Panamá cuenta con una población penitenciaria muy por encima de los niveles porcentuales de las cárceles centroamericanas y de otros países. Pero este gobierno se apresta a construir más, incluida una de alta seguridad.

Son edificaciones de centenares de millones de dólares, pero lo destinado a la prevención es ínfimo, casi inexistente. ¿Será suficiente disuasivo contar con más celdas para evitar que crezca la criminalidad o son una excusa para tapar la evidente incompetencia de esta administración en materia de seguridad ciudadana?

¿Cómo pretende que las cárceles desanimen a quienes son empujados a la delincuencia por la falta de empleo y oportunidades que este mismo Gobierno prometió al país? Darles prioridad a las cárceles es ignorar deliberadamente una dura realidad: si hay más jóvenes delinquiendo es porque seguramente existe un alivio económico en la actividad ilegal.

Si eso no lo puede entender el Gobierno, no hay nada que hacer. Pero, por otro lado, si quiere bajar esos índices, debe ponerse a trabajar para crear más empleos, de modo que la juventud busque la escuela en lugar de las calles.

De lo contrario, en cinco años habrá que construir más cárceles. Nunca parará.