En México desde el 2005 se mide la pobreza laboral, un indicador que calcula el porcentaje de la población cuyo ingreso es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, equivalente a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (2 mil 598.99 pesos en zonas urbanas y mil 966.06 pesos en zonas rurales).La importancia de examinar los datos de pobreza laboral de la frontera norte radica en el hecho de que desde 2019 a más de 40 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas se les otorgaron los siguientes beneficios: 1) reducción de las tasas de IVA e ISR; 2) aumento del salario mínimo al doble; 3) homologación de los precios de los energéticos con los de las localidades de la frontera sur de los Estados Unidos.Las principales críticas al programa de la zona libre de la frontera norte al inicio de su implementación se centraban en que traería consigo un aumento generalizado de precios y desempleos masivos. No obstante, los estudios oficiales insisten en señalar que la inflación en los estados de la frontera no se ha elevado por encima de la media nacional y que el nivel de masa salarial en estos municipios, es decir, el costo total que asumen las empresas por todos sus trabajadores ha aumentado en comparación con la media nacional, lo que indicaría al menos que la tasa de desempleo no se ha elevado.Las cifras de pobreza laboral de las entidades federativas señaladas coinciden con los datos oficiales.

Prueba de ello es que en Baja California entre 2025 y el primer trimestre de 2026 pasó de 20.1% a 16.3%; en Chihuahua de 22.7% a 22.0%; en Coahuila de Zaragoza de 23.5% a 22.7%; en Nuevo León de 22.4% a 20.4 %; en Sonora de 27.2% a 24.5 %; mientras que en Tamaulipas de 26.8% a 23.2%.A pesar de este escenario alentador es importante señalar que es lógico y hasta obvio que la pobreza laboral disminuiría de inmediato, puesto que se aumentó el salario mínimo, pero los precios de la canasta básica con los que se calcula la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos se mantuvieron igual en todo el territorio nacional. Por lo que queda pendiente un examen minucioso de la pobreza multidimensional en la región que nos permita poner en perspectiva el efecto de los beneficios otorgados a las entidades federativas pertenecientes al programa de la zona libre de la frontera.Por ejemplo, según datos del Inegi, entre 2016 y 2024 el porcentaje de personas en la dimensión de pobreza por acceso a los servicios de salud aumentó en todas las entidades federativas pertenecientes al programa en comento.

En Baja California pasó de 17.3% a 23.3%; en Coahuila de Zaragoza de 12.8% a 20.3%; en Chihuahua de 12.2% a 20.9%; en Nuevo León de 13.3% a 15.8%; en Sonora de 14.7% a 24.1% y en Tamaulipas de 12.8% a 25.1%.Mientras que el rezago educativo, en otro orden, presentó altas y bajas en las diferentes entidades federativas de la frontera norte. Entre 2016 y 2024 en esta dimensión la pobreza aumentó en Baja California de 14.1% a 14.5%; en Nuevo León de 12.2% a 13.3% y en Sonora de 13.4% a 13.7%; mientras que disminuyó en Tamaulipas de 15.5% a 15.2%; en Coahuila de Zaragoza de 13.7% a 13.3% y en Chihuahua de 17.1% a 16.6%.A esta situación habría que agregar la urgente revisión de la calidad de los servicios que se están ofreciendo, así como la desigualdad en el acceso a ellos, ya que al menos en el caso de los servicios de salud, cada vez es más común su privatización y el uso de éstos por extranjeros que cruzan la frontera buscando precios más bajos. _Christian I.

Becerril Velasco*El Colegio de la Frontera Norte* Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte