La Audiencia Nacional ha dado la razón a Orange frente a Hacienda, que tendrá que devolver a la operadora unos 180 millones de euros por el cobro de cantidades indebidas del impuesto de sociedades entre 2017 y 2020, luego de haberse declarado anticonstitucional la reforma implementada por el Gobierno del PP en 2016.En una sentencia fechada el pasado 4 de junio, la sala de lo contencioso estima el recurso de la operadora contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de septiembre de 2023, que había desestimado una solicitud de rectificación de las autoliquidaciones por el impuesto de sociedades de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.El alto tribunal se remite a lo establecido por el Tribunal Constitucional en enero de 2024, que declaró inconstitucional parte de la reforma del impuesto de sociedades implementada por el Gobierno del PP en 2016, al considerar que vulneraba el deber de contribuir a los gastos públicos.Las modificaciones declaradas inconstitucionales fueron los topes a la compensación de bases imponibles negativas, la limitación de deducciones por doble imposición y la obligación de integrar en la base del impuesto los deterioros de valor de sus participaciones fiscalmente deducibles por quintas partes en cinco años.Por ello, el Supremo explica ahora que una vez anulada por inconstitucional la modificación de la ley del impuesto sobre sociedades, "la consecuencia inevitable ha de abarcar todos los efectos que en aplicación de la misma se hubieren producido" y se puedan revertir.Sobre todo, si en aplicación de los mismos se han declarado bases imponibles que no deberían haberlo sido y "como consecuencia, se ha tributado más de lo que debiera haberse tributado".