se llamara Ley de Víctimas del conflicto armado. Cuento la anécdota, en medio de la discusión de esa ley, Santos me llamó y me expresó explícitamente que quería que se llamara Ley de víctimas del conflicto armado y pues claro, le ayudaba porque estaba preparando el terreno para una negociación de paz y eso le permitía reconocer que sí había conflicto.

La ley significó el reconocimiento oficial de la existencia del conflicto.banner 10años del acuerdo de paz - 390x120El Espectador¿Hoy se reconoce como víctima? Sí.

No solo me reconozco como víctima, sino que entiendo profundamente el dolor de las demás víctimas. La ley fue una catarsis para mí.

Me permitió hacer algo por quienes han sufrido mucho más que yo. Siempre he dicho que fui una víctima privilegiada.

Después de escuchar miles de historias comprendí la magnitud de la tragedia que vivieron millones de colombianos.✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com,nortega@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.