El próximo 3 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará en Washington su primera audiencia temática sobre violencia vicaria a nivel interamericano, con el objetivo de colocar esta problemática en la agenda del sistema y en la opinión pública como una violación a los derechos humanos. La violencia vicaria es una forma de agresión de género en la que el agresor daña a la mujer a través de sus seres más amados, principalmente sus hijos, mediante la retención, la manipulación o el retiro de la custodia.

A nivel nacional, entidades como Yucatán, Hidalgo, Sinaloa, Colima, Puebla y el Estado de México ya reconocen normativamente este tipo de violencia. A la audiencia pública asistirán Elisa María Zaldívar, Gabriela Pablos y Blanca Estela Paredes, cuyas denuncias individuales representan los tres primeros casos sobre este tema admitidos por el organismo internacional, ante la revictimización del sistema judicial mexicano.

De acuerdo con la Red Solidaria Década contra la Impunidad, a la sesión también acudirá la representación del Estado mexicano para ofrecer una contestación oficial. Los antecedentes de las tres asistentes visibilizan este tipo de violencia en el país y, en palabras de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, los obstáculos institucionales que han enfrentado en la búsqueda de justicia.

En el caso de Elisa Zaldívar, su proceso inició luego de obtener la custodia de sus hijos en un juicio con su expareja; posteriormente, fue denunciada por corrupción de menores —delito de oficio—, lo que provocó su encarcelamiento durante seis meses. Luego de demostrarse que los hechos imputados presuntamente ocurrieron cuando los menores ya estaban con el padre, el caso fue sobreseído, pero Zaldívar acumula años sin ver a sus hijos.

Gabriela Pablos enfrentó la sustracción de su hijo de siete meses de nacido por parte de su expareja. Al separarse, el agresor se coordinó con el padre del primer hijo de Pablos para iniciar múltiples litigios.

Luego de ser denunciada por sustracción de menores al resguardar a su hijo mayor, acumuló más de 90 procesos judiciales abiertos y fue detenida en una audiencia de verificación, aunque no resultó vinculada a proceso. En la actualidad, pasa los fines de semana con su hijo menor luego de dos años de separación.

Por su parte, Blanca Paredes denunció al padre de sus hijos por violencia física y por el presunto abuso sexual infantil y corrupción de menores cometido contra su sobrina de 15 años. El denunciado ostentaba el cargo de magistrado del Poder Judicial del estado de Jalisco.

A raíz de la denuncia, Paredes enfrentó demandas para retirarle la custodia de sus hijos bajo el argumento de que sus jornadas laborales impedían el cuidado adecuado. Su expareja fue desaforada y cuenta con una orden de aprehensión vigente.

Su expediente es el primero sobre violencia vicaria que admitió la CIDH. La Red Solidaria Década contra la Impunidad, organismo que ha acompañado los tres casos y que logró que la CIDH los admitiera, resalta la urgencia de contabilizar cuántas mujeres atraviesan estos procesos, bajo una perspectiva de género.

Asimismo, señala la necesidad de reconocer a los menores como víctimas directas del conflicto. Asimismo, lanzó una solicitud de apoyo a la ciudadanía para reunir fondos para el traslado.