Poco a poco el país va conociendo por qué la Unachi se convirtió en un cuartel de invierno político del PRD y personal. La creación de una AIP para captar y administrar fondos bajo una estructura controlada por personas cercanas a la exrectora Etelvina Medianero aporta nuevas piezas al rompecabezas.

También explica por qué el diputado Raúl Pineda lideró y defendió la reforma legal que permitió la reelección de la rectora, consolidando un modelo de poder cuestionado por denuncias de nepotismo, conflictos de interés y manejo discrecional de recursos. La AIP, asimismo de captar fondos de maestrías, posgrados y otros programas, cobraba un 10% de comisión y estaba integrada por familiares y allegados de la exrectora y actores políticos vinculados al PRD.

Con la investigación del Ministerio Público sobre la AIP, salen a la luz los vínculos políticos, familiares y administrativos que moldearon la gestión universitaria en los últimos años. La pregunta central es clara: ¿por qué hubo tanto interés en proteger este modelo y sus mecanismos de control de fondos?