Los 56 jueces que, por ahora, deberán enfrentar un cuaderno de remoción por orden de la Corte Suprema, están preocupados de lo que será su futuro al interior del Poder Judicial. Todos ellos corresponden a magistrados que tuvieron licencia médica y viajaron al exterior, una conducta que al menos respecto de los funcionarios públicos de la administración del Estado, ha sido calificada como una falta grave a la probidad y en miles de casos, luego de los sumarios, los jefes de servicio han aplicado la máxima sanción que es la destitución.

Pero respecto de judiciales, por ser personas que ejercen jurisdicción y son parte de un poder del Estado que no está bajo la fiscalización de la Contraloría, las reglas son distintas. En la gran mayoría de los casos, los jueces salieron inmunes, pese a estar acreditada la falta.

En algunos casos la falta estaba prescrita, en otros la sanción fue bastante menor. Solo en casos excepcionales, las cortes de apelaciones propusieron la apertura de cuaderno de remoción.

Ese fue el tenor de lo ocurrido en las cortes de apelaciones, hasta que la Suprema quiso intervenir e imponer una mano dura. Lo hizo invocando la facultad del artículo 80 de la Constitución, aquella norma que juzga la responsabilidad ministerial en casos en que ha habido mala conducta.

Cuando el pleno tomó la decisión de abrir los primeros 56 cuadernos de remoción -cifra que podría aumentar luego de que se vean los casos rezagados- lo primero que hizo fue hacer una comunicación vía correo electrónico. Pero recién hace un par de días a los afectados se les notificó formalmente de la resolución que decreta la apertura de los cuadernos.

En esos escritos viene la referencia a la facultad constitucional y también los votos del pleno, dejando constancia de las mayorías y las minorías. Lo que vendrá después es que la corte de apelaciones respectiva realice una nueva notificación y con eso partan los 10 días para que los inculpados, es decir los jueces con cuaderno, despachen sus informes.

Ahí vendrán sus descargos y defensa. Con eso, el pleno del tribunal de alzada respectivo emitirá un informe, tomando en cuenta los descargos del inculpado, dando su parecer sobre si el magistrado ha tenido buen o mal comportamiento en función de la falta a la probidad en cuestión, es decir, haber viajado al exterior con licencia médica.

Con eso despachado, el pleno del máximo tribunal tomará su decisión. Fuentes judiciales comentan que la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) se activó para ofrecer mecanismos de defensa a los asociados que enfrentarán este proceso.

Para eso el gremio acudió al estudio Colombara Estrategia Legal -que lideran los socios Ciro Colombara y Aldo Díaz- para defender a los jueces asociados en los cuadernos de remoción. Fuentes judiciales comentan que Colombara ya ha cerrado varias defensas, que serían más de 10, y que el costo de esto será asumido por cada juez.

Dado que el proceso aún está en desarrollo, y las notificaciones saliendo en tiempos distintos, no está cerrado cuántos judiciales serán defendidos por Colombara y su estudio. La Tercera tomó contacto con la ANMM y su presidenta, la jueza Mariela Hernández, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta.