El proceso de ampliación de la planta de personal en la Unidad Nacional de Protección (UNP), que viene adelantando de forma exprés el gobierno saliente de Gustavo Petro, entró en una fase de discusión pública definitiva en Colombia. A través de un comunicado, la Asociación Sindical de Empleados de la Protección (ASEP) solicitó formalmente la instalación de una mesa de trabajo técnica con el mandatario entrante Abelardo de la Espriella para revisar con lupa las condiciones en las que se creará una cantidad masiva de puestos de trabajo en todo el territorio nacional.

La organización sindical remarcó que las decisiones que se adopten frente a la entidad de seguridad estatal no pueden responder únicamente a criterios administrativos básicos o de contratación inmediata. Según el texto de la asociación, la situación interna requiere un análisis exhaustivo debido al impacto directo que tiene este servicio en la protección de los ciudadanos en las diferentes regiones del país.

En su comunicado a la opinión pública, la organización sindical expuso su preocupación por los cambios estructurales recientes y formuló peticiones específicas al nuevo gabinete que asumirá la dirección del Estado. El gremio explicó que la administración saliente entrega una entidad sumida en problemas de funcionamiento y fallas operativas graves que han puesto en peligro el esquema de seguridad de los colombianos.

La agremiación fue enfática al señalar cuáles deben ser los ejes prioritarios que debe asumir la comisión de empalme y la nueva dirección de la entidad para corregir el rumbo institucional: • Revisar con absoluta objetividad y transparencia el proceso mediante el cual se pretendió privilegiar determinados requisitos académicos sobre la experiencia de los trabajadores. • Establecer si existieron intereses particulares en la definición de dichos requisitos, especialmente frente a iniciativas impulsadas por una organización sindical que suscribió convenios con la cuestionada Universidad San José para otorgar títulos académicos exprés que podrían favorecer determinados nombramientos. • Garantizar un proceso transparente y legítimo en la implementación de la nueva planta de personal por parte del Gobierno que asumirá la dirección del Estado. • Impulsar la construcción de un nuevo Manual de Funciones que reconozca la educación formal cuando resulte pertinente, pero que mantenga como principio irrenunciable el mérito basado en la experiencia real en protección de personas para acceder a los cargos de Oficial de Protección. • Fortalecer las áreas misionales y administrativas con personal idóneo que contribuya a reducir los tiempos de respuesta y mejorar la asignación de medidas de protección oportunas y eficaces. Uno de los puntos centrales del debate planteado por la ASEP gira en torno a cómo se adquieren las competencias reales para ejercer labores de protección en un entorno complejo como el colombiano.

La organización advirtió que la formación en este campo no se asimila a las carreras profesionales tradicionales del sistema universitario. En la argumentación del sindicato se aclara que en Colombia ninguna universidad expide títulos profesionales en protección de personas, formar escoltas o evaluar riesgos, precisando que estas capacidades operativas se desarrollan a través de capacitación especializada, entrenamiento permanente y años de servicio activo.

Por esta razón, el sindicato defiende que la experiencia acumulada no puede ser utilizada como un factor de exclusión para los trabajadores que llevan años desempeñando estas tareas de alto riesgo en las vías y ciudades del país. La urgencia del llamado del sindicato también responde a un panorama complejo en materia de orden público y efectividad de los esquemas de seguridad vigentes.

El documento oficial de la ASEP menciona que la gestión saliente deja un escenario de crisis institucional profunda que se ha hecho evidente a través de denuncias públicas reiteradas. De acuerdo con el reporte de la asociación sindical, estas deficiencias operacionales en los servicios de protección han tenido consecuencias fatales, cobrando la vida de varias personas que contaban con medidas asignadas por el Estado.

Dentro de estos sucesos críticos, el gremio resalta de forma particular el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, un hecho que reitera la necesidad de que la nueva planta de personal cuente con las máximas garantías de idoneidad y legitimidad. El sindicato insistió en que el proceso de ampliación de personal, que contempla la futura vinculación de 6.870 nuevos cargos, debe manejarse bajo un criterio técnico estricto que rinda homenaje al civismo de quienes han arriesgado su vida protegiendo a miles de colombianos.

La instalación de la mesa de empalme con el equipo del mandatario electo será clave para definir el Manual de Funciones y asegurar el debido proceso en las contrataciones de la entidad. *Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista. KATHERINE BRAVO HERNÁNDEZ REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO