En 2023 cuando el reconocido administrativista Luis Cordero saltó de la academia y la litigación a la política, entrando como ministro de Justicia del gobierno del expresidente Gabriel Boric, su carrera profesional tuvo un giro sin retorno.El devenir del gobierno de Boric, con la caída del exsubsecretario Manuel Monsalve, hicieron que Cordero se convirtiera en el hombre fuerte de la seguridad en el país. Atrás quedaron lo que por años fueron sus columnas y análisis de jurisprudencia de la Tercera Sala -algo que en realidad nunca soltó y que retomó luego de terminar el gobierno- ya que Cordero se sumergió en el mundo de las policías y la seguridad pública.En un contexto políticamente álgido, y con una crisis de seguridad golpeando el gobierno, Cordero navegó con éxito esas aguas, logrando contener las preocupantes cifras de delitos e instalando el primer Ministerio de Seguridad.Luego de dejar el gobierno, Cordero retomó sus labores académicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sus columnas, análisis jurisprudenciales y no soltó el debate público por los temas de seguridad.

Y lo seguirá haciendo. Hace algunas semanas participó de una charla sobre Derecho Público y políticas de seguridad.

Su presentación, titulada "Seguridad y Estado de Derecho en Chile: anatomía de un ciclo legislativo", sirvió como marco teórico de lo que será una nueva instancia en la facultad de Pío Nono.En dicha charla, Cordero hizo un análisis acabado de lo que significaron las 74 leyes en materia de seguridad despachadas durante la gestión de Boric. Varias de las que él fue protagonista.

En esa charla, el exministro tocó un punto central y expuso que “el verdadero trabajo de control viene ahora” ya que “la fase de aplicación decidirá si esta expansión de potestades se ejerce dentro de los límites del Estado de Derecho o los corre”. Según comentó, “esa frontera la trazarán la jurisprudencia constitucional y la contencioso administrativa”.Ese marco motivó a que el decano de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, tomara una decisión estratégica: crear el nuevo Observatorio de Seguridad y Derechos Humanos.

La resolución que materializa dicha decisión se despachó el 23 de junio y en uno de sus considerandos se establece que “el observatorio será dirigido por el profesor de la facultad, don Luis Cordero Vega, quien llevará el nombre de coordinador del observatorio. Su labor consistirá en coordinar con los departamentos y centros, así como con la Dirección de Investigación, las materias señaladas en esta resolución”.El documento -que viene con la firma del decano (s) Francisco Soto y el vicedecano (s) Francisco Agüero- añade que el observatorio será una “instancia de integración y coordinación institucional para abordar el seguimiento de la implementación de las reformas esenciales en materia de seguridad pública aprobadas en los últimos años en nuestro país, así como mantener una vigilancia de los proyectos priorizados que se debaten en el Congreso respecto de estos asuntos”.Sobre su nuevo rol, Cordero explica que su función será monitorear la implementación de las más de 70 leyes creadas en el gobierno anterior. “El propósito central es construir criterios para evaluar los desempeños de normas aprobadas y reglas implementadas, que es lo que le da sentido a la eficacia del Derecho.

No hay otra área como seguridad que tengas tantas leyes implementándose al mismo tiempo. La facultad tiene varias unidades académicas dedicadas a investigación que inciden en muchos de estos temas, desde los equipos que trabajan en temas penales, procesales, ciberseguridad, hasta los que están en datos personales, derechos humanos, mercados financieros o diseños institucionales”, dice el exministro. “El propósito del observatorio es integrar esos esfuerzos, muchos que suman la investigación científica de la facultad, las más productiva de las facultades de Derecho en Chile, para desarrollar aportes a la discusión pública en los procesos de implementación, así como algunos debates legislativos.

La calidad el Estado de Derecho no se mide por leyes aprobadas, sino por la eficacia de su implementación, evaluando los objetivos para los cuales se dictaron”, agrega el académico.