El Pacto Histórico y la Alianza por la Vida parecen todavía agobiados por la derrota que, sin duda, no esperaban. Es claro: no es fácil aceptar ni digerir un resultado tan estrecho y la victoria de un personaje estrafalario y corrupto que, en sus discursos, juega a dos bandas.

Por una parte, llama a la unidad, proclama que gobernará para todos, respetará y dará garantías a la oposición, pero… y ese pero es la otra cara de la moneda. Sin grandes matices, promete mano dura en un tono agresivo y pendenciero que recuerda las peores épocas del militarismo en Colombia.

En esa gestualidad de confrontación, no cumplirá el ritual (que sí respetó el presidente Petro) de reunirse con el mandatario saliente, como símbolo de la transmisión pacífica del poder. Y hay que recordar que entre Iván Duque y el hoy inquilino de la Casa de Nariño había un enconado enfrentamiento por cuenta del llamado estallido social.

De la Espriella tiene, por lo tanto, descolocada a la dirigencia progresista con sus primeras medidas que resultan repulsivas: exaltar al gobierno genocida de Israel; meter a Colombia en el Escudo de las Américas, esa supuesta cruzada antinarcóticos que no es más que un mecanismo de injerencia militar permitida por un grupo de dirigentes de extrema derecha obnubilados con su jefe máximo, Donald Trump. Y siguiendo ese camino de entreguismo, decide convertir el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un instrumento de amenaza y judicialización contra miembros del aún partido en el poder.Es un regalado.

Una especie de Delcy Rodríguez, pero no por presiones o por tener al imperio respirándole en la nuca, sino por un servilismo sin precedentes en la historia de un país cuya clase dirigente había obedecido, con cierto pudor, las órdenes de los mandatarios de turno en la Casa Blanca. Ante esa amenaza evidente, Iván Cepeda y sus compañeros de partido decidieron tomar un camino equivocado: anunciar la desobediencia civil basada en un argumento endeble, sin consecuencias legales, y sin ninguna efectividad política como lo es la doble nacionalidad del presidente electo, y sus supuestos nexos con una agencia de seguridad de Estados Unidos, que podría ser la CIA o la DEA.

En la primera vuelta, Cepeda consideró que su adversario real era Álvaro Uribe. Por lo tanto, despreció a ADLE y a Paloma Valencia.

Y en la segunda vuelta, en ese desconcertante discurso de la noche del domingo 31 de mayo, el candidato a continuar el proyecto del Pacto Histórico se refirió a su contender como “estafador de estafadores”, “corrupto”, un “peligro eminente para la democracia”, pero nunca mencionó su doble nacionalidad ni convirtió ese hecho en uno de sus puntos clave de campaña.Por lo tanto, plantear que el triunfo de ADLE no es legítimo porque Trump metió sus narices o porque el showman electo es ciudadano estadounidense, deja un muy mal sabor en la boca: pareciera que el gran capital político de tener 12.700.000 votos estuviera en manos de malos perdedores o, peor, de principiantes en el difícil arte de convertir un resultado negativo en una oportunidad para ponerse a la ofensiva y defender un legado histórico.El Congreso debe ser el escenario de batalla. Para qué entonces tienen la bancada más grande, el apoyo de millones de seguidores en todo el país, si no es para confrontar al nuevo gobierno, llamarlo a rendir cuentas y, de paso, legislar para, entre otras cosas, cubrir ese vacío por el que se coló De la Espriella: gobernar a un país siendo ciudadano de otro al que le juró lealtad total.

La buena noticia es que en todo este arranque traumático del gobierno que empezará el próximo siete de agosto, hay un síntoma de modernización de la democracia colombiana. Existe un partido de gobierno (o una coalición de apellidos de siempre, con los varones electorales de siempre, y los tecnócratas de siempre) y una vigorosa oposición que deberá aceptar que fue vencida no en franca lid, es cierto, pero sí bajo unas normas y principios que funcionaron para elegir a Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda por fuera del Partido Liberal.El debate, entonces, se dará de manera radical, y a veces virulenta, en los espacios de la civilidad.

Ya no existe la amenaza de una guerrilla con el objetivo iluso de tomarse el poder por la vía armada. Por el contrario, lo que abruma ahora a las zonas históricas de guerra son bandas criminales con el traje de fatiga de los antiguos subversivos o paramilitares.

Quienes acaban de perder la oportunidad de gobernar por segunda vez a nombre de un movimiento progresista, son herederos y sobrevivientes de una acción criminal del Estado colombiano durante décadas de guerra sucia. Son ahora una fuerza definitiva en el país y ese baluarte político no se puede dilapidar en una especie de pataletas de ahogado.

El Pacto Histórico gobernó y debe consolidarse como una franca y deliberante alternativa a la extrema derecha. Ya es claro que hay dos calzadas en el camino por llegar a la Casa de Nariño: la derecha trumpista y autoritaria de ADLE, y el progresismo democrático, un amplio alero en el que caben todas las fuerzas amigas de la paz, de una sociedad justa y de verdad libre.

No obstante, ojalá haya la posibilidad de acuerdos, en el duro juego parlamentario, para sacar adelante las reformas que no se hicieron durante el cuatrienio Petro. Pero a todas estas: ¿Hay que descartar por completo la desobediencia civil?

Por supuesto que no, pero las razones para traerla al escenario político nacional, en las primeras de cambio, no tienen ningún fundamento. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, argumentó que, al proponer esa táctica de lucha, Cepeda y sus compañeros de partido tomaban una posición antidemocrática.

En lo absoluto. Negarse a obedecer normas o decisiones injustas, de manera pacifica, está garantizado por la Constitución.

Lo antidemocrático será la respuesta que dé el nuevo gobierno, si decide seguir el sendero autoritario y violento.