El reciente ciclo electoral en América Latina parece confirmar una tendencia inquietante: la derecha avanza y los gobiernos progresistas retroceden. En Colombia, la izquierda perdió la presidencia frente a un candidato que normalizó un discurso machista y discriminatorio.

Antes, José Antonio Kast se impuso en Chile con una plataforma de ultraderecha y Javier Milei consolidó en Argentina un proyecto libertario y antiderechos. A primera vista, podría parecer que la región experimenta un viraje ideológico.

La realidad es más compleja.Lo que muestran las elecciones recientes no es una conversión masiva hacia la derecha, sino un voto de castigo contra quienes gobiernan. Los márgenes, asimismo, han sido tan estrechos que en países como Colombia y Perú algunos hablaron de un empate más que de una victoria contundente.

Las redes conservadoras trasnacionales han amplificado esa tendencia, pero no la explican por sí solas: su fuerza descansa sobre un malestar social genuino.En efecto, la inflación dejó una herida profunda en los bolsillos latinoamericanos y reordenó las prioridades de millones de personas. A esa presión se sumó la inseguridad.

El crecimiento del crimen organizado desplazó el debate público y dio fuerza a las promesas de mano dura; el llamado “modelo Bukele” —violatorio de los derechos más básicos— ganó atractivo, porque ofreció respuestas rápidas a un problema profundo.Pero ese malestar social no lo explica todo. Si la izquierda quiere aprender de estas derrotas, debe atreverse a nombrar sus propios errores.

Existen al menos tres fenómenos que se repiten en la región y que deben hacernos reflexionar a todas y todos.Primero, el descontrol de las finanzas públicas. No siempre hubo un manejo responsable y disciplinado del gasto, y sin esa disciplina ningún programa social es sostenible.

La justicia social se financia con políticas estables y duraderas. Cuidar las finanzas públicas no es una concesión a la derecha, sino la condición que garantiza la continuidad y la estabilidad de los derechos que tanto costó conquistar.El segundo es la falta de experiencia de algunos perfiles gobernantes.

Llegar al poder con la convicción intacta, pero sin oficio para gobernar, tiene un costo. La buena intención no sustituye a la capacidad de ejecutar, de construir acuerdos y de convertir un programa en resultados medibles.El tercero es el radicalismo que lastima la vida interna de los proyectos.

Cuando toda crítica se vive como traición y todo desacuerdo como deslealtad, el resultado es la división, el sectarismo y el cierre al diálogo. Una izquierda que no escucha, particularmente cuando los reclamos son fundados, se aísla, y una izquierda aislada pierde.

La fuerza de un proyecto popular no está en su pureza, sino en su capacidad de escuchar agravios legítimos, enmendar y sumar. Reconocer estos errores no es un acto de debilidad, sino de honestidad.Afortunadamente, en México la presidenta Claudia Sheinbaum ha leído las señales desde el inicio.

Recorre el territorio y mantiene una cercanía permanente con el pueblo, rinde cuentas y comunica todos los días en la conferencia matutina, y dialoga con los más diversos grupos y frentes sin convertir la crítica en enemiga. A ello suma un manejo responsable de las finanzas públicas que no sacrifica los programas sociales, sino que los hace sostenibles.

Por ello, mientras la región giraba a la derecha, su proyecto conserva un amplio respaldo; no por una excepción ideológica, sino porque la gente percibe resultados, una reducción histórica de la pobreza, el mayor aumento del salario mínimo en generaciones y una estrategia de seguridad que atiende las causas sin atropellar las libertades.Con todo, el ejemplo de México no debe leerse como motivo de complacencia, sino como una responsabilidad compartida. El retroceso de la izquierda en la región es, antes que nada, una llamada a la reflexión para todas y todos.

La pregunta de fondo no es cómo ganar la próxima elección, sino por qué importa que los proyectos progresistas se mantengan en el poder.La respuesta es evidente. Frente al individualismo desmedido, lo colectivo y lo comunitario.

Frente a la promesa de seguridad a cualquier precio —incluso a costa de los fundamentos mismos de la democracia—, la construcción de paz desde la atención a las causas. Frente a la política del odio, el miedo y la confrontación, la política de la dignidad.

Eso es lo que está en juego: que la justicia, la igualdad y la dignidad sigan ordenando la vida en común. Y esa causa es tarea de todas y de todos.