Nuevo golpe de la justicia europea a los gigantes tecnológicos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ratificado la multa histórica de 4.125 millones de euros impuesta a Google por abusar de su dominio a través del sistema operativo Android.

Con esta resolución, que agota la vía judicial, el máximo órgano jurídico de la UE valida la investigación de la Comisión Europea y rechaza de forma categórica los recursos presentados por la entidad estadounidense.El núcleo de la infracción se centra en el control que la compañía ejercía sobre los fabricantes de dispositivos. Según la sentencia, Google aprovechó su posición para obligar a las marcas a preinstalar sus herramientas de búsqueda y navegación (Google Search y Chrome) como requisito indispensable para obtener la licencia de la Play Store.

El tribunal sostiene que esta práctica generó un "sesgo de statu quo", asegurando que sus servicios fueran los más utilizados no por una superioridad técnica manifiesta, sino por la simple inercia de los usuarios al encontrarlos ya instalados.Asimismo de las aplicaciones, el fallo pone el foco en los "acuerdos contra la fragmentación" que Google imponía a sus socios. Mediante estos contratos, la empresa de Silicon Valley prohibía a los fabricantes vender teléfonos que funcionaran con versiones de Android no autorizadas o modificadas.

La justicia europea ha determinado que estas exigencias limitaron de forma ilegal la viabilidad comercial de sistemas operativos alternativos, bloqueando así la entrada de nuevos competidores al mercado.Un elemento innovador de este fallo es la precisión jurídica sobre lo que constituye un abuso en la era digital. El TJUE aclaró que, para certificar una conducta anticompetitiva, no es estrictamente necesario demostrar que se esté expulsando a un rival que sea "igual de eficaz" que el dominante.

Para los magistrados, es suficiente con acreditar que las prácticas de la empresa refuerzan las barreras de entrada y entorpecen la libre competencia en el ecosistema tecnológico.En cuanto a la responsabilidad corporativa, Alphabet, como matriz del grupo, deberá responder solidariamente por una parte significativa de la sanción, concretamente algo más de 1.520 millones de euros. Cabe recordar que la multa original, impuesta en 2018, era ligeramente superior (4.340 millones), pero fue reajustada un 5% por el Tribunal General en 2022 antes de llegar a esta instancia final que hoy confirma la cuantía definitiva.La resolución judicial desestima finalmente todas las "justificaciones objetivas" que Google esgrimió para defender su modelo de negocio.

Al calificar los hechos como una infracción única y continuada, el tribunal subraya la gravedad de una estrategia diseñada para blindar su motor de búsqueda frente a cualquier amenaza externa. Este veredicto cierra un capítulo clave en la regulación de las grandes tecnológicas, estableciendo un precedente sobre los límites contractuales que pueden imponer a fabricantes y operadores.