La muerte de Kenzo, el tigre de Bengala blanco que escapó de un predio privado en Tepetlaoxtoc, Estado de México, no solo provocó indignación entre especialistas y organizaciones ambientalistas. También abrió un complejo proceso legal que podría derivar en sanciones administrativas, económicas e incluso penales para quienes resulten responsables de su fuga y del operativo que concluyó con su fallecimiento.

El ejemplar, un macho de ocho años de edad y aproximadamente 160 kilogramos de peso, escapó el sábado 27 de junio de 2026 del centro privado Animal Experience México, ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan. Luego de casi cinco días de búsqueda, autoridades federales y estatales lograron ubicarlo el jueves 2 de julio, fecha en la que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) confirmó oficialmente su muerte luego de la aplicación del protocolo de "contención letal" durante las maniobras de captura.

A partir de ese momento comenzaron dos investigaciones distintas que podrían tener consecuencias muy diferentes. La primera busca determinar si el establecimiento incumplió las obligaciones legales para mantener bajo resguardo a un ejemplar de fauna silvestre de alta peligrosidad.

La segunda intenta esclarecer si el operativo fue ejecutado conforme a los protocolos técnicos o si existieron errores que hicieron evitable la muerte del felino. Animal Experience México operaba bajo la figura de Predio e Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), un esquema regulado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y sujeto a inspecciones de la PROFEPA.

Después del escape, inspectores federales realizaron una revisión del inmueble y detectaron diversas irregularidades, entre ellas encierros distintos a los autorizados y deficiencias en el Plan de Manejo que regula las condiciones de seguridad y bienestar de los ejemplares. Como consecuencia inmediata, la PROFEPA ordenó la clausura total temporal del establecimiento, suspendiendo las actividades comerciales, de exhibición y cualquier manejo que no fuera indispensable para garantizar el bienestar de los animales.

La dependencia también ejecutó el aseguramiento precautorio de los otros nueve ejemplares de vida silvestre que permanecían en el predio mientras concluye el procedimiento administrativo. No obstante, esas medidas representan apenas el inicio del proceso.

Si las investigaciones confirman que existieron fallas en la infraestructura, negligencia en el confinamiento o incumplimientos al Plan de Manejo autorizado, la Ley General de Vida Silvestre contempla multas que pueden ir desde 20 hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad de las infracciones acreditadas. Asimismo, la clausura temporal podría convertirse en definitiva si la autoridad determina que el establecimiento ya no reúne las condiciones para operar legalmente.

Otra consecuencia posible es la revocación del registro como PIMVS, lo que impediría a sus propietarios volver a administrar instalaciones destinadas al manejo de fauna silvestre bajo este régimen. Incluso el aseguramiento precautorio de los nueve animales restantes podría transformarse en un decomiso definitivo si los propietarios no logran acreditar la legal procedencia de los ejemplares o las condiciones necesarias para mantenerlos de forma segura.

La segunda vertiente jurídica se concentra en las decisiones tomadas durante la captura de Kenzo. De acuerdo con la versión oficial de la PROFEPA, el tigre intentó atacar al personal cuando especialistas intentaban sedarlo, por lo que se activó el protocolo de "contención letal", autorizando el uso de armas de fuego como último recurso para proteger la integridad de los participantes.

En el operativo participaron especialistas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), personal del Parque Zoológico de Moroleón y médicos veterinarios del parque Reino Animal. No obstante, esa explicación fue cuestionada por la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).

Su presidente, Ernesto Zazueta, remarcó que existieron errores técnicos durante la captura y indicó que la muerte del tigre pudo evitarse con un protocolo distinto. Asimismo, afirmó que el ejemplar no contaba con garras delanteras, por lo que pidió investigar si realmente existía un riesgo que justificara el uso de armas de fuego.

La organización anunció la presentación de denuncias administrativas y penales para que las autoridades determinen si existieron actos de negligencia o impericia durante el operativo. Si los peritajes concluyen que hubo incumplimientos a los protocolos establecidos para el manejo de grandes felinos, podrían iniciarse procedimientos administrativos contra los servidores públicos involucrados.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla sanciones que van desde amonestaciones y suspensiones hasta destituciones e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos cuando se acreditan faltas graves. En el caso de los médicos veterinarios que participaron en la captura, las investigaciones también podrían revisar si contaban con la capacitación y certificaciones necesarias para intervenir en fauna silvestre de alta peligrosidad.

Cualquier medida sobre el ejercicio profesional dependerá de las resoluciones que emitan las autoridades competentes conforme al procedimiento correspondiente. Las investigaciones podrían trascender el ámbito administrativo si se demuestra que la muerte del ejemplar fue consecuencia de actos dolosos o de una actuación negligente que no estaba justificada por el riesgo existente.

El artículo 420 del Código Penal Federal contempla penas de uno a nueve años de prisión para quien dañe ejemplares de fauna silvestre protegida en los supuestos previstos por la legislación ambiental y los tratados internacionales suscritos por México, entre ellos la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), donde se encuentra regulado el tigre de Bengala. A nivel local, el Código Penal del Estado de México también sanciona conductas relacionadas con el maltrato animal cuando se acredita el uso injustificado de violencia que provoque la muerte de un ejemplar.

La aplicación de estas disposiciones dependerá de las pruebas reunidas por las fiscalías y de los resultados de los peritajes oficiales. El futuro jurídico del caso dependerá de los dictámenes veterinarios, balísticos y forenses que integren las carpetas de investigación abiertas tanto en el ámbito federal como estatal.

Las autoridades deberán establecer si el uso de armas de fuego fue realmente el último recurso disponible para proteger la vida del personal participante o si existieron errores de planeación, sedación, coordinación o contención que pudieron evitar la muerte del tigre. Mientras esos procedimientos avanzan, la clausura temporal de Animal Experience permanece vigente y los otros nueve ejemplares continúan bajo aseguramiento precautorio.

Más allá de la polémica que ha generado el caso, el expediente de Kenzo podría convertirse en un precedente sobre la responsabilidad de los recintos privados que mantienen fauna silvestre en cautiverio y sobre los protocolos que deben seguir las autoridades cuando enfrentan la captura de animales de alta peligrosidad. Lo que determinen los peritajes en las próximas semanas no solo definirá posibles sanciones, sino también el estándar con el que México evalúa este tipo de emergencias ambientales.

¿Por qué investiga la PROFEPA el caso de Kenzo? Porque el tigre escapó de un predio privado donde se detectaron presuntas irregularidades en la infraestructura y en el Plan de Manejo autorizado para el resguardo de fauna silvestre.

¿Qué sanciones podría recibir Animal Experience? Dependiendo del resultado del procedimiento administrativo, podría enfrentar multas, la clausura definitiva del establecimiento, el decomiso de los animales asegurados y la revocación de su registro como PIMVS.

Las PIMVS (Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre) son espacios autorizados por la SEMARNAT para manejar, criar y reproducir flora y fauna de forma confinada, con fines estrictamente comerciales y de aprovechamiento, operando bajo un Plan de Manejo ¿También se investiga el operativo donde murió Kenzo? Sí.

Autoridades y organizaciones especializadas buscan determinar si la aplicación del protocolo de contención letal fue necesaria o si existieron errores técnicos que derivaron en la muerte del ejemplar. ¿Podría haber responsabilidades penales?

Sí. Si las investigaciones acreditan conductas que encuadren en delitos ambientales o de maltrato animal, las fiscalías podrían ejercer acción penal contra quienes resulten responsables.