El Parlament ha dado este jueves luz verde a la ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para 2026, la conocida también como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Lo ha hecho en la sesión plenaria de la tarde después de que por la mañana, la Cámara catalana haya aprobado las cuentas con los votos del PSC, ERC y Comuns.

En esta ocasión, las votaciones han vuelto a ser las mismas, por lo que han votado 'no' Junts, Vox, PP, CUP y Aliança Catalana. El texto aprobado elimina 22 tasas, modifica 70 y crea tres nuevas con el objetivo de "simplificar la burocracia y agilitar los procedimientos", según detalla el Ejecutivo catalán.

Asimismo, no prevé modificaciones importantes en impuestos e incorpora medidas para reducir trámites administrativos, especialmente en el ámbito de la vivienda. La norma también contempla la creación de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya, que el Govern acordó con ERC para desencallar el proyecto de finanzas públicas.

De esta manera, en una futura Comisión Bilateral Gobierno - Generalitat, se tendrá que crear un organismo para "coordinar la gobernanza" del sistema aeroportuario catalán. Los acuerdos con los Comuns también están recogidos en el texto.

En concreto, a través de la ley se ha acordado que una persona será considerada gran tenedor cuando tenga 5 viviendas en Catalunya o 10 en el resto de España. Estos, están obligados a "ofrecer una alternativa de alquiler social en caso de desahucio" y tienen que inscribirse en el registro correspondiente.También en materia de vivienda, el texto quiere reforzar el control del mercado del alquiler obligando a las administraciones a compartir información con el Institut Català del Sòl y endurece el régimen sancionador por publicidad incorrecta de los precios.

También crea un mecanismo de financiación para que comunidades de propietarios puedan afrontar rehabilitaciones y amplía las herramientas para detectar viviendas vacías o en situación anómala.En cuanto al IRPF, se introduce una nueva deducción para propietarios de fincas inscritas con iniciativas de conservación del patrimonio natural. La ventaja fiscal será de 300 euros si la finca es en un espacio natural protegido y de 200 euros en el resto de casos, con un tramo adicional por hectárea dentro de la red Natura 2000.Por otro lado, en el ámbito fiscal, la ley actualiza el canon de agua para los usos domésticos, industriales y ganaderos -no se hacía desde 2017- de cara a los ejercicios de los tres próximos años para así garantizar un "marco económico estable" en la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Se prevé que el aumento este año sea del 6%, que gestionará directamente el ACA.