El presidente del Senado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) el pasado miércoles, durante la sesión ordinaria del Senado defendió su gestión e incluso la calificó de ser “responsable, transparente y eficiente en el uso de los recursos públicos”. No obstante, la misma es cuestionada por el uso y abuso de los recursos públicos para la contratación de funcionarios.

A meses de haber asumido, el 28 de noviembre de 2024, durante la presidencia de Núñez se aprobaron aumentos salariales para senadores y diputados, elevando las dietas de G. 32 millones a G. 38.974.000. El autoaumento para los legisladores fue duramente cuestionada por la ciudadanía.

En la misma sesión, se restituyeron los viajes en primera clase, un beneficio que había sido eliminado durante la pandemia y reemplazado por clase económica. También se mantuvo el subsidio estatal de más de G. 3 mil millones para “auxiliar” la Caja Parlamentaria.

En diciembre de 2024, Núñez no brindó información clara sobre el uso de aproximadamente USD 3 millones destinados al Parlasur, pese a pedidos de acceso a la información pública y pedidos puntuales aprobados por el pleno. El caso generó sospechas sobre manejo discrecional de fondos y posibles redes de protección política a funcionarios de gestiones anteriores.

Lea más: Bachi pontifica sobre transparencia pero oculta deuda “presupuestada” de US$ 3 millones que tiene Paraguay con el Parlasur En julio de 2025, el oficialismo impulsó cambios en el Reglamento Interno del Congreso que permitieron la continuidad de Bachi Núñez en la presidencia del Senado hasta 2027, rompiendo acuerdos políticos previos de rotación anual. El senador cartista Derlis Maidana debía originalmente ocupar el cargo.

El 9 de marzo de 2026, el Senado concedió permiso sin goce de dieta al senador Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal en el caso “A Ultranza Py”. La licencia no esta contemplada en la Constitución Nacional, salvo para permisos para ser embajadores o ministros.

La decisión fue cuestionada por permitir que el legislador mantuviera su investidura pese a la condena. La oposición habló de “blindaje político”.

Semanas después, luego de la presión pública y la ratificación judicial, el propio Senado revocó el permiso inconstitucional y avanzó hacia el proceso de pérdida de investidura. El 23 de marzo de 2026, Bachi Núñez renunció a las autoasignaciones adicionales que percibía desde 2025, estimadas en G. 21 millones mensuales.

Con estos ingresos, su salario total había alcanzado aproximadamente G. 63 millones mensuales, generando críticas en un contexto económico calificado por el propio Gobierno como “de economía de guerra”. Durante casi un año, sus ingresos totales habrían superado los G. 839 millones.

El 11 de mayo de 2026, el abogado y funcionario Rubén Penayo presentó una denuncia penal contra Bachi Núñez por presunto esquema de contrataciones irregulares, con salarios elevados y posibles daños patrimoniales superiores a G. 40.610 millones. Lea más: Denuncia contra Bachi Núñez estima un perjuicio de G. 40.610 millones por contrataciones en el Congreso Según la denuncia, la nómina del Congreso aumentó de 2.014 funcionarios en 2024 a 2.273 en 2026, con cientos de incorporaciones nuevas cuestionadas por su perfil académico y afiliación partidaria.

El funcionario también acusó presuntos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios, acusaciones que el presidente del Senado rechazó. El 18 de mayo de 2026, el oficialismo logró controlar la comisión investigadora sobre títulos universitarios presuntamente falsos, colocando al senador Patrick Kemper al frente de la instancia.

La oposición denunció que la maniobra buscó neutralizar la investigación original impulsada por sectores críticos del Senado. En abril y mayo de 2026, los senadores Hernán Rivas y Erico Galeano recibieron permisos y posteriormente presentaron renuncias en medio de escándalos judiciales.

Rivas enfrentaba un proceso por presunto uso de título falso de abogado y Galeano estaba condenado por lavado de dinero. Lea más: Chase defiende “autoaumento” de Bachi y dice que ya analizaba recortar bonificaciones Ambos casos generaron fuertes críticas sobre el manejo institucional del Senado durante la presidencia de Núñez principalmente porque los permisos para atender causas penales no están contemplados en la Constitución.

Ese mismo día, Núñez le tomó juramento a Carlos Liseras en reemplazo de Rivas. El acto fue calificado de inconstitucional debido a que el funcionario no renunció a su cargo en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), donde se desempeñaba como representante de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Durante su informe, Bachi Núñez defendió su administración afirmando que el Senado ha desarrollado una gestión “responsable, transparente y eficiente en el uso de los recursos públicos”. Remarcó asimismo que las denuncias ante la Fiscalía sobre contrataciones y crecimiento de la nómina son “incorrectas” y destacó mejoras en infraestructura, control interno y modernización institucional.

Lea más: Sin votos: Cartistas reculan en plan para habilitar a expresidentes como senadores activos Entre los logros mencionados habló de mejora en la infraestructura edilicia del Congreso, incorporación de tecnología y servicios internos, fortalecimiento del sistema de control interno MECIP, la instalación de 26 desfibriladores en el edificio legislativo, la mejora de salas de lactancia y servicios sociales y la instalación de ascensores y obras de modernización. “El Senado ha mejorado su posición en el ranking de control interno y hemos fortalecido la institucionalidad”, aseveró el presidente del Congreso. A pesar de las cuestionada administración el senador Núñez sigue contando con el respaldo de una mayoría del Senado que será su sostén político hasta el 29 de junio del 2028.