Hace unos días intenté ubicar en la web del Congreso de la República la Moción de Orden del Día 15431 y el informe de la comisión parlamentaria que investigó el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y Odebrecht. No buscaba un trámite interno ni una curiosidad legislativa.

Quería leer, de primera fuente, cuáles eran los argumentos de una acusación grave contra fiscales y periodistas, porque la información disponible llegaba fragmentada, resumida por notas institucionales, titulares y declaraciones políticas. La búsqueda terminó siendo más reveladora que el propio documento.

Para un ciudadano común, fiscalizar el trabajo parlamentario sigue siendo un recorrido fragmentado, poco intuitivo y burocrático.La web del Congreso no parece organizada bajo la lógica del derecho ciudadano a saber, sino bajo la lógica del trámite interno. Su plataforma pública responde más a la necesidad de dejar constancia administrativa de que un expediente ingresó, circuló o fue votado, que a la obligación democrática de permitir que cualquier persona pueda reconstruir con claridad qué se propuso, qué se debatió, cómo se votó y qué documento final se aprobó.No estamos ante una discusión estética sobre colores, banners o diseño visual.

El problema es funcional e institucional. La información legislativa aparece dispersa en buscadores, subdominios, archivos, páginas de comisiones, notas de prensa y rutas paralelas que nunca terminaron de integrarse.

Una portada institucional convive con subdominios técnicos, páginas .aspx, buscadores separados y repositorios históricos que responden a lógicas distintas. Esa mezcla de fachada moderna y núcleo heredado de hace varias décadas explica la baja eficacia del buscador y la desconexión entre las notas de prensa que anuncian una decisión política sin conducir directamente a documentos claves.En una democracia funcional, esa fragmentación no debería normalizarse.

Cuando el Congreso aprueba un informe con acusaciones de alto impacto público, el documento completo debería estar disponible en una fuente oficial, con enlace directo desde la nota de prensa, metadatos mínimos, buscador interno y trazabilidad del proceso. No basta con informar que algo fue aprobado.

La ciudadanía tiene derecho a leer el sustento, revisar los argumentos, contrastar las conclusiones y formarse una opinión sin depender de filtraciones, interpretaciones interesadas o resúmenes convenientes.El caso revela una contradicción mayor. El Parlamento produce leyes, exige transparencia a otras entidades y fiscaliza al Ejecutivo, pero su propia casa digital no ofrece un estándar moderno de transparencia activa.

La información puede existir dentro del circuito administrativo, pero encontrarla exige paciencia, conocimiento del lenguaje legislativo y cierta habilidad para navegar sistemas poco amigables. Esa dificultad reduce la fiscalización ciudadana a una tarea para periodistas, abogados, asesores o investigadores.

El rezago se vuelve más grave en tiempos de IA, datos abiertos y automatización. Hoy ya no basta con colgar documentos en PDF.

Si esos archivos aparecen escaneados como imagen, sin texto seleccionable, sin estructura, sin metadatos y sin posibilidad de descarga ordenada, la transparencia se vuelve apenas formal. Un documento público que no puede buscarse, procesarse ni cruzarse con otros datos queda virtualmente oculto.Otros parlamentos han avanzado hacia modelos más útiles.

Chile, Brasil y España, con distintos niveles de desarrollo, ofrecen experiencias de datos abiertos legislativos, descargas reutilizables, formatos estructurados o servicios que permiten consultar proyectos, votaciones y actividad parlamentaria con mayor trazabilidad. No son sistemas perfectos, pero muestran una dirección clara.

La información legislativa debe ser pública por defecto, legible por personas y también por máquinas.El próximo Congreso bicameral tiene aquí una tarea concreta. Antes de prometer grandes reformas nacionales o modernizar sus oficinas e instalaciones, debería ordenar su propia infraestructura digital.

Necesita una ventanilla única legislativa donde cada proyecto, moción, dictamen, informe, debate, votación, acta y video aparezca en una sola línea de tiempo. También requiere publicación oportuna de documentos aprobados, sin usar la burocracia de firmas, oficios o remisiones como excusa para retrasar el acceso ciudadano.

Y debe migrar hacia formatos abiertos y legibles por máquinas, con buscadores robustos, enlaces permanentes, archivos descargables y APIs públicas.La transparencia no consiste en acumular documentos en servidores dispersos. Consiste en permitir que cualquier ciudadano los encuentre, los entienda y los use para fiscalizar el poder.

Si el Congreso quiere recuperar algo de legitimidad, debería empezar por la verdadera transformación digital.