La planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar), ubicada en Mauricio José Troche (Guairá), atraviesa el peor momento de sus más de 40 años de funcionamiento, con pérdidas anuales calculadas en unos US$ 5 millones. Hoy, producir un litro de alcohol en la planta de Mauricio José Troche cuesta alrededor de G. 11.000, mientras que ese mismo producto puede adquirirse en el mercado por unos G. 6.000, de acuerdo con los propios datos de la empresa pública.

Asimismo, mantener en funcionamiento la fábrica deficitaria representa un costo millonario para Petropar y, según denunciaron congresistas durante una reunión con el presidente de la estatal, William Wilka, en mayo pasado, la planta termina sirviendo principalmente para sostener operadores políticos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la zona. Para mantener la producción durante la actual zafra, la petrolera pública aceleró la contratación de servicios electromecánicos tercerizados (ID 483554), por G. 5.000 millones —cerca de un millón de dólares al cambio actual—.

El llamado fue adjudicado a Cabipal Metalmek S.A., representada por Denes Schussmuller. Wilka explicó que esta contratación contempla servicios en las áreas de destilería, sistemas de bombeo, válvulas, aislaciones térmicas, sistemas de transmisión de potencia y montaje de motores eléctricos.

El contrato prevé un plazo de ejecución de entre 45 y 90 días, pese al elevado monto adjudicado. Asimismo, la planta demandó otras contrataciones de elevado costo para sostener su funcionamiento.

Entre ellas figura el servicio de rebobinado de motores, por G. 1.600 millones, y la adquisición de repuestos para intercambiadores de placas y centrífugas separadoras, por G. 1.200 millones, ambos procesos aún en etapa de evaluación de ofertas. Hasta el cierre de esta edición, los documentos de estas contrataciones no habían sido publicados.

Entre los llamados ya adjudicados también se encuentran la adquisición de insumos para molino, por G. 2.500 millones, adjudicada a María Julia Planas Gómez de Benítez; una consultoría técnica por casi G. 412 millones, adjudicada a Deloitte Paraguay S.R.L.; la adquisición de artículos de ferretería y bulonería, por G. 900 millones; asimismo de la compra de válvulas, por G. 600 millones, y rodamientos, por G. 700 millones. Estas son solo algunas de las “inversiones” conocidas y, aun así, la petrolera pública no podrá garantizar el procesamiento de toda la caña de azúcar producida por los cañicultores de la zona.

Según confirmó Wilka el pasado 4 de mayo, durante una reunión con la Mesa Directiva del Senado, de las aproximadamente 400.000 toneladas de caña previstas para esta zafra, entre 50.000 y 100.000 toneladas deberán ser procesadas por ingenios privados mediante una alianza con Petropar. El titular de la estatal confirmó a los legisladores que las empresas privadas Azucarera Paraguaya S.A. (Azpa) y Neualco S.A. ya procesaron parte de la caña que la planta de Troche no pudo industrializar durante la zafra del año pasado y que volverán a hacerlo este año si la capacidad de la alcoholera resulta nuevamente insuficiente.

Asimismo, una de las empresas con las que Petropar trabaja para procesar la caña que la planta de Troche no pueda industrializar es justamente Neualco S.A., firma vinculada a Carlos Morínigo Gamell, socio “oenegero” del actual embajador en Estados Unidos y senador con permiso Gustavo Leite. Morínigo se desempeña como secretario de la ONG Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, presidida —según se conoció en su momento— por Paola Serrati, esposa de Leite.

La misma empresa ya había sido adjudicada anteriormente por G. 31.200 millones para proveer etanol a Petropar a un precio superior al de otros oferentes. Para esa contratación, la estatal invocó la Ley Nº 7357, que modificó el artículo 7 de la Ley Nº 5.444/2015, “De fomento al consumo de alcohol absoluto y alcohol carburante”, conocida como la “Ley Leite”, impulsada por el entonces senador cartista Leite, que prioriza la producción de alcohol derivado de la caña de azúcar.

ABC consultó al presidente de Petropar sobre las condiciones de los acuerdos con ingenios privados para recibir la caña producida en la zona de influencia de la planta de Troche cuando la estatal no pueda procesar toda la materia prima. No obstante, Wilka evitó explicar cómo funcionan estos acuerdos. “En el departamento del Guairá existen varios ingenios, como por ejemplo Azucarera Paraguaya, Neualco y otros.

Es importante recalcar que la materia prima de los cañicultores solo será enviada a los ingenios privados si existe necesidad. Esta prestación de servicios no corresponde a un convenio, sino a un proceso licitatorio, siguiendo los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)”, respondió.

Ante la consulta sobre las condiciones en las que los productores remitirán su caña a los ingenios privados, Wilka indicó que el procedimiento será el mismo que rige para la planta de Troche y que los cañicultores deberán cumplir con el Reglamento de Compra de Materia Prima de Petropar, asimismo de estar previamente censados por la estatal. No obstante, cuando ABC consultó quién pagará finalmente la caña procesada por los ingenios privados y en qué consisten las condiciones económicas de la prestación del servicio, ya no hubo respuestas.

Tampoco quedó claro si el alcohol producido en esas plantas será entregado íntegramente a Petropar ni cómo será remunerado el procesamiento de la materia prima. La consulta sobre si la tercerización del procesamiento de caña será objeto de una licitación específica tampoco fue respondida por el titular de la estatal.

Lo que sí explicó Wilka es que que el precio pagado por la caña debe ser el mismo que el establecido por Petropar para la presente zafra. En la actualidad, Petropar paga G. 245.000 por tonelada de caña, mientras que los ingenios privados abonan alrededor de G. 200.000 por tonelada.

Todos estos pagos y contrataciones se realizan luego de la última fallida promesa de Petropar. A comienzos de este año, el entonces presidente de Petropar, Eddie Jara, intentó impulsar una nueva licitación por más de US$ 20 millones para “terminar” el tren de molienda de caña de azúcar de la alcoholera de Mauricio José Troche, pese a que gran parte de la obra y de los equipos ya habían sido contratados en un proceso anterior.

No obstante, una medida cautelar frenó el llamado, que asimismo arrastraba denuncias de presunta sobrefacturación. La suspensión tuvo lugar luego de que Estructura Ingeniería S.A. (EISA), propiedad de Alberto Palumbo, recurriera al Tribunal de Cuentas para impugnar la rescisión de su contrato con la estatal, dispuesta por Jara en octubre del año pasado.

Es que en diciembre de 2021, las obras del tren de molienda habían sido adjudicadas a EISA, durante la administración de Denis Lichi (ANR), por G. 195.299 millones. No obstante, la empresa no concluyó los trabajos en el plazo previsto, pese a haber recibido un anticipo de G. 41.815 millones, por lo que el proyecto terminó convirtiéndose en otro “elefante blanco” de la estatal.

Luego de un avenimiento ante la DNCP, en julio de 2023, la firma Ocho A, vinculada al empresario y actual senador Luis Pettengill, fue subcontratada para finalizar las obras. No obstante, la administración de Jara suspendió los trabajos apenas asumió y posteriormente resolvió rescindir el contrato.

Posteriormente, el Tribunal de Cuentas, hizo lugar a una medida cautelar que dejó sin efecto la rescisión y retrotrajo el contrato al estado de suspensión. Con ello, el vínculo con EISA permanece vigente —aunque suspendido— y la nueva licitación para la misma obra quedó paralizada.

Consultado sobre el futuro del proyecto, el presidente de Petropar, William Wilka, remarcó que la estatal “seguirá realizando inversiones conforme a las necesidades, siempre con el objetivo de mejorar las condiciones de operatividad de la planta, ya que de ella depende el sustento de cientos de familias del área de influencia de la alcoholera”. Respecto a la continuidad de las obras y la posibilidad de alcanzar un acuerdo con EISA o contratar a otra empresa para concluir el proyecto, Wilka respondió que el caso se encuentra judicializado y que Petropar aguardará el desarrollo del proceso correspondiente.