La desobediencia civil está pensada para momentos extremos de abusos claros al orden constitucional, no para dar golpes de opinión cuando un gobierno ni siquiera ha comenzado.PresidenciaHa comenzado muy mal el planteamiento de la oposición política al nuevo presidente electo sin que este ni siquiera se haya posesionado. De hecho, la controversia se incia en torno a la posesión de Abelardo de la Espriella.

Según el senador Iván Cepeda, derrotado por un margen muy pequeño en las pasadas elecciones, el próximo presidente necesita tomar una serie de decisiones antes de ser reconocido como mandatario. Entre ellas está renunciar a su ciudadanía estadounidense y recibir confirmación por parte de la DEA y de la CIA de que no ha sido agente colaborador de ellos.

Sólo ha dejado de lado el senador un punto central: esos requisitos no están en la ley ni tampoco en la Constitución colombiana.En su cuenta de X, el senador Cepeda publicó un comunicado. En él, dice que no se prestará para una “violación de nuestra soberanía” y que emprenderá “el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.

También les pide a sus más de 12 millones de votantes que “desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra Constitución”. Todo lo anterior porque, a su parecer, Abelardo de la Espriella “no debería posesionarse como presidente de la República” y “de hacerlo, su posesión estaría viciada por ser ilegal e ilegítima”.No podemos subestimar la gravedad del anuncio del senador Cepeda.

Se trata de la voz más visible de la oposición, aparte del presidente Gustavo Petro, y un hombre que acaba de recibir una votación histórica para la izquierda colombiana. Tomar la decisión de no reconocer al próximo presidente y de pedir que se desobedezcan las órdenes del ejecutivo implicaría, de llevarse a cabo, paralizar el país.

¿Está justificada esa medida tan potente y dolorosa? En esencia, no.Según el senador Cepeda, el juramento que hizo el presidente electo al recibir la ciudadanía estadounidense le genera a este un conflicto de interés.

En palabras del líder opositor, “ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la de EE. UU., De la Espriella tendría que tomar partido por esta última”.

En la carta también dice que “las autoridades estadounidenses deben aclarar si el señor De la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos”, y menciona cuestionamientos sobre clientes pasados del futuro presidente. No obstante, ninguno de los hechos mencionados impide la posesión del presidente.

No hay una prohibición constitucional sobre tener doble ciudadanía para llegar a la Casa de Nariño. En lo local, por citar un ejemplo cercano, Bogotá fue liderada por dos personas con ciudadanía estadounidense y ninguno tuvo que renunciar a ella para posesionarse: Enrique Peñalosa y Samuel Moreno.Se puede discutir, por supuesto, el hecho de que el juramento que exige Estados Unidos es problemático para un presidente colombiano.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, debería escuchar a esa preocupación, que no es solo del senador Cepeda. Dicho eso, tildar su eventual posesión de “ilegal” es un despropósito.

La desobediencia civil está pensada para momentos extremos de abusos claros al orden constitucional, no para dar golpes de opinión cuando un gobierno ni siquiera ha comenzado. Si hay cuestionamientos, allí están los jueces y los procesos adecuados para expresarlos.

¿Esta es la “oposición serena” que prometieron para estos cuatro años? ¿Van a seguir atizando los fuegos de la polarización y el debilitamiento institucional?¿Está en desacuerdo con este editorial?

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