La Abogacía del Estado ha sumado fuerzas a la Fiscalía Anticorrupción en el juicio del caso Kitchen y, durante su alegato final, ha vinculado a Jorge Fernández Díaz con la “planificación, coordinación y seguimiento” de la operación “manifiestamente ilegal” impulsada en 2013 para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con una finalidad “espuria”: robarle material sensible que pudiera guardar de altos dirigentes del PP para, de esta forma, “torpedear” el caso Gürtel, que cercaba entonces al partido. Los servicios jurídicos del Estado han arremetido así este jueves contra el antiguo ministro del Interior y hombre de confianza de Mariano Rajoy: “[Tenía] conocimiento constante de la evolución y los objetivos conseguidos”.Seguir leyendo