El Tribunal Supremo ha planteado este martes la posibilidad de llevar el proceso la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la justicia europea (TJUE) para que determine si la legislación va en contra o no del derecho de la Unión Europea, sobre todo con la mirada puesta en la consistencia del espacio de libre circulación Schengen, la directiva de retorno aprobada en el año 2008 y el nuevo reglamento de retorno, que está en vigor desde el pasado 12 de junio. Ante esta situación, la Comisión Europea se ha limitado a decir que no comenta "situaciones jurídicas que estén en curso", tal como ha explicado en rueda de prensa el portavoz Markus Lammert.Por lo pronto, el paso dado por el Ejecutivo, que podría otorgar la residencia a entre 900.000 y 1,65 millones de personas que se encuentran en situación irregular choca con partes de la legislación europea al menos en lo que se refiere a su aplicación unilateral —sin coordinación con los socios—, algo que va en contra del nuevo pacto de migración y asilo, y también por generalizada, cuando la directiva de retorno avisa de que los Estados miembros tienen que estudiar cada caso "de manera individualizada".El Supremo ha emitido dos providencias en respuesta a los recursos planteados por los gobiernos autonómicos de Aragón y de la Comunidad Valenciana y mira varias implicaciones en relación al derecho de la UE y la posible colisión de la regularización masiva con el mismo.

El tribunal recuerda que se trata de "una medida adoptada por un Estado miembro mediante una norma reglamentaria de rango infralegal en el marco de una regularización de carácter masivo y sin que conste coordinación previa al respecto con los demás estados miembros".Esa coordinación y cooperación se exige en el marco del nuevo pacto de migración y asilo acordado por las instituciones de la UE en 2024, algunas de cuyas partes ya están entrando en vigor. De hecho, sobre la regularización en esa línea ya avisó hace meses el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, en el Parlamento Europeo: entonces recordó que la normativa española no puede ser "un cheque en blanco" ni generar distorsiones o tener consecuencias sobre el resto de socios.

Asimismo, incidió en que si se descubre que alguien que posee un permiso de residencia nacional —en España— está residiendo ilegalmente en otra parte de la Unión Europea o solicita asilo en otra parte de la Unión, debe regresar al Estado miembro que emitió el permiso de residencia.El Gobierno de Sánchez ha defendido la normativa y ha alegado que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español. Pero el Supremo recuerda que "un nacional de un tercer país que resulte beneficiario de primera autorización de residencia temporal de un año adquiere derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante noventa días en periodos de ciento ochenta".

Eso sí, el propio Brunner ya matizó esto en una respuesta a una cuestión planteada por el Partido Popular Europeo: "Un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió", expuso el comisario.De hecho, el nuevo reglamento de retornos establece que los migrantes que soliciten protección internacional tienen derecho a permanecer en el país de la Unión Europea donde presenten su petición hasta que la autoridad competente resuelva su caso. No obstante, esa estancia no implica la concesión de un permiso de residencia ni autoriza a desplazarse por otros Estados miembros de la UE.

Esto también podría entrar en conflicto con la legislación española.Las regularizaciones deben estudiarse individualmenteAdemás, la normativa aprobada por el Ejecutivo es generalizada, algo que va en contra de la directiva de retorno, aprobada en 2008 y en vigor desde 2011, pero que España solo aplica de manera parcial; por ejemplo, prioriza las multas para quienes estén en situación irregular frente a los retornos, algo que ha llevado a múltiples avisos por parte de las autoridades europeas. Fuentes jurídicas consultadas por 20minutos matizan en esa línea que la no trasposición completa de esta legislación no exime a un Estado miembro de su cumplimiento.La directiva obliga a los países a dictar el retorno contra cualquier nacional de un país que se encuentre en situación irregular, salvo algunas excepciones entre las que se encuentran la vigencia de un permiso de residencia o de trabajo, que son los que incluye la regularización masiva.

No obstante, el Supremo cuestiona "si es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".En otro de sus apartados, asimismo, esta directiva -que es de obligado cumplimiento- recuerda que "de conformidad con los principios generales del Derecho comunitario, las decisiones que se tomen en el marco de la presente deben adoptarse de manera individualizada y fundándose en criterios objetivos"."No se trata pues de un reconocimiento individualizado de dicho permiso sino de un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular debiendo reunir determinadas condiciones", recuerda el Supremo en sus providencias, y recalca asimismo que el pacto europeo de migración y asilo "establece la responsabilidad por las llegadas de migrantes y solicitantes de asilo a la Unión no debe ser asumida por los Estados miembros por separado sino por la UE en su conjunto".Fuentes del Parlamento Europeo recuerdan que ya son varios los avisos por parte de la Comisión Europea al Gobierno de Sánchez y que la regularización masiva de migrantes, tal como está planteada, supone una deslealtad hacia el resto de socios y un desprecio a las reglas comunes. El Ejecutivo español, dicen las fuentes, no puede actuar contra las normas europeas porque hacerlo supone un riesgo para la seguridad de todo el bloque comunitario.Mientras, fuentes del Ejecutivo apuntaron que ya trabajan en coordinación con la Abogacía del Estado para resolver las dudas planteadas por el Supremo -con un plazo que termina el próximo viernes- y el Gobierno mantiene que la normativa de la regularización masiva se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario.