El PIB es una variable importante en la economía. Pero tiene una debilidad estructural: se fija solamente en el valor agregado.

Esto genera una sombra institucional sobre una serie de variables que miden el bienestar humano. Esta tensión es particularmente importante para países emergentes, como Colombia.

Un nuevo informe de la ONU señala un nuevo camino.La economía del rebusque: detrás del 8,8 % de desempleo celebrado en los informes, la informalidad devora al 54,2 % de la fuerza laboral del país. El PIB los cuenta a todos por igual.Gustavo Torrijos ZuluagaEn los buses de las cinco de la mañana no viaja el PIB.

Viajan los 13 millones de colombianos que trabajan sin contrato, sin pensión y sin red de protección social. Viajan los que perdieron el empleo y ya se resignaron a dejar de buscarlo; y viajan aquellos a quienes, teniéndolo, el salario apenas les alcanza para estirar la quincena.Colombia, al igual que muchos otros países, lleva décadas midiendo su progreso con una sola regla.

El PIB sube, los titulares celebran. El PIB baja, el país entra en pánico.

Pero esa regla —diseñada en los años 30 en el escritorio de Simon Kuznets para medir el impacto de la Gran Depresión— nunca fue construida para responder la pregunta que más le importa a cualquier familia: ¿estamos viviendo mejor?El propio Kuznets lo advirtió desde el principio: “El bienestar de una Nación difícilmente puede inferirse a partir de la medición de la renta nacional”. Nadie le hizo caso.

El indicador se universalizó y se convirtió en el árbitro supremo del crédito global, el poder y la reputación.También lea: Petróleo volvería a superar a las remesas como principal fuente de dólares para ColombiaEn 2023, la economía colombiana creció un lánguido 0,6 % luego de el cataclismo de la pandemia. El dato apareció en todos lados; fue peor de lo que todo el mundo esperaba e indujo una cierta dosis de terror y desconcierto.

Y aunque el gráfico señalaba ligeramente hacia arriba, el número permitió olvidar que más de la mitad de la fuerza laboral sobrevivía bajo la informalidad, en el mejor de los casos, y el rebusque.La grieta entre el valor agregado (lo que mide el PIB) y lo que la gente vive no es una anomalía tropical. En el último medio siglo, la economía global solo se contrajo con fuerza dos veces —2009 y 2020—.

No obstante, en ese mismo lapso, la desigualdad se petrificó, la desafección democrática tocó techos históricos y la ansiedad sobre el futuro se instaló en las nuevas generaciones. El crecimiento y el bienestar se divorciaron en el silencio de los informes públicos.Luego de el tímido quiebre que significó el reporte Stiglitz-Sen-Fitoussi en 2009, este año un grupo de los economistas más influyentes del planeta decidió atacar de frente el monopolio estadístico del PIB.

Por encargo de la ONU, publicaron Counting What Counts —Contar lo que cuenta—, un tablero de 31 indicadores diseñado para iluminar los puntos ciegos del PIB: bienestar subjetivo, calidad del empleo, cohesión social y capital natural.Entre sus firmantes se encuentran Joseph Stiglitz, Premio Nobel; Nora Lustig, una de las mayores expertas mundiales en desigualdad; y Kaushik Basu, execonomista jefe del Banco Mundial.También lea: El Mundial moverá miles de millones en Colombia: quién gana, quién pierde y cuántoEl tablero organiza el progreso en cuatro ejes: los principios fundacionales —paz y derechos humanos—; el bienestar presente —salud, educación y seguridad—; el tejido de equidad e inclusión para cerrar las brechas actuales; y la resiliencia a futuro, que resguarda los capitales que heredarán las próximas generaciones.La propuesta llega con una ambición concreta: que para 2027 los países integren este tablero en sus presupuestos nacionales como un criterio vinculante de decisión. Pero, ¿quiénes lo harán?

¿Colombia hará caso? Lo que el PIB se llevóLuis Fernando Mejía lo vio desde adentro.

Pasó por el Ministerio de Hacienda, por el Departamento Nacional de Planeación, dirigió Fedesarrollo. Desde esa trayectoria, afirma que la variable que debería mirar Colombia con la misma atención que el PIB tiene nombre: la pobreza multidimensional.“El PIB nos dice cuánto produce la economía, pero no si los hogares tienen educación, salud, vivienda, servicios públicos, empleo digno o condiciones básicas de bienestar”, dice Mejía a El Espectador. “En un país como Colombia, esa medición es especialmente valiosa porque conecta crecimiento con inclusión social”.En la última medición del DANE el país salió bien librado: cinco años consecutivos en descenso, ubicando la pobreza multidimensional en 9,9 % a nivel nacional y sacando a cerca de 800.000 colombianos de esa condición.

No obstante, al cruzar estos datos con un reciente informe de informalidad y seguridad alimentaria de ANIF, la narrativa del éxito muestra grietas importantes en el territorio. Los peores registros de hambre volvieron a concentrarse en Chocó, Sucre y La Guajira, departamentos que promedian 50 % en inseguridad alimentaria moderada o grave, y en donde la tasa de informalidad supera 80 %.La relación entre la precarización laboral y el plato vacío es un círculo vicioso.

De acuerdo con el análisis de ANIF, “quien trabaja informalmente enfrenta ingresos más bajos e inestables, lo que reduce su capacidad para asegurar una alimentación adecuada y sostenida”.Aquí estalla la primera contradicción: un territorio puede registrar un aumento en su PIB regional debido a la reactivación del comercio o la explotación minero-energética, pero si sus niños siguen comiendo una sola vez al día, ese crecimiento es una ficción contable. El PIB suma el valor del carbón o del petróleo extraído, pero es incapaz de restar el costo del hambre o de la desnutrición crónica que hipoteca el capital humano del futuro.

Durante años, Colombia celebró la caída del desempleo, no sin justicia. Los números bajaban, los titulares aplaudían.

Pero detrás, muchos de esos empleos nuevos eran informales, sin seguridad social, sin posibilidad real de movilidad. Hoy, mientras el desempleo se ubica en un punto históricamente bajo (8,8 %), la informalidad se mantiene por encima de 50 % (54,2 %, para ser exactos): 13,1 millones de trabajadores sin empleo formal.

El PIB no distingue entre un trabajo y otro. Para esa medición, todos cuentan igual. “Una brújula más amplia habría llevado a priorizar con más fuerza la formalización, la pertinencia educativa y la productividad laboral”, sostiene Mejía.

El país lleva 15 años publicando el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) sin lograr destronar al monarca macroeconómico, pese a que es uno de los instrumentos más sofisticados, adoptado dos años después del informe de 2009.“Lo más difícil no es construir métricas, sino lograr que se usen”, dice Mejía. “El reto es que esas mediciones entren en el presupuesto, en la evaluación de políticas y en las decisiones del alto gobierno”.El PIB, no obstante, sigue siendo el número que más estremece el debate, el que define en buena parte el éxito o fracaso de un Gobierno. Tener el termómetro no es suficiente El informe de la ONU es honesto con sus propias costuras.

De los 31 indicadores propuestos, una parte importante cae en lo que el reporte llama Tier II: métricas conceptualmente sólidas, metodológicamente aprobadas, pero que más de la mitad del mundo no produce con regularidad.Hablamos de variables como la satisfacción con la vida, la confianza interpersonal o la cohesión social. A nivel global, solo el 18 % de las naciones puede medir la satisfacción real con sus servicios públicos.

Apenas el 26 % sabe cuántos de sus ciudadanos se sienten seguros caminando solos de noche. Los datos más recientes disponibles en la plataforma global a comienzos de 2026 correspondían al año 2019.

El Sur global está obligado a diagnosticar su bienestar del presente con retrovisores de hace siete años.Sin datos actualizados, el PIB termina justificando decisiones destructivas. El informe Counting What Counts ofrece dos postales geopolíticas que lo ilustran sin necesidad de más argumentos.En Norteamérica, entre 2000 y 2021, el PIB per cápita mediano escaló de USD 43.143 a 53.659 anuales.

La esperanza de vida saludable, en cambio, se estancó a comienzos de la década de 2010 y empezó a desplomarse antes de la llegada del COVID-19: de 68,3 años a 66,8. Mientras el dinero subía, la salud humana bajaba.En África Oriental, entre 2003 y 2014, el PIB per cápita mediano creció de USD 509 a 846, mientras el Índice de Integridad de la Biodiversidad caía del 73 % al 68 %.

La economía avanzaba devorando el patrimonio natural que la sostenía.“El PIB es indispensable, pero incompleto. Puede aumentar mientras persisten desigualdades territoriales, baja calidad del empleo, desconfianza institucional, deterioro ambiental o falta de oportunidades para los jóvenes”, afirma Mejía.Información por el Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud y el Museo de Historia Natural de Londres.Pantallazo“Me tapas el sol”La historia clásica cuenta que cuando Alejandro Magno se paró frente a Diógenes de Sinope y le ofreció cualquier riqueza que su poder pudiera comprar, el filósofo, que vivía dentro de un barril, solo le esgrimió una petición: “Quítate de donde estás, que me tapas el sol”.Lea también: Sector petrolero busca opciones en Venezuela mientras espera reactivación local: CampetrolEl PIB ha operado con el mismo ímpetu de Alejandro en la conquista de los índices del desarrollo: su inmenso brillo macroeconómico tapa el sol a las variables comunitarias.Para Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el informe de la ONU ataca precisamente ese talón de Aquiles.

Zuleta explica que mientras existen países petroleros con explosiones brutales de crecimiento que conviven con instituciones débiles, exclusión de minorías y bajísima confianza, existen otros que crecen más despacio, pero con mayor equidad y legitimidad estatal.En América Latina, el caso es omnipresente. Federico Corredor, economista de la Universidad Estatal de Georgia, lo llama “desarrollo truncado”, siguiendo al exministro de Hacienda Antonio Ocampo y al académico uruguayo Luis Bértola.

Para Corredor, pese a los avances en indicadores sociales, aún no se ha logrado converger con los países desarrollados en productividad ni en participación en los segmentos de mayor valor de la economía global. A eso se suma la persistencia de la desigualdad, que limita la capacidad de las instituciones para generar desarrollo incluyente.Zuleta evoca la Bogotá de los años 90 bajo la administración de Antanas Mockus: una gestión que, sin grandes expansiones del gasto público, demostró que una ciudad puede cambiar si su gente empieza a creer que el cambio vale la pena. “Eso generó un impulso al desarrollo que después vino acompañado de un crecimiento económico de la ciudadanía importantísimo”, explica Zuleta.

Las siguientes alcaldías construyeron sobre esa base cultural —TransMilenio, bibliotecas, parques— porque la ciudad ya había aprendido a creer en sí misma.Pero la dirección también funciona al revés. “En los últimos años ha habido un impulso en sentido contrario”, dice Zuleta. “En lugar de cohesión, polarización. Identificar culpables para cualquier situación.

Ese discurso va en contra de la cohesión”. Y cuando la cohesión se erosiona, la legitimidad del Estado se oxida con ella.

Y cuando esto pasa, el crecimiento pierde el piso institucional que necesita para sostenerse.Ese es el argumento central del informe de la ONU: la cohesión social no es el resultado del desarrollo. Es una de sus condiciones.

Si un país no la mide, está pavimentando sobre arena movediza.Por eso el organismo propone indexar variables tan cercanas a la vida cotidiana como la proporción de personas que reportaron haber sentido una soledad profunda “gran parte del día de ayer”. Si la gente se siente conectada con los demás, confía más, coopera más, tolera más.

Si se siente sola, la brújula cambia de Norte.Lo que el empleo escondeExiste un consenso entre los analistas: el monopolio del PIB ha invisibilizado las dinámicas de la supervivencia. Mientras la inflación y el crecimiento acaparan las portadas, el debate público ignora las variables de movilidad social, estabilidad y aumentos sostenidos de ingreso.“Para la mayoría de hogares, el bienestar se juega en la calidad del trabajo”, señala Mejía.A su vez, Zuleta critica que debates de alto impacto político, como la fijación del salario mínimo o la última reforma laboral, se diseñen con un sesgo centralista: “Están totalmente pensadas para los trabajadores formales, sin consideración real en los informales”.

Cuando más de la mitad del país habita en un circuito de baja productividad y bajos ingresos, la pobreza se vuelve crónica e inmune al crecimiento del PIB industrial.Para romper esa cadena, la ONU exige que los gobiernos adopten la tasa compuesta de subutilización laboral de la Organización Internacional del Trabajo. Esta métrica suma a los desempleados, a quienes trabajan menos horas de las que necesitan y a los “descorazonados”: aquellos que dejaron de buscar un puesto porque la geografía o la falta de palancas los convenció de que el sistema ya los excluyó.Las alertas más ácidas frente a esta capa de invisibilidad se están formulando en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas.

En un reciente conversatorio, el economista Alberto Maldonado Copello indicó que en el trabajador informal no hay elección racional: hay una imposición forzada por salarios de subsistencia.“El trabajo asalariado (...) produce 75 % del valor agregado”, afirma Maldonado. No obstante, el trabajo por cuenta propia está al servicio de las mismas industrias: “¿Qué vende el tendero, el vendedor ambulante?

Pues productos de la Nacional de Chocolates o de Claro. Son millones de personas que están en condiciones terriblemente más precarias que los asalariados”.Y añadió: “No es que porque hago trabajo no mercantil me pueda pagar menos.

Es porque me pagan menos que me toca hacer más trabajo en la casa. Preparar el almuerzo y llevarlo.

Estoy forzado”.Las cuentas nacionales registran el salario que se gasta en el supermercado, pero consideran que el esfuerzo doméstico que convierte esos alimentos en supervivencia vale cero.A este nudo laboral se suma un factor que Zuleta describe como determinante para el caso colombiano: el impacto de las economías ilícitas en el tejido social. En vastas regiones de la periferia, el narcotráfico o la minería ilegal inyectan flujos de dinero que dinamizan el comercio y elevan el PIB regional, pero implantan un orden social paralelo que el Estado no puede penetrar.“Donde hay mercados ilícitos, a menudo hay una suerte de gobernanza criminal que no permite que el Estado actúe a plena capacidad”, advierte Zuleta. “Y como esa gobernanza criminal asimismo provee una serie de bienes públicos locales, se destruye la legitimidad y la confianza en el Estado.

Requerimos un diagnóstico visible de esta relación compleja para no caer en soluciones fáciles”.El aislamiento del mundo ruralLas desigualdades regionales son conocidas a priori en Colombia. Para confrontarlas, la ONU introduce el Indicador 24: la proporción de la población rural que habita a menos de dos kilómetros de una vía transitable en cualquier época del año.Es el indicador del aislamiento.

Estar a más de dos kilómetros de una vía pavimentada o estable significa que un campesino en el Chocó, el litoral Pacífico o el Putumayo no puede sacar sus productos al mercado, que una emergencia médica es una sentencia de muerte y que una escuela cerrará sus puertas tan pronto comience la temporada de lluvias.De los 205.745 kilómetros de vías a nivel nacional, 69 % son vías terciarias, según el Departamento Nacional de Planeación. De ese grupo, apenas uno de cada 10 kilómetros está pavimentado.

Siete sobreviven con grava. El resto es tierra que se rinde ante la primera lluvia.

En las trochas, el costo por tonelada-kilómetro se dispara entre 30 % y 50 % por encima del promedio nacional, que ya dobla al de la OCDE: 18 % del valor del producto frente al 8 %. El resultado es una fractura que el PIB tampoco registra: mientras la pobreza monetaria nacional cerró 2024 en 31,8 %, en las zonas rurales se mantuvo en 42,5 %.

Nacer y vivir lejos de las ciudades en Colombia significa ganar menos, pagar más por transportarse y quedar expuesto a perderlo todo cuando falla una carretera.“La noción misma de periferia hace referencia a una condición de aislamiento: territorios con menor conectividad física, institucional y económica frente a los principales centros urbanos”, explica Corredor. “Colombia sigue enfrentando un doble desafío: conectar e integrar mejor sus territorios, y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para que puedan aprovechar esas oportunidades y traducirlas en desarrollo para sus comunidades”. El precio de no mirarLa mayoría de los países tienen datos de bienestar, pero carecen de oportunidad.

El documento cita con entusiasmo los casos exitosos de Nueva Zelanda o Escocia, territorios con soberanía fiscal, burocracias estables y presupuestos estadísticos robustos que la mayoría del Sur global no tiene. La asimetría es una condición estructural: los países que más necesitan medir son los que menos pueden hacerlo.Frente a ese horizonte, Corredor rechaza el falso dilema. “Para un país como Colombia, medir mejor no es un lujo de países ricos.

Es una necesidad para identificar los cuellos de botella del desarrollo”. Y añade una advertencia: “Ninguna batería de indicadores resolverá por sí sola problemas estructurales como la baja productividad, la limitada diversificación económica, la debilidad del recaudo local o la ausencia del Estado en muchas zonas del territorio”.La experiencia internacional muestra dos caminos.

El primero es el de la señalización diplomática: firmar el documento, tomarse la foto y archivar el tablero en los anaqueles del Ministerio de Hacienda cuando llega la hora de ajustar el gasto público. El segundo es el de la vinculación presupuestal: que un proyecto vial o de salud no se apruebe si no demuestra que mueve positivamente los indicadores de equidad, capital natural o reducción del aislamiento.Colombia ya vivió este cortocircuito en 2020.

Cuando estalló la pandemia, el Estado descubrió que su obsesión con las cifras agregadas de empleo formal lo había dejado ciego ante la vulnerabilidad de la calle —ese 54 % que el PIB había contabilizado como empleo—. El Ingreso Solidario se tuvo que hacer sobre la marcha, con retrasos y datos incompletos, para tratar de llegar a hogares que el Estado nunca había contado bien.Zuleta rescata el caso opuesto: Familias en Acción, creado en 2001. “Se logró que todos los niños pudieran ir al colegio sin importar el costo de oportunidad de las familias”.

Un indicador de bienestar —asistencia escolar— convertido en criterio de política pública. El resultado fue capital humano más productivo, mejores ingresos y mayor legitimidad estatal.“Estos logros se magnifican en un contexto de alto crecimiento y alto recaudo, que relajan las restricciones presupuestales del Gobierno.

Si se percibe que hay un Gobierno entregando bienes públicos, trabajando por cohesión, hay legitimidad del Estado”, afirma.La diferencia entre los dos casos —la pandemia y Familias en Acción— es exactamente la diferencia entre medir para reportar y medir para decidir.Como concluye el panel de la ONU: “Lo que medimos moldea lo que valoramos”.Colombia lleva décadas mirando el dinero que circula en sus centros financieros. El lodo que asfixia sus caminos veredales no aparece en ningún lugar prominente.

El hambre que habita los platos en sus fronteras tampoco. La brújula nueva que propone la ONU no promete resolver eso.

Promete, al menos, que lo veamos.💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.