Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha ido poniendo sus primeras fichas en términos de qué haría en el terreno de los impuestos y los gastos. Así se va cocinando una nueva reforma tributaria.Imagen de referencia.Getty ImagesEl presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha comenzado a mover sus fichas en el tablero económico, uno de los centros de gravitación de la nueva administración nacional.Esto en medio de las tensiones que han emergido en el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, un proceso que, aunque importante, se suele hacer un poco de oficio, pero que en esta ocasión va capturando los quiebres que dejaron los resultados electorales en el panorama político del país.La agenda del nuevo Gobierno en materia económica gira en torno a reducción del Estado (una promesa de campaña) y una reingeniería al estatuto tributario, pues el país necesita con urgencia nuevas fuentes de recursos.El plan general ha ido siendo delineado por Miguel Gómez, quien asumirá el mando del Ministerio de Hacienda después del 7 de agosto.En líneas gruesas, así se vería la agenda económica en el gobierno De la Espriella.Descentralización del EstadoGómez ha detallado en varias conversaciones con medios de comunicación que una de las prioridades es bajarle el tamaño al músculo del gobierno central para transferir parte de esta carga a los gobiernos territoriales.Aquí es clave recordar que, aunque ya hay una ley que le transfiere más poderes a las regiones en términos de organización de presupuesto y ejecución de funciones, aún hace falta la llamada ley de competencias, que tendría que esclarecer mucho mejor quién hace qué y con qué dinero.Este proyecto, aunque tiene el potencial de redefinir las relaciones de las regiones con el gobierno central, también posee riesgos en términos de manejo político y corrupción en el largo plazo.

Su diseño cuidadoso está, en buena parte, en manos del Congreso. Pero la nueva administración nacional tendrá que dirigir estos esfuerzos.Asimismo de solucionar el panorama de la ley de competencias, en temas territoriales, los expertos de la Red de Trabajo Fiscal también han identificado un trabajo por hacer alrededor del funcionamiento de los sistemas de tributación municipal, distrital y departamental.“Lamentablemente, la ciudadanía debe enfrentarse a la proliferación de tributos como estampillas, contribuciones especiales y tasas que generan una sobreimposición de la actividad productiva; a un laberinto de obligaciones formales por parte de cada municipio del país (sujetas a altas sanciones por incumplimiento), tarifas impositivas arbitrarias (como las del impuesto de alumbrado público en algunos municipios); tributos injustos y contrariedades procesales que sólo se explican por la falta de claridad en nuestro sistema y la incapacidad de gestión tributaria de las entidades territoriales”, escribieron en un análisis publicado por este diario.

¿Qué hacer con el gasto?Prácticamente todos los expertos y analistas están de acuerdo en que hay que recortar el gasto del Estado. Gómez asegura que desde el 7 de agosto se congelarán contrataciones y se buscará reducir el Presupuesto General en términos reales (anclando su crecimiento a la inflación, idealmente).Si bien la medida puede ser un camino deseado desde el lado de los resultados fiscales, su implementación puede encontrarse con obstáculos de realidad presupuestaria en el camino: el Estado es un animal vasto, y acaso algo salvaje, que no es particularmente fácil de asumir bajo reglas generales que dominen todos sus aspectos (como un congelamiento inmediato de gasto).Desde la campaña, De la Espriella ha insistido con que el tamaño del Estado colombiano es demasiado grande.

Gómez añadió esta semana un ingrediente tangencial a esta queja retórica: se buscaría pasar de 19 ministerios a 13 (el primero en la mira es el de Justicia, que se fusionaría con Interior, algo que ya ha existido en el pasado).Pero aquí también hay obstáculos: estas decisiones deben pasar por el Congreso, en donde los números de la oposición (bajo el llamado de desobediencia civil, asimismo) pueden complicar el camino de algunas de estas iniciativas.Si bien las acciones que va poniendo Gómez en el tablero ayudarían a aprestarse el cinturón, expertos de la Mesa Fiscal (reunidos a instancias del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana y el CARF) han identificado acciones más drásticas y que, en el largo plazo, podrían dar mejores resultados.Por ejemplo, una de las medidas que bien podría apuntalar las finanzas nacionales de forma estructural es reformar los regímenes especiales de pensiones, especialmente el de las Fuerzas Militares y la Policía, como lo argumenta este grupo de analistas y académicos.Buscar más ingresos: la conversación sobre los impuestosPara Gómez, el estatuto tributario es en exceso complicado, una apreciación que, con algunos matices, han validado varias misiones de expertos.

Su propuesta es simplificar los impuestos, pasando de unos 15 a tres: renta, IVA e IVA externo.Sobre esta idea, Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura y Hacienda, entre otros cargos, afirmó que “es una idea plausible hacia la simplificación tributaria. Pero para que sea factible debe ir acompañada de una especie de “tabula rasa” en todo lo que son minoraciones tributarias (exenciones, deducciones y tratamientos de privilegio fiscal).

Tarea ciclópea en el congreso y contra los grupos de interés”.De hecho, una de las propuestas centrales de la Mesa Fiscal es, justamente, una revisión exhaustiva y una reducción de los beneficios y exenciones. “Colombia tiene una gama atípicamente alta y costosa de tratamientos tributarios excepcionales”, conceptúan los expertos. Muchos de estos, después de implementados, no tienen seguimiento para saber si cumplieron sus fines de política pública.Los analistas de la Red de Trabajo Fiscal aseguran que una decisión estructural sobre los beneficios “permitiría recuperar la pérdida de aproximadamente COP 130 billones por concepto de recaudo.

Esto ha sido sistemáticamente recomendado, como lo sugirió el Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios”.Y a renglón seguido dijeron: “Este es el problema que en mayor medida afecta el recaudo en el país. Es claro que no existe un grupo de congresistas que analice técnicamente este aspecto.

En tal sentido, debería delegarse en un equipo técnico junto con la academia la tarea de analizar cada gasto tributario, analizar la relación beneficio/costo y determinar cuáles se justifican y cuáles no. Esto incluso permitiría reducir la tarifa del impuesto a la renta de las personas jurídicas”.

El enorme reto fiscal de ColombiaColombia lleva un par de años navegando los peores déficits fiscales de su historia reciente (con excepción de los años de pandemia, por razones obvias). La crudeza del indicador ha venido acompañada de caídas en recaudo tributario, presupuestos desfinanciados y recortes presupuestales.

Al escenario se han sumado rebajas en calificaciones crediticias, subidas en los intereses que gobiernan la deuda externa y una inflación que no logra llegar a la meta del Banco de la República y que, en la actualidad, se está acelerando. A la vez, el país ha logrado tener un mejor ritmo de crecimiento económico (particularmente en el PIB), tener un desempleo en niveles históricamente bajos, asimismo de registrar disminuciones en aspectos como pobreza (monetaria y multidimensional).La ecuación fiscal depende de una serie de factores.

Pero, con una visión algo simple y reducida, podemos agruparlos en ingresos y gastos. Y en ambos frentes hay una tela larga por cortar, no sólo desde la Casa de Nariño, sino también desde el Congreso y los intereses de los partidos políticos.Bajo los análisis del Ministerio de Hacienda, el país cerraría 2026 con un déficit fiscal de 5,3 % del PIB, una proyección mayor a la del Plan Financiero, que a principios de año estimaba esta variable en 5,1 % del PIB.

Para 2027, el déficit debería corregirse hasta 4,5 % del PIB, en 2028 debería disminuir a 3,6 % y hacia el largo plazo, 2037, debería tocar un mínimo de 2,7 % del PIB.La proyección suena bien, pero su materialización está condicionada por una serie de acciones y metas que no son sencillas.De acuerdo con las cuentas del Minhacienda, se necesitan unos COP 30 billones para comenzar a estabilizar el escenario fiscal, darle más solidez al Presupuesto y poder financiar las inversiones que el Gobierno quiera perseguir. La cifra, astronómica de entrada (la pasada reforma tributaria buscaba recursos por alrededor de COP 20 billones), sólo daría caja para 2027.

De ahí para adelante, la cosa es a otro costo, literalmente.Las cifras del Ministerio indican que, para volver al camino de la regla fiscal (por allá en 2028), el país necesita incrementar sus ingresos tributarios al ritmo de 1,4 % del PIB cada año (con miras a subir a 1,6 % del PIB).Pero esto no suena del todo realizable, si tenemos en cuenta que entre 2019 y 2025, los ingresos tributarios crecieron apenas 0,4 % del PIB. El ministro de Hacienda actual, Germán Ávila, afirmó esta semana que el Gobierno no descarta presentar el próximo Presupuesto General (antes de finales de julio) con una nueva ley de financiamiento, que buscaría, cuando menos, unos COP 16 billones en recaudo.Según Ávila, el gran reto es encontrar ingresos nuevos porque por el lado del gasto hay una serie de restricciones legales que, según el funcionario, lo vuelven inflexible en más de 90 %.No obstante, para analistas como Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, reducir el gasto es fundamental: “La mayor parte del ajuste tiene que venir del gasto: la nómina estatal creció 30 % real entre 2022 y 2025, y los subsidios como el de combustibles siguen mal focalizados”.¿Qué hace falta en el plan inicial del gobierno entrante?Cruzando las declaraciones de Gómez con las recomendaciones de alrededor de una docena de analistas y académicos, hay algunos puntos que, según los expertos, deberían ser atendidos por el nuevo Gobierno.Registro Único de IngresosEste casi que es un requisito para que los cambios en los impuestos funcionen: se necesita mejor información para focalizar mejor los beneficios, pero también para atajar la informalidad tributaria.

Esto permitiría integrar en un solo lugar los datos de ingresos de “registros administrativos, tributarios y de seguridad social, superando las limitaciones del SISBEN”.Renta para empresasLos expertos hablan de reducir la tarifa del impuesto de renta para empresas, a la vez que se deben revisar los beneficios tributarios. En este momento, Colombia tiene la tarifa nominal en este impuesto más alta en los países de la OCDE.Renta para personasMás personas deben entrar a declarar este impuesto, aunque con tarifas muy bajas, o nulas, para los nuevos tramos de tributación.

Los expertos encontraron que, en el país, “el primer contribuyente de renta tiene ingresos equivalentes a 3 veces el salario promedio, el umbral más alto en una muestra de 30 países”. Aquí también es fundamental en el Registro Único de Ingresos.

Las pensiones, asimismo, deben ser gravadas, bien sea cuando se ahorra o cuando se usa ese ahorro.El plan de Gómez tiene una dirección que parece clara. Lo que falta, por razones obvias, es ver cómo comienza a tomar forma: cómo este orden de batalla negocia con las realidades políticas y de ejecución que implica el ejercicio de gobernar y administrarCon un déficit del 5,3 % del PIB, un recaudo que creció apenas 0,4 % del PIB en seis años pese a tres reformas tributarias, y COP 130 billones perdidos en exenciones que nadie evalúa, el nuevo Gobierno heredará una situación que exige más que reingeniería: decisiones que ningún Congreso ha querido tomar y capital político a dos manos si se busca tomar acciones estructurales. 💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas?

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