El régimen actual ha conservado una relación permisiva con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una facción del magisterio que mantiene un historial de acciones disruptivas. Los actos de destrucción de mobiliario urbano, vandalización de vehículos, comercios y monumentos, así como bloqueos y saqueos registrados en diversas zonas de la ciudad, revelan que esta organización goza de impunidad mientras las autoridades federales y locales permanecen inactivas ante tales hechos.

La CNTE ha caracterizado su actuar por movilizaciones, chantaje y negociación para obtener privilegios, todo ello financiado y coordinado con métodos que rozan lo delictivo. A pesar de que los propios miembros reconocen su participación en los disturbios, no enfrentan consecuencias legales ni administrativas. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que los vándalos podrían ser infiltrados, los propios activistas desminieron esta versión sin recibir sanción alguna.

Esta alianza se originó hace décadas cuando López Obrador requería operadores de movilización, bloqueos y desestabilización en la Ciudad de México y el sur-sureste. La relación fue utilizada para apoyar campañas políticas con métodos coercitivos como robo de urnas, secuestro de transporte y amedrentamiento a ciudadanos. Incluso en 2018, la CNTE participó en operaciones de compra de votos financiadas mediante un fideicomiso.

Esta combinación de clientelismo, movilización callejera y manipulación electoral ha permitido que grupos con capacidad de intimidación y chantaje mantengan su poder. Aunque alianzas de esta naturaleza degradan la autoridad gubernamental, el actual gobierno ha evitado enfrentar directamente a una organización que constituye un riesgo para la institucionalidad y la gobernanza.