RÍO GALLEGOS.— Los recientes allanamientos realizados por la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz en dos viviendas de Río Gallegos volvieron a poner en agenda un delito que, aunque muchas veces permanece oculto detrás de una pantalla, moviliza complejas investigaciones a nivel internacional: la tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Los procedimientos, llevados adelante en los barrios San Benito y Gaucho Rivero, fueron el resultado de una investigación iniciada a partir de reportes emitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo con sede en Estados Unidos que trabaja junto a plataformas digitales y fuerzas de seguridad de distintos países para detectar material ilegal que circula por internet.

Un agente junto a un auto afuera de una de las casas allanadas. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ En diálogo con LU12 AM680, el jefe de la División Cibercrimen, subcomisario Mario Ávila, explicó cómo funcionan estas investigaciones, cuál es el rol de la Policía de Santa Cruz y por qué cualquier persona debe actuar con rapidez si recibe un enlace con este tipo de contenido.

Ávila explicó que este tipo de causas no comienzan por casualidad ni por simples patrullajes virtuales, sino que parten de alertas emitidas por organismos especializados que monitorean permanentemente la circulación de archivos vinculados al abuso sexual infantil. “Estos allanamientos son con un reporte que se origina y que le dan intervención al Ministerio Público Fiscal, a cada juzgado interviniente de acá de la provincia, a través de un reporte que se denomina NCMEC”, explicó el jefe policial. Un móvil policial afuera de uno de los domicilios allanados.

FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ A partir de esa información, la Justicia provincial ordena las medidas investigativas correspondientes y la División Cibercrimen inicia un trabajo técnico destinado a identificar los domicilios desde donde se habría accedido, almacenado o compartido ese material. Fue precisamente ese procedimiento el que derivó en los allanamientos realizados esta semana en Río Gallegos, donde los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras, memorias externas y otros dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a exhaustivas pericias forenses.

Uno de los aspectos sobre los que más insistió Ávila durante la entrevista fue el cambio de terminología que en la actualidad utilizan tanto la Justicia como las fuerzas de seguridad. El funcionario explicó que el concepto “pornografía infantil” dejó de utilizarse porque resulta impreciso y puede minimizar la gravedad del delito. “Comprender que en realidad las siglas MASI no es un término solamente legal y social que reemplaza a la pornografía infantil.

Tenemos que ver que en su producción, tenencia, almacenamiento y difusión concluyen un delito grave, tipificado penalmente en el artículo 128 del Código Penal“, remarcó. El acusado y parte de lo incautado en uno de sus domicilios.

FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD La utilización del término Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) busca dejar en claro que detrás de cada fotografía, video o archivo existe un niño, niña o adolescente que fue víctima de un delito. Según explicó el jefe policial, el cambio de denominación responde también a una mirada centrada en la protección de las víctimas y en la necesidad de comprender que no se trata de contenido producido de manera voluntaria, sino de registros obtenidos mediante situaciones de explotación y abuso.

Ávila indicó que las investigaciones actuales son mucho más complejas que hace algunos años debido al crecimiento de las nuevas tecnologías. Ya no se trata únicamente de fotografías o videos tradicionales. “Animaciones, incluso hoy en día son todas generadas por la IA (Inteligencia Artificial) y transmisiones en vivo donde muestran obviamente niños y niñas adolescentes que están siendo sexualizados”, advirtió.

Un celular y entradas de un conocido boliche de cumbia. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD El crecimiento de las plataformas digitales, los servicios de almacenamiento en la nube, las aplicaciones de mensajería y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial obligan a las fuerzas especializadas a actualizar permanentemente sus métodos de investigación.

En ese contexto, explicó que los organismos internacionales trabajan de manera coordinada con las principales plataformas digitales, que detectan automáticamente este tipo de archivos y generan reportes que luego son enviados a las autoridades judiciales de cada país. Consultado sobre cómo reaccionan las personas cuando reciben a la Policía en sus domicilios, Ávila afirmó que la sorpresa suele ser la primera respuesta. “Obviamente primero quedan sorprendidos y bueno, después siempre terminan colaborando”, comentó.

No obstante, aclaró que esa reacción no modifica el procedimiento judicial. “En todos los procedimientos que se realiza en estos casos, se secuestra todo tipo de dispositivo que tengan vinculación con la causa y más con material de abuso sexual infantil.” Los teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos, notebooks, pendrives y otros soportes digitales son sometidos posteriormente a pericias informáticas que pueden extenderse durante varias semanas, dependiendo de la cantidad de información almacenada. Un policía mientras requisaba el auto del sospechoso.

FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD El subcomisario explicó que muchas personas desconocen que incluso abrir accidentalmente un enlace que contiene MASI puede generar un reporte automático a nivel internacional. “Un error involuntario, obviamente configura un delito“, advirtió. Por ese motivo, insistió en que la respuesta debe ser inmediata. “De inmediato tenemos que informar, ya sea a los padres en caso de los menores, o en el caso de un adulto, ir directamente y denunciar a una comisaría más cercana.” La explicación es sencilla, pero contundente. “¿Por qué?

Porque al abrir, el reporte ya está siendo informado.” Es decir, los sistemas automáticos de detección registran el acceso al contenido y esa información puede terminar formando parte de una investigación judicial. Según explicó Ávila, realizar la denuncia apenas ocurre el hecho permite dejar constancia de que el usuario actuó de buena fe y no tuvo intención de descargar, almacenar ni distribuir ese material.