La Comisión Europea pide a España que actúe con decisión frente a la crisis de vivienda y advierte de cómo el aumento de precios está agravando los problemas de accesibilidad ya existentes, lo que afecta "de manera desproporcionada" a los grupos de bajos ingresos y vulnerables. En el marco del paquete de primavera del Semestre Europeo, que incluye recomendaciones específicas para cada Estado miembro, Bruselas reclama al Gobierno eliminar trabas burocráticas, reconvertir edificios y aumentar el alquiler social.

El documento señala que la situación del mercado inmobiliario requiere de "medidas de gran alcance" destinadas a ampliar la oferta y aumentar el parque de viviendas sociales. Para ello, el Ejecutivo comunitario llama a facilitar la disponibilidad de suelo, agilizar los procesos de concesión de licencias y reducir los cuellos de botella administrativos, lo que permitiría superar algunas de las limitaciones que han frenado la promoción inmobiliaria.

También recomienda aprovechar las viviendas desocupadas y convertir edificios no residenciales en viviendas para aumentar aún más el parque residencial. En el ámbito de la vivienda social y, a falta de una oferta adicional, la Comisión ve necesario preservar la finalidad social de estas en caso de transferencia de la propiedad.

Esto es esencial "para ayudar a los hogares con ingresos bajos y medios a acceder a la vivienda, reduciendo las disparidades regionales y promoviendo al mismo tiempo la inclusión social", señala el informe. Por último, la Comisión se decanta por emplear nuevos modelos de negocio para la promoción y el mantenimiento del parque de viviendas sociales, lo que podría ayudar a mejorar la sostenibilidad financiera del sistema."El alquiler social ofrece acceso directo e inmediato a viviendas asequibles sin exigir compromisos a largo plazo, costes de entrada adicionales ni restricciones de elegibilidad, en comparación con los planes de compra", señala el documento.

Este apuesta, a la vez, por favorecer las opciones de alquiler social, "mejor adaptadas a las necesidades territoriales" y por ampliar el número de unidades en las zonas más deprimidas económicamente para "promover políticas de bienestar social".