Este viernes avanzó un paso más el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal a cargo de la administración y el mantenimiento de miles de kilómetros de tramos de rutas y vías nacionales. A través de la Resolución 884/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno ratificó lo actuado en la primera etapa de la licitación pública para la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales correspondientes a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones (RFC).La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del esquema de privatización total de la compañía estatal, dispuesto por la Ley Bases.

La concesión se otorgará bajo la modalidad de obra pública por peaje, dispone la norma.El plan de Gobierno para privatizar las rutas nacionales a través de concesionesLa Etapa II-B comprende cuatro tramos estratégicos: Mediterráneo (RN 7 y 35, 672 km);Puntano (RN 8, 36, 193 y A-005, 720 km); Portuario Sur (RN 9 y 188, 637 km), y;Portuario Norte (RN 9, 33 y A-008, 528 km).Se trata de la tercera fase del cronograma de privatización de la red vial nacional, que ya completó la Etapa I —741 kilómetros en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes— y tiene en marcha la Etapa II-A, con más de 1.800 kilómetros que incluyen el Tramo Pampa y los accesos sur del Área Metropolitana. En paralelo, ya fue convocada la Etapa III, que sumará otros 3.900 kilómetros distribuidos en ocho tramos adicionales.Con las cuatro etapas completas, el Gobierno prevé concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales al sector privado.Las empresas que podrían ganar la licitación de 2500 kilómetros de rutasLa Resolución 884/2026 cierra la etapa de precalificación dentro de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0015-LPU25, que había sido convocada en febrero a través de la Resolución 112/2026.En total, 18 firmas y consorcios presentaron 41 ofertas para disputar los cuatro tramos en juego.

Frente a esto, la Comisión Evaluadora desestimó las propuestas de empresas como Construcciones Electromecánicas del Oeste-Edmacar, Vial Agro y Rovial-Obring-Pitón-Edeca, entre otras, por no cumplir con los requisitos técnicos o económico-financieros exigidos en los pliegos.El caso más destacado fue la impugnación presentada por Creditech S.A.-Plantel S.A., cuya oferta había sido inicialmente objetada por cuestiones económico-financieras. La Comisión Evaluadora hizo lugar al reclamo al considerar que la diferencia detectada “carecía de entidad objetiva suficiente” para comprometer la ejecución del contrato, por lo que la firma fue precalificada para los cuatro tramos y recuperó su garantía de impugnación.Entre los oferentes que avanzaron a la siguiente fase figuran firmas como Rovella Carranza-JCR, CPC S.A., Panedile Argentina-Supercemento-Eleprint y Basaa-Cecosa, entre otros consorcios.Privatización de rutas nacionales: cuál es el objetivo del GobiernoLa administración de Javier Milei busca transferir la gestión, el mantenimiento y la explotación de la red vial a operadores privados, bajo un esquema de competencia por menor tarifa de peaje.

Según el marco normativo, las empresas deberán ejecutar las obras de transitabilidad comprometidas antes de poder aplicar los nuevos cuadros tarifarios.El esquema también contempla la incorporación progresiva de tecnologías como TelePASE y Free Flow, que permiten el cobro electrónico sin barreras, asimismo de un sistema de control por resultados a cargo de Vialidad Nacional, que supervisará el cumplimiento contractual mediante indicadores de desempeño.El próximo paso del proceso será la apertura del Sobre N° 2, con las ofertas económicas de las empresas precalificadas, prevista para el lunes 6 de julio a las 11:00, a través del portal CONTRAT.AR. Ese resultado definirá qué consorcios se quedarán con la concesión de cada tramo.