La Coordinadora Nacional de Representantes (Conare) incorporó a su propuesta de presupuesto para 2027 un incremento de 1,000 dólares mensuales para los representantes de corregimiento, con el objetivo de elevar sus salarios a 3,000 dólares. El presidente de Conare, Celestino Vargas, recordó que durante el período gubernamental anterior (2019-2024) se les prometió aumentar sus ingresos hasta 3,500 dólares mensuales, un compromiso que nunca se materializó.

Ahora, explicó, aspiran a un ajuste menor, de 1,000 dólares, que permitiría fijar el salario en 3,000 dólares mensuales. Vargas defendió la petición al argumentar que los representantes son funcionarios de elección popular que mantienen un contacto permanente con las comunidades y que, en muchos casos, destinan parte de sus ingresos a atender necesidades sociales en sus corregimientos.

Incluso comparó sus remuneraciones con las de otros funcionarios administrativos y afirmó que existen secretarias que perciben salarios superiores a los de muchos representantes. La solicitud fue sustentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de una propuesta presupuestaria de 58 millones de dólares para el funcionamiento de los consejos provinciales durante 2027, organismos que agrupan a todas las juntas comunales del país.

Vargas explicó que esa partida cubriría los salarios de los representantes principales y suplentes, asimismo de los gastos operativos de los consejos provinciales en todo el país. En la actualidad existen 700 juntas comunales en Panamá.

De aprobarse el ajuste, el incremento salarial tendría un costo aproximado de 700,000 dólares mensuales, equivalente a 8.4 millones de dólares al año. Aunque la propuesta de Conare constituye, por ahora, una iniciativa, su viabilidad dependerá de la recomendación que formule el MEF sobre el monto que incorporará al proyecto de presupuesto.

Posteriormente, la asignación será analizada y debatida por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El presidente de Conare también recordó que, durante la administración anterior, los representantes dejaron de recibir los gastos de movilización que algunos municipios otorgaban de acuerdo con su capacidad financiera.

Remarcó que la eliminación de ese beneficio afectó especialmente a quienes deben desplazarse de forma constante para atender comunidades apartadas y rechazó la percepción de que todos los representantes cuentan con altos ingresos o privilegios económicos. Indicó que existen representantes sometidos a investigaciones pese a haber cumplido con las normas vigentes al momento de ejecutar los recursos, y cuestionó que se les pretenda atribuir responsabilidad por el uso final que terceros dieron a ayudas económicas entregadas conforme a la ley.

El más reciente informe sobre la descentralización paralela revela que las auditorías a 663 municipios y juntas comunales detectaron 233.4 millones de dólares sin sustento razonable, luego de revisar transferencias superiores a 320 millones. Los hallazgos dieron lugar a 339 denuncias ante el Ministerio Público y a 41 imputaciones y medidas cautelares por el presunto uso irregular de 47.9 millones en fondos públicos.