El ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó este viernes la presentación de una querella criminal en su contra por parte de la representación legal de la empresa Social Arquitectura Limitada (SARQ), en el contexto de la demolición de casas en El Olivar reconstruidas luego de el megaincendio en Valparaíso de 2024.La abogada que encabeza la acción, Erika Maira, acusa al secretario de Estado de “utilizar el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes y dictar resoluciones manifiestamente injustas”, según detalla T13.La acción judicial también incluye al seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruíz, y al director (s) del Serviu de Valparaíso, Rodrigo Muñoz.La empresa le imputa a los representantes del Ejecutivo los delitos de prevaricación administrativa reiterada; falsificación ideológica de instrumento público; uso malicioso de instrumento público falso; asimismo de fraude al Fisco.En ese sentido, el texto citado por el medio antes señalado acusa al ministro de gestar un plan para excluir a las empresas a cargo del proyecto (SARQ y San Sebastián) y liderar la reconstrucción con empresas de su preferencia.Asimismo, menciona que los querellados habrían amenazado a inspectores de obras del Serviu a redactar informes falsos para reportar “graves fallas constructivas inexistentes”.“Tienen la libertad de presentar las querellas que quieran”En ese contexto, el ministro de Vivienda respondió sobre el asunto que “estas querellas están presentadas por una empresa, San Sebastián, que nos construyó 150 viviendas sin los estudios estructurales adecuados, vulnerando la norma de resistencia al fuego, con materiales que no estaban calificados”.“De hecho, nosotros llegamos a esta empresa San Sebastián por la denuncia de un proveedor de materiales. Presentamos cuatro querellas contra esta empresa por fraude al fisco, estafa, negociación incompatible, dados sus vínculos con funcionarios y el exdirector del Serviu”, explicó al respecto.En ese sentido, habló particularmente sobre la acusación de amenazas a inspectores: “Tenemos sumariados a inspectores fiscales que no fiscalizaron y, probablemente, a eso se refiere con las presiones”.“Esta empresa pretende que nosotros, las casas falladas que nos entregaron las arreglemos, las reforcemos, cambiemos los materiales para que sean resistentes al fuego.

Nosotros no vamos a entregar casas falladas, parchadas o reforzadas”, continuó sobre la querella criminal.Para añadir: “Ellos tienen toda la libertad de presentar las querellas que quieran, nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros tenemos nuestras propias querellas, ya hemos demolido gran parte de las viviendas”.