La industria aceitera argentina redobla las gestiones para intentar frenar una medida que analiza la Unión Europea y que, de avanzar, podría complicar aún más las exportaciones de biodiésel argentino, mientras se prepara para una reunión con representantes europeos prevista para el 16 de julio. La preocupación, compartida por las principales empresas del complejo oleaginoso, se centra en la posible clasificación de la soja argentina como cultivo de “alto iLUC” (Cambio Indirecto del Uso de la Tierra, por sus siglas en inglés), una decisión que dejaría al biodiésel elaborado con esa materia prima fuera de los mandatos europeos de energías renovables y restringiría aún más su acceso a ese mercado.En ese contexto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, confirmó a LA NACION que el próximo 16 de julio se realizará una reunión bilateral en Europa con importadores europeos, representantes de la Comisión Europea, exportadores argentinos y funcionarios de la Cancillería argentina.

El objetivo será continuar las negociaciones para intentar revertir esa clasificación antes de su publicación prevista, según indicó, para el 10 de agosto.Como contó LA NACION, la discusión gira en torno al denominado Cambio Indirecto del Uso de la Tierra (iLUC), un criterio que utiliza la Unión Europea para evaluar el impacto ambiental de las materias primas destinadas a la producción de biocombustibles. La hipótesis sostiene que cuando un cultivo como la soja se destina a producir energía en lugar de alimentos aumenta indirectamente la presión para incorporar nuevas tierras a la producción agrícola, incluso sobre bosques u otros ecosistemas, lo que incrementaría las emisiones asociadas.La industria argentina rechaza esa interpretación y sostiene que no refleja la realidad productiva local.

Argumenta que la superficie sembrada con soja no viene expandiéndose y que, por el contrario, en los últimos años incluso retrocedió. Asimismo, considera que una eventual clasificación de la soja argentina como de “alto iLUC” funcionaría, en los hechos, como una barrera comercial que favorecería a materias primas producidas dentro de Europa.Si esa clasificación finalmente prospera, el impacto excedería al negocio actual del biodiésel.

Para el sector, comprometería la generación de valor agregado de toda la cadena oleaginosa y limitaría el acceso a nuevos mercados vinculados a los biocombustibles.Idígoras indicó que las consecuencias también alcanzarían a las exportaciones de poroto y aceite de soja destinadas a abastecer la industria europea de biocombustibles, un impacto que involucraría no solo a la Argentina sino también a Brasil y Estados Unidos. Asimismo, advirtió que una eventual clasificación de la soja como “alto iLUC” podría impedir que el aceite de soja sea considerado elegible para futuros mercados, como el de los combustibles sostenibles para la aviación (SAF). “Esa es la razón por la cual estamos insistiendo tanto en revertir esta situación, porque es claramente una barrera no arancelaria”, aseveró.Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre 2018 y 2025 el 97% de las exportaciones totales de biodiésel argentino tuvo como destino el bloque europeo.

En 2025, incluso, la Unión Europea concentró el 100% de los envíos. De acuerdo con Ciara-CEC, ese año la Argentina exportó a ese mercado unas 280.000 toneladas de biodiésel por alrededor de US$350 millones, asimismo de 45.000 toneladas de aceite de soja para uso industrial por otros US$50 millones.La preocupación también fue manifestada por ejecutivos de las principales compañías agroindustriales que operan en la Argentina durante el panel “Agregar valor: claves para el futuro de las cadenas oleaginosas y de cereales”, realizado ayer en el Seminario Acsoja 2026 en Rosario.

Allí coincidieron en advertir sobre las consecuencias que tendría una eventual decisión de la Unión Europea para una industria que busca ampliar el agregado de valor de la soja.Durante el panel, Luis Fontán, director de AGD, cuestionó la base sobre la que se apoya la evaluación europea y remarcó que ese razonamiento no refleja lo que ocurre en la Argentina, donde la superficie sembrada con soja no viene expandiéndose.“Lo que están diciendo es que la soja, como se usa para biocombustibles y se deja de usar para alimentos, tiene que abrir otras áreas de producción, que pueden ser bosques nativos o áreas de otro uso de tierra para reemplazar estas áreas. Lo cual es un error, por lo menos en la Argentina, porque de hecho vemos que en soja el área está estancada e inclusive ha disminuido de los casi 20 millones de hectáreas que hubo a lo que tenemos hoy, que son unas 17 millones”, aseveró.Para el ejecutivo, asimismo del debate ambiental existe un trasfondo comercial que terminaría beneficiando a los productores europeos.“Es un tema muy político, es una barrera arancelaria, porque eso eliminaría la posibilidad de las pequeñas exportaciones que tenemos hoy a la Unión Europea, favoreciendo el consumo de los aceites producidos fundamentalmente en Europa, colza, etcétera”, remarcó.En ese sentido, destacó las gestiones que la industria lleva adelante para intentar revertir esa decisión antes de que sea oficial. “La industria está trabajando muy fuertemente en Europa.

Hay una delegación lista para ir a debatir esto porque, si perdemos ese mercado, la realidad es que lo perdemos para toda la cadena y sería realmente una pena, un problema”, expresó.Fontán también remarcó que conservar ese mercado significa mantener una oportunidad para seguir agregando valor a la producción argentina.Dólares: en el primer semestre del año la agroexportación liquidó US$2000 millones menos y el dato tiene una contundente explicación“Tenemos que calificar para poder vender estos productos a la energía que nos dan un valor agregado. Tenemos que poder vender biodiésel en el mercado interno, el mercado externo y los otros productos.

Tenemos que encontrar lugares de mercado donde nos diferenciemos de aquellos que producen más por una cuestión de volumen”, indicó.Fernando Correa Urquiza, de LDC, coincidió con la preocupación por la posible decisión europea, aunque puso el acento en el impacto económico que tendría para una industria que ya opera muy por debajo de su capacidad.“Estamos intentando evitar que el cultivo de soja sea considerado iLUC alto y quedar fuera de los mandatos de biodiésel europeos y, por tanto, terminar con la cuota, que ya es de por sí baja, y terminar de cerrarnos cualquier oportunidad de mercado a una industria de biocombustibles”, aseveró.