El dato central no es solo el tamaño de la cartera, sino su grado de utilización. En una economía que requiere ampliar infraestructura, fortalecer servicios básicos y sostener programas de acceso a vivienda, la existencia de recursos externos contratados pero pendientes de giro refleja una brecha entre disponibilidad financiera y capacidad de ejecución.

Esa brecha puede responder a cronogramas de obra, procesos administrativos, licitaciones, condiciones previas o demoras operativas. Desde una mirada económica, el costo de oportunidad es evidente: los recursos están comprometidos, pero su impacto en actividad, empleo y bienestar queda postergado.

La mayor concentración se observa en el Eximbank, con US$ 200 millones destinados al programa “Che Róga Porã”, ejecutado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). El préstamo representa el 33,2% del financiamiento externo total y registra desembolsos por US$ 40 millones, equivalentes al 20%.

La magnitud del programa lo convierte en el principal frente de seguimiento, porque su ejecución puede incidir en el crédito habitacional, la demanda de construcción y el acceso a vivienda formal. En segundo lugar aparece JICA con US$ 115.743.184, equivalente al 19,2% del financiamiento.

Su ejecución global alcanza US$ 58,8 millones, un avance de 50,8%. Pero dentro de esta fuente conviven realidades distintas.

El proyecto de ANDE para expansión del sistema de transmisión en alta tensión y eficiencia energética registra un avance de 95,0%. En contraste, el proyecto de agua potable y saneamiento para el Área Metropolitana de Ciudad del Este, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) revela un avance de 5,8%.

El ICO financia US$ 80.000.000 en proyectos de agua y saneamiento con un desembolso acumulado de US$ 21,1 millones, equivalente al 26,4%. El programa de SENASA para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas muestra una ejecución de 95,3%.

La contracara está en el proyecto de agua potable y saneamiento para la Cuenca Lambaré, ejecutado por el MOPC con US$ 2,1 millones desembolsados sobre US$ 60.000.000, un avance de 3,5%. Este contraste sugiere que el problema no es necesariamente la fuente financiera, sino la dinámica específica de cada proyecto.

KfW presenta el caso más rezagado: US$ 75.000.000 para la construcción de la línea de transmisión 220 kV Villa Hayes-Villa Real-Pozo Colorado-Loma Plata y la subestación Pozo Colorado, sin desembolsos registrados. El financiamiento equivale al 12,5% de la cartera total y concentra el 19,0% del saldo pendiente.

Por su parte, el ICDF registra una ejecución de 70,3% en la expansión del sistema de transmisión en alta tensión II, con US$ 21,1 millones desembolsados sobre US$ 30.000.000. BNDES, asociado a la adquisición de medios aéreos para defensa, muestra US$ 65,6 millones desembolsados sobre US$ 101.606.009 con un avance de 64,6%.

La lectura de estos datos deja una conclusión de fondo: el endeudamiento externo bilateral no debería analizarse solo por el monto contratado, sino por su capacidad de convertirse en obras, servicios y soluciones para la población. Un préstamo sin ejecución suficiente no genera todavía el retorno social esperado, aunque ya forme parte de la planificación financiera del Estado.

El caso paraguayo muestra avances importantes en algunos proyectos de energía, defensa y saneamiento rural, pero también saldos elevados en vivienda, agua urbana e infraestructura eléctrica. Para una economía que necesita cerrar brechas de infraestructura y mejorar la calidad de vida, la prioridad no pasa únicamente por conseguir nuevas líneas de crédito, sino por fortalecer la gestión, destrabar proyectos y ordenar los cronogramas de desembolso.

La eficiencia pública se mide, en gran parte, por la velocidad y calidad con que transforma recursos disponibles en resultados concretos. * Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.