SEÑOR DIRECTOR:La discusión sobre el CAE y la cobranza de sus créditos reabre un viejo debate: quiénes son, realmente, los que no cumplen sus obligaciones.La literatura especializada distingue dos factores que determinan el cumplimiento de una obligación: la capacidad y la disposición de pago. De su combinación surge una tipología que, en términos generales, distingue entre quienes no pueden pagar (can’t pay) y quienes no quieren hacerlo (won’t pay).No es lo mismo quien acumula un extenso historial de demandas ejecutivas y tiene por práctica retener el pago hasta agotar las instancias de cobranza, que quien, pese a su voluntad de cumplir, pierde el empleo, enfrenta una enfermedad o atraviesa una crisis familiar.Tratar a todos los deudores del CAE —o de cualquier otro crédito— como si fueran un bloque homogéneo simplifica el debate.

Un abordaje serio exige preguntarse: ¿qué se quiere lograr con la cobranza? Si el objetivo es recaudar, las herramientas son distintas a aquellas necesarias cuando el propósito es rehabilitar.Esta lógica se observa en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, cuyo propósito no es castigar al que no paga, sino rehabilitar al “deudor honesto, pero desafortunado”.

Para eso contempla procedimientos diferenciados —renegociación, y si esta fracasa, liquidación— cuyo horizonte final es la reinserción financiera de la persona.La pregunta relevante no es si los deudores del CAE deben pagar. Es cómo distinguir, entre quienes no han podido y quienes simplemente no han querido.

Esa diferencia debiera ser el punto de partida de cualquier política pública seria.Macarena Vargas PavezVicedecana de pregrado Facultad de Derecho UDP