El Gobierno elude aportar datos detallados por provincias de los extranjeros que han conseguido la nacionalidad española gracias a la llamada 'ley de nietos'. En 2022, la nueva ley de Memoria Democrática estableció un plazo de tres años para que los descendientes de exiliados españoles al extranjero solicitaran la nacionalidad española eligiendo el municipio a efectos electorales de mayor arraigo de sus ascendientes.

Aunque el proceso cerró el pasado mes de octubre, todavía se están gestionando cientos de expedientes, pero no se sabe la distribución territorial de los nuevos ciudadanos con pleno derecho en España. Este periódico pidió esos datos a varios ministerios para averiguar qué territorios están concentrando más nacionalizaciones y finalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que no daba esa cifra desglosada por regiones.

Posteriormente, 20minutos solicitó acceso a la misma información a través del Portal de Transparencia y el Ejecutivo lo denegó también, alegando en su respuesta escrita que "no dispone de una recopilación total de los registros desglosados por municipios o provincias" de las personas que ya habrían recibido la nacionalidad española. Para conocer esa cifra detallada—prosigue en el escrito la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles—, "sería necesaria una acción previa de reelaboración", es decir, recopilar información dispersa en consulados y crear un nuevo conjunto de datos que, de momento, no parece que el Ejecutivo esté dispuesto a elaborar.

Lo único que se conoce por ahora son los datos generales, actualizados a finales del pasado marzo, que hablan de cerca de dos millones y medio de solicitantes, de los cuales habrían recibido el pasaporte español unos 545.000. El plazo para presentar las solicitudes cerró el 21 de octubre de 2025, luego de una prórroga de un año, pero la avalancha de peticiones que se recibió en ese periodo ha ralentizado el sistema, que debe evaluar cada caso de forma individual, aunque se estima que se conceda la inmensa mayoría de nacionalidades solicitadas.Concretamente, la ley establece en su disposición adicional octava (que es la que ha sido bautizada como 'ley de nietos') la adquisición de la nacionalidad española a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia del exilio por razones políticas, id eológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

Un derecho que también se reconoce a los hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.La elección del municipio no es aleatoriaEn el momento de adquisición de la nacionalidad en el exterior, ha de presentarse un formulario firmado por el solicitante, en el que elija el municipio a efectos electorales. Pero la elección de la provincia y el municipio no puede ser aleatoria, sino que debe responder a una serie de requisitos y, sobre todo, tener algún tipo de relación con el ascendente exiliado por el que se tiene derecho a la nacionalidad.

Fuentes del Ministerio de Exteriores precisan que los criterios previstos en ese formulario para elegir la región de la nueva nacionalidad son: la última residencia en España del familiar que huyó; el municipio de mayor arraigo propio, de mayor arraigo de sus ascendientes y otros motivos, "que deberán ser especificados". "Los funcionarios consulares no intervienen en ningún caso en la elección del municipio por parte de los interesados y se limitan a subir la declaración firmada al sistema, que es recibida por la oficina del censo", inciden en el departamento dirigido por José Manuel Albares.

El PP acusa al Gobierno de "fabricar" votantesLa 'ley de nietos' lleva meses siendo objeto de críticas por parte de la oposición, que cuestiona tanto su alcance como sus efectos. Una ofensiva política que la derecha ha subido de tono esta semana y, en concreto, este lunes, cuando el Partido Popular ha acusado al Gobierno de utilizar la concesión de nacionalidades con fines electorales, llegando incluso a hablar de una supuesta "ingeniería electoral".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Pedro Sánchez de "fabricar" votantes a través de esta ley, que ha pedido reformar para añadir requisitos más estrictos. "Lo que hay detrás es un interés evidente en conseguir nuevos votantes.

Como con los votantes actuales, pues no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", indicó en una entrevista en EsRadio.No obstante, los populares defienden el reconocimiento de la nacionalidad española a los nietos de quienes huyeron por el exilio; lo que rechazan es la "opacidad" y las "prisas" del Ejecutivo con el proceso. Asimismo, han criticado una instrucción que dictó el Ministerio de Justicia que, en opinión del PP, "reinterpretó la ley" y amplió los supuestos iniciales.

Por eso exigen explicaciones en el Congreso al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y reclaman documentación sobre dichas nacionalizaciones. Vox también ha elevado esta denuncia y ha advertido del "riesgo" de conceder la nacionalidad española "hasta los descendientes de la inmigración española del siglo XIX" y ha insistido en el "riesgo de alteración de la voluntad de los españoles expresada en las urnas".

En el Gobierno han afeado ambas declaraciones y han cargado contra Feijóo, asegurando que "frivoliza" y "manosea" la Memoria Democrática, "reduciendo a una cuestión electoralista" un tema que, según fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, es "de justicia". "El PP está poniendo palos en las ruedas a otorgar la nacionalidad a quienes tienen derecho a ser igual de españoles que ellos", reprochan las mismas fuentes, que insisten en que la 'ley de nietos' no es un privilegio, sino "una medida extraordinaria de reparación histórica".