Pese a que la Corte Suprema anuló la orden ejecutiva con la que el presidente Donald Trump pretendía recortar la ciudadanía por nacimiento, sí le otorgó dos importantes victorias que amplían de manera significativa el margen de acción de la Casa Blanca en materia migratoria y refuerzan el poder del Ejecutivo para desmontar algunas de las principales protecciones humanitarias creadas durante las últimas décadas. En decisiones divididas por 6 votos contra 3, el máximo tribunal avaló, por un lado, el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de haitianos y miles de sirios que viven legalmente en Estados Unidos, mientras que, por otro, autorizó al Gobierno a impedir que migrantes de estas nacionalidades siquiera pisen territorio estadounidense para solicitar asilo.

Aunque la Corte no siempre le ha dado la razón al mandatario a lo largo de su segundo mandato, sí ha mostrado una creciente disposición a respaldar una interpretación amplia de las facultades presidenciales en materia migratoria, un terreno en el que la administración ha impulsado algunos de sus cambios más agresivos. Respecto al TPS, programa creado por el Congreso en 1990 con apoyo bipartidista para proteger de la deportación a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis humanitarias, se estima que en EE.

UU. hay unas 350.000 personas procedentes de Haití y alrededor de 6.100 sirios que viven y trabajan legalmente en EE. UU.

Protegidos por esa figura. Desde su regreso, la administración Trump decidió cancelar dichas designaciones como parte de su estrategia para reducir los programas de protección migratoria.

Los beneficiarios demandaron argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional no había realizado la evaluación técnica que exige la ley sobre las condiciones en ambos países y que, en el caso de Haití, la decisión estaba contaminada por comentarios despectivos del propio Trump contra los inmigrantes de esta nacionalidad. Y si bien los tribunales inferiores suspendieron temporalmente la terminación del programa, la Corte Suprema revocó esas decisiones.

Al escribir la opinión mayoritaria, el juez Samuel Alito remarcó que el texto de la ley es claro al establecer que las decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre designar, extender o terminar un TPS no están sujetas a revisión judicial. En otras palabras, los jueces no pueden sustituir el criterio del Ejecutivo sobre si un país sigue siendo lo suficientemente peligroso como para mantener un estatus de protección.

No obstante, los tres magistrados liberales discreparon. En un duro salvamento de voto, la jueza Elena Kagan aseveró que existían suficientes indicios como para concluir que las declaraciones públicas de Trump sobre Haití debían considerarse al evaluar si la decisión estuvo influida por prejuicios raciales.

Durante un debate presidencial en septiembre de 2024, el entonces candidato expresó con relación a los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio: “Comen perros, comen gatos. Se comen las mascotas de la gente que vive ahí”.

Entonces, el moderador David Muir lo desmintió en vivo citando al propio gobierno de la ciudad, que había descartado cualquier caso documentado. A este comentario se suman otros del pasado como cuando en entrevista con Fox News Trump aseveró que “muchas de esas personas —los haitianos— probablemente tenían sida y que Haití tenía un tremendo problema de sida”.

Aunque el fallo afecta de inmediato a haitianos y sirios, sus consecuencias podrían extenderse mucho más. Cuando el demócrata Joe Biden dejó la presidencia en enero de 2025, había 17 países con TPS vigente.

Desde el regreso de Trump, su administración ha intentado anular la protección de 13 de ellos. La decisión de la Corte fortalece significativamente esa estrategia y facilita que el Gobierno avance con nuevas cancelaciones en otros países cuyos beneficiarios también dependen del programa para permanecer legalmente en EE.

UU. Eso no significa que todos serán deportados de inmediato.

En muchos casos, los beneficiarios del TPS nunca han recibido una orden formal de deportación, lo que aún les permitiría impugnar un eventual proceso de expulsión ante un juez migratorio. La segunda decisión tiene un impacto potencialmente igual de profundo en el sistema de asilo estadounidense.

En otra votación de 6 contra 3, la Corte concluyó que el gobierno puede impedir físicamente que migrantes crucen la frontera para presentar una solicitud de asilo. El caso se centró en una política conocida como turn-back policy, utilizada inicialmente durante la administración de Barack Obama (2009-2017) y ampliada por Trump durante su primer mandato (2017-2021), mediante la cual agentes fronterizos bloquearon el ingreso de solicitantes de asilo incluso cuando los migrantes manifestaban temor de regresar a sus países.

La disputa jurídica consistió en interpretar una frase de la ley de inmigración que permite solicitar asilo a cualquier extranjero que esté “físicamente presente” o que “llegue” a EE. UU.

Los tribunales inferiores interpretaron que una persona “llegaba” al país cuando se presentaba ante un oficial fronterizo, incluso si permanecía del lado mexicano, pero la Corte Suprema rechazó esa lectura. Para la mayoría conservadora, un migrante solo adquiere ese derecho cuando logra ingresar efectivamente a territorio estadounidense.

Quien permanece en México intentando cruzar, concluyó el tribunal, todavía no ha “llegado” al país en el sentido que exige la ley. La jueza Sonia Sotomayor, al resumir el desacuerdo de los tres magistrados liberales, remarcó que esa interpretación rompe con décadas de práctica gubernamental durante las cuales quienes se presentaban en un puerto de entrada podían iniciar el proceso para solicitar protección.

Y mientras los dos fallos representan un importante respaldo a la visión de Trump sobre el control migratorio, la semana también le dejó al presidente una derrota igualmente significativa en otro frente. En una votación inusual de seis contra tres —con tres magistrados conservadores uniéndose a los tres progresistas, entre ellos el presidente del tribunal John Roberts y dos de los jueces nominados por el propio Trump, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh—, la Corte anuló la orden ejecutiva con la que el presidente pretendía recortar la ciudadanía por nacimiento.

El fallo reafirmó un principio constitucional vigente desde 1868: que prácticamente toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadano desde su primer minuto de vida. Trump calificó la decisión de "lamentable" y llamó al Congreso a actuar por vía legislativa.

"El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento", escribió en Truth Social. Pero con elecciones de mitad de término en cuatro meses y un Congreso dividido, ese camino luce igual de incierto.

Desde su regreso al poder, la administración republicana ha intentado desmantelar buena parte de las protecciones humanitarias existentes reduciendo drásticamente el acceso al asilo, suspendiendo diversos programas de protección temporal y endureciendo las medidas de deportación. Aunque siguen pendientes decenas de litigios migratorios, los fallos sobre el TPS y el acceso al asilo muestran una Corte Suprema cada vez más receptiva a una visión expansiva de las facultades presidenciales en inmigración, consolidando una de las principales apuestas políticas de Trump en su segundo mandato.

SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO – Washington @sergom68