El Partido Popular considera que el Gobierno está otorgando la nacionalidad española a millones de personas a través de la conocida como 'ley de nietos' "por la puerta de atrás". Fruto de la desconfianza, va a llevar a cabo una ofensiva parlamentaria con más de una veintena de preguntas sobre el asunto y la petición de comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que explique el funcionamiento de los registros civiles consulares, el sistema de cita previa, los plazos de resolución y el número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes de todo el proceso de nacionalización.

Los populares buscan con este movimiento exigir "transparencia y todo tipo de garantías jurídicas y políticas" sobre "el mayor proceso de nacionalización que pretende realizar el Gobierno en toda la historia y que afecta a 2,6 millones de personas", del que no cuestionan el fondo, sino las formas.El PP exigirá al ministro que informe de las medidas previstas por el Ejecutivo ante la "saturación de los servicios consulares" derivada del elevado volumen de solicitudes, especialmente en los países hispanoamericanos más afectados. Asimismo, reclama conocer las oficinas con más actividad, los medios humanos, materiales y presupuestarios desplegados por el ministerio, los criterios jurídicos y administrativos aplicados en la tramitación de los expedientes y las garantías documentales, registrales y censales adoptadas para este proceso.

En esa línea, el Grupo Parlamentario Popular también exigirá información de los criterios utilizados por el gabinete de Albares para distribuir los refuerzos de personal entre las distintas oficinas consulares y qué previsión tiene para reforzar aquellas demarcaciones con mayor número de solicitudes, tiempos de espera y expedientes pendientes.El principal grupo de la oposición denuncia que el Ejecutivo ha externalizado algunos de los trámites de estos expedientes como consecuencia tanto de la exorbitante demanda como de las "prisas" con las que quiere llevar a cabo el proceso. Así que reclama a la Abogacía del Estado un informe sobre estas contrataciones, así como la copia de los tres expedientes completos de contratación de la empresa pública vinculada a la dictadura cubana, Grupo Palco, "por importe total de 1.602.217 euros" para la contratación de personal al servicio del Consulado de España en La Habana; tanto para realizar todo tipo de labores como para reforzar la tramitación de los expedientes de obtención de la nacionalidad española.

Según detallan los populares, la empresa pública Ineco también ha sido contratada para apoyar y agilizar el proceso, y exigen explicaciones. Una de las cuestiones que más llevan denunciado voces populares sobre el proceso para nacionalizar a estas personas es la "opacidad" con la que, en su opinión, ha actuado el Ejecutivo.

Este mismo miércoles, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, recordó que su partido ha preguntado en varias ocasiones por el desarrollo de este procedimiento sin obtener respuesta. "Hemos preguntado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro.

Hemos preguntado muchas veces y el Gobierno no nos ha respondido", incidió. Los interrogantes llegaron después de que se aprobase la ley de Memoria Democrática en octubre de 2022 con la disposición adicional octava conocida como la 'ley de nietos'.

Dicho texto permite optar a la nacionalidad española a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad "como consecuencia de haber sufrido exilio" por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. Acusan a la hermana de Puente de hacer la ley más laxaHasta ahí todo bien, pero "cinco días después", explicó Muñoz, se dictó "una instrucción" desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, a los mandos entonces por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, y dependiente del Ministerio de Justicia que, a su juicio, alteró el resultado de la votación en el Congreso porque "reinterpretó la ley" y amplió los supuestos iniciales.

Asimismo, recordó que por aquel entonces Ciudadanos presentó una enmienda para extender la nacionalización a otras personas que hubieran salido de España "por cualquier razón desde la dictadura hasta 1983", que fue rechazada en la Cámara Baja también con los votos del PSOE. Este es el motivo fundamental al que el PP atribuye que haya más de dos millones y medio de solicitudes, el cambio de criterio del Ejecutivo a través de dicha instrucción.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha aludido a este suceso: "Una sola firma en un despacho ha abierto la inmigración a casi dos siglos de historia sin que apenas se exija documentación". Y ha justificado la desconfianza de su equipo porque "todos los españoles tenemos derecho a dudar sobre las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez".

En su opinión, Sánchez "ha ido debilitando uno a uno cada uno de los cuatro eslabones que debían proteger algo tan serio": la concesión, porque se concede la nacionalidad sin apenas requisitos y "sin filtro"; la legalidad, "porque una orden administrativa no puede ir más lejos que una ley votada en las Cortes"; el voto, porque "ampliar de forma masiva" el número de votantes es "cambiar el cuerpo electoral"; y la prisa, porque "a un Gobierno que tarda años en resolver lo que de verdad importa a la gente, de repente ahora solo le preocupa esto". Eso sí, el PP defiende la concesión de la nacionalidad a los nietos de españoles, tal y como llevan pidiendo desde 2007, pero persiguen que el proceso se haga con todas las garantías: "Con una ley, con rigor, con acuerdo parlamentario y con luz y taquígrafos".

Así que reclaman que se den las explicaciones pertinentes al conjunto de los ciudadanos a través del Parlamento, "el lugar donde reside la soberanía y desde donde se deben consensuar y tramitar las iniciativas legislativas que afectan al conjunto de los españoles". "La sospecha la justifica quien acusa, pero la garantía la tiene que aportar quien gobierna.

La oposición pregunta y ahora le toca responder a Sánchez", ha zanjado la representante popular.